Bahía Gris

Vergüenza

2012-02-10T00:29:00.001-03:00

Losimputados del juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca se cubren lacara, minutos antes de la audiencia, ante la cámara del fotógrafo portugués João Pina. En primer plano, de saco y corbata, elteniente coronel Jorge Aníbal Masson, ex miembro de los grupos de tareas. A sulado los ex jefes de la cárcel Villa Floresta, penitenciarios Héctor Selaya(remera) y Andrés Miraglia. El tercero que se tapa la cara es el coronel HugoDelmé, encargado hace 35 años de recibir a los familiares y negarlesinformación sobre los desaparecidos. Más lejos los coroneles Jorge MansuetoSwendsen y Hugo Fantoni. En segunda fila, siempre concentrado en la pintura, eltorturador “bueno” de La Escuelita, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez.La imagen, tomada esta semana, forma parte del trabajo documental de Pina sobreel Plan Cóndor: http://www.joao-pina.com/features/operation-condor/

Hallan restos de La Escuelita bahiense

2012-01-12T03:23:00.000-03:00

Por Diego Martínez
A comienzos de 1979, luego de que funcionara casi tres años como campo de concentración, el V Cuerpo de Ejército demolió La Escuelita, como la bautizó el general Adel Vilas. En 1981, desde el exilio, Alicia Partnoy describió la vieja casona donde estuvo en cautiverio y dibujó un croquis que repitió en diciembre pasado, por primera vez ante un tribunal y un grupo de represores. La buena nueva es que La Escuelita de Bahía Blanca dejará de ser una entelequia. Gracias al trabajo de arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur, convocados por orden judicial a partir de una iniciativa de Memoria Abierta, los cimientos del ex centro clandestino salieron por primera vez a la luz. La investigación permitió dar con un plano de la construcción de 1944, comprobar que La Escuelita funcionó a 200 metros de las ruinas que inspeccionó la Conadep en 1984, e incluyó el hallazgo de más de 13 mil piezas que estaban bajo tierra e incluyen jeringas, envases de calmantes y otros materiales médicos que se habrían usado con los secuestrados. Memoria Abierta, que ya entregó un informe preliminar de la investigación, le solicitó al juez federal Alcindo Alvarez Canale que ordene perimetrar y techar el terreno para proteger los hallazgos y poder continuar con una segunda etapa de excavaciones.

“El lugar es llamado por los militares ‘Sicofe’. Está cerca de una vía del ferrocarril, se podía oír el paso de los trenes, los tiros de práctica del Comando y el mugido de las vacas”, escribió Partnoy hace casi 31 años, antes de explayarse sobre la casa donde vio por última vez a sus compañeros de la Juventud Peronista. El general Mario Aguado Benítez, ex comandante del Cuerpo V, evitó en 1984 precisar la fecha de demolición y apuntó que “luego de los aprestos bélicos de 1978 se reiniciaron tareas de desmonte y nivelación del terreno”. El suboficial Luis Vilches, que vivió allí con su familia hasta poco antes del golpe de Estado, dibujó un plano en 1985 frente a un denominado “juez militar” que resultó ser el teniente coronel Emilio Ibarra, ex jefe de la patota de secuestradores.

La investigación de Memoria Abierta se inició a partir de testimonios y croquis de sobrevivientes, en particular el de Partnoy y el de Gustavo López, secuestrado a sus 16 años. El primer barrido del terreno, que permitió identificar varias construcciones, se desarrolló entre abril y mayo de 2010. En septiembre último comenzaron las excavaciones. “A los arqueólogos del Departamento de Humanidades de la UNS se sumaron más de treinta alumnos y expertos que trabajaron en estudios preliminares desde el punto de vista topográfico y geoeléctrico”, destacó el arquitecto Gonzalo Conte, de Memoria Abierta. “Una excavación de 5-10 centímetros permitió descabezar los muros de cimientos y ver la conformación de esa planta con todos los ambientes descriptos”, agregó. La mayor parte de los objetos recolectados estaban en una cisterna y “en un pozo basurero, donde había ampollas, jeringas, frascos de medicamentos”, detalló, y apuntó que “todas esas pruebas están ahora cauteladas en un sótano que está justo debajo de la sala del rectorado de la UNS donde se hace el juicio”. “Le hemos propuesto al juez una segunda etapa de excavación de hasta 50 centímetros para despejar dudas sobre posibles hallazgos, buscar más evidencias y poder encarar una reconstrucción virtual de esa casa”, adelantó. El fiscal federal Abel Córdoba reiteró tras la declaración de Partnoy el pedido para realizar una nueva inspección ocular en el terreno junto con los jueces del Tribunal Oral Federal y los sobrevivientes.

Indagatoria para Sierra y Girotti

2011-11-30T09:27:00.001-03:00

Los ex secretarios del juzgado federal de Bahía Blanca durante la dictadura, Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados de encubrir delitos de lesa humanidad, deberán declarar como imputados. A un año del pedido de detención del fiscal Abel Córdoba, la Cámara Federal desacreditó los artilugios del juez Alcindo Alvarez Canale, quien pretendía citar a Girotti como testigo e indagar a Sierra por sólo cinco de los 39 hechos que se le imputan, y ordenó que declaren como acusados. El único delito por el que no rendirán cuentas quienes fueron mano derecha del juez Guillermo Madueño es el rechazo de hábeas corpus y la persecución a familias de desaparecidos para exigirles las costas: para Ricardo Planes, Augusto Fernández y Angel Argañaraz eran “funciones inherentes al cargo”.

“¿Qué hubieran hecho los de los derechos humanos si hubieran estado ahí?”, suele gritar Alvarez Canale sin ocultar su voluntad de no investigar a los cómplices civiles. El juez se tomó licencia el día que el Tribunal Oral ordenó detener a Sierra (foto), que llegó a recibir testimonios con soldados apuntando sus armas a un secuestrado. La Cámara consideró que Alvarez Canale adelantó su posición sin haber escuchado a los acusados y ordenó garantizarles el derecho de defensa. Profesores de la Universidad del Sur, a la que Sierra renunció tras su fugaz detención, le organizan para el miércoles una “cena despedida” en el quincho de la jueza María Laura Pinto de Almeida Castro.

Huella de Heinrich y Loyola en el ex edificio de La Nueva Provincia

2011-10-29T09:41:00.003-03:00

A 35 años de los crímenes, una “huella de la memoria” recuerda desde ayer en la ex sede del diario bahiense La Nueva Provincia a los obreros gráficos Henrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores de la empresa de la familia Massot, secuestrados, torturados y asesinados en 1976. El homenaje en el edificio que ahora ocupa el Colegio de Abogados bahiense fue organizado por la Comisión de Apoyo a los Juicios de lesa humanidad locales, que integra entre otros el ex armador del diario Jorge Manuel Molina, compañero de las víctimas en el Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Heinrich y Loyola representaron a los trabajadores de La Nueva Provincia desde principios de la década del ’70 y enfrentaron los abusos de la patronal durante los años previos al golpe de Estado. Diana Julio de Massot, la directora del diario, los equiparó desde un editorial con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero” e informó del hallazgo de los cuerpos acribillados en veinte líneas. Por los asesinatos están procesados los prefectos Francisco Martínez Loydi y Félix Ovidio Cornelli, quien al dejar la ciudad a fines de 1976 hizo pública desde las páginas del diario su decisión de seguir “combatiendo y aniquilando a las huestes de la delincuencia subversiva” y destacó su “agradecimiento más íntimo y el reconocimiento incondicional para la gente de prensa”. Los autores intelectuales de los crímenes permanecen impunes.

Piedra libre para el torturador “bueno” de La Escuelita

2011-10-16T14:24:00.035-03:00

Un sobreviviente del centro clandestino de Bahía Blanca identificó a Osvaldo Bernardino Páez como quien simulaba el rol de consejero mientras lo torturaban con picana. “No se haga lastimar, hable mi’jo”, le recomendaba el teniente coronel mendocino que hace tres meses se cubrió la cara para evitar que los reporteros gráficos lo retrataran.

Por Diego Martínez (bahiagris.blogspot.com)

Fotos de Marcelo Núñez y periódico EcoDias.

El martes 28 de junio, cuando los reporteros gráficos que cubrían la audiencia inicial del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca apuntaron sus lentes hacia los imputados, el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez se cubrió el rostro con una carpeta. Los fotógrafos captaron la imagen y esperaron revancha en la bandeja superior del rectorado de la Universidad Nacional del Sur. Durante un cuarto intermedio, cuando se puso de pie, Marcelo Núñez y Rolando Andrade retrataron al hombre de piel tostada y cejas gruesas arqueadas. Lo registraron mientras se entretenía dibujando a los jueces, mientras saludaba a sus familiares y, semanas después, cuando confirmó sentado frente al tribunal que su mejor defensa es el silencio. El miércoles, a 35 años de su secuestro, Juan Carlos Sotuyo relató su cautiverio en La Escuelita, recordó el rol del interrogador Santiago Cruciani, ya fallecido, e identificó a Páez como el hombre de voz serena y acento provinciano que mientras se retorcía en la mesa de torturas le aconsejaba que “no se haga golpear, no sea boludo, hable mi’jo”. El episodio pone de manifiesto la importancia del trabajo de los reporteros gráficos para esclarecer el funcionamiento del terrorismo de Estado, sobre todo en ciudades como Bahía Blanca, donde el juez Alcindo Alverez Canale no ordena ninguna medida teniente a identificar a los torturadores locales y donde el diario La Nueva Provincia, fiel a su trayectoria de lucha inclaudicable por la impunidad de los asesinos de sus ex delegados gremiales, oculta a la población el proceso histórico que transcurre a cien metros de la redacción.

El esfuerzo del diario bahiense por tapar el sol es cada vez más estéril. El poder que aún conserva en el pago chico el director heredero Vicente Massot explica en parte el desprecio por el juicio a los represores de su amigo intendente Cristian Breitenstein, teóricamente alineado con el gobierno nacional, pero ya no alcanza para garantizar la impunidad de cómplices civiles como el abogado Hugo Mario Sierra, quien renunció a su cátedra en la UNS antes de que lo echaran y espera deprimido en su casa que otro artilugio de Alvarez Canale le permita evitar la cárcel.

El cambio cultural que experimenta sobre todo la juventud, registrado día a día por medios que no gozan de los favores del municipio ni del empresariado como el periódico EcoDias o la FM de la Calle, no sólo se percibe en la sala de audiencias, a la que concurren estudiantes secundarios a partir de los 16 años, o en la UNS, donde un cartel que cubre el frente del edificio exige “cárcel a los genocidas”. El sábado pasado, bajo un cielo a punto de estallar, los scouts y guías de la comunidad “La Pequeña Obra” celebraron su 50º aniversario con un acto ante un millar de personas en el que se descubrieron cuatro murales para recordar a Elizabeth Frers, Horacio Russín, Eduardo Ricci y María Clara Ciocchini, víctimas del terrorismo de Estado que en ese mismo terreno dieron sus primeros pasos como militantes. En la elaboración de los murales trabajaron todos los integrantes de la comunidad, desde criaturas hasta compañeros de los ‘70, guiados por el equipo Arte Memoria Colectivo que coordina Jorge González Perrín.

A los tiros con los jamones

El sobreviviente que identificó a Páez tiene a su hermano y a su cuñada desaparecidos. Luis Alberto Sotuyo y Dora Rita Mercero (foto) fueron secuestrados el 14 de agosto de 1976 junto con Roberto Lorenzo, amigo de la pareja, en la casa de San Lorenzo 740 donde vivían. Al día siguiente, en conferencia de prensa, el Cuerpo V informó que allí “fueron abatidos tres delincuentes subversivos, dos hombres y una mujer” a quienes nunca identificaron, y que secuestraron fusiles, escopetas y granadas. Mientras La Nueva Provincia difundía la falacia oficial, en dos camiones del Ejército se robaban desde la heladera hasta las almohadas de la cama.

El 17 de septiembre, en un tiroteo fraguado, fusilaron a Lorenzo junto con Cristina Coussement, que había sido secuestrada en Mar del Plata y llevaba 42 días desaparecida. En conferencia de prensa, en el primer piso del comando, el Ejército informó que se trataba de una pareja que “intentó eludir un control de ruta”, que el conductor “aceleró la marcha” mientras la mujer “abría el fuego contra el personal militar”. Dijo ignorar la identidad del “NN masculino” y aclaró que no había militares heridos. “Dos extremistas abatidos”, tituló La Nueva Provincia. El juez Guillermo Madueño (foto, abajo) archivó la causa a los cuatro días. Cuando Adolfo Lorenzo viajó a pagar las costas del hábeas corpus rechazado, reconoció a su hijo en un libro de supuestos NN de la policía federal y más tarde en la morgue.

Ofendido por la denuncia de robo de los padres Sotuyo y Mercero, que viajaban desde Necochea dos o tres veces por semana, Vilas los autorizó por medio del capitán auditor Jorge Burlando a tomar posesión de la casa destrozada. Ante la consulta formal del juez, con quien se reunía a cenar en la casa del general Azpitarte, Vilas dijo que los “abatidos” en el supuesto enfrentamiento del 14 de agosto estaban identificados pero no le dio los nombres, y el magistrado tampoco insistió.

En 1987, ante la Cámara Federal, Vilas dijo que la historia de los abatidos en San Lorenzo 740 fue “una operación psicológica”, pero negó las detenciones. Relató que “personal civil de inteligencia informó la localización del blanco” y que al detectar sus presencias los ocupantes de la vivienda se fugaron “por casas vecinas”. Los PCI “intercambian disparos y creen herir a uno”. Cuando el “equipo de contra--subversión” entra a la casa, siempre disparando, perciben un movimiento y se produce un tiroteo ante unos bultos que resultaron ser jamones colgados. Pese a que en teoría nunca supo quién vivió allí, Vilas aseguró que la casa “tenía antecedentes desfavorables”.

El ex segundo comandante del Cuerpo V aseguró que las mentiras que difundían se asentaban en un “diario de guerra” que buscó sin éxito en el departamento de estudios históricos del comando. “Estaban todos menos los de 1975, 1976 y 1977”, dijo. Admitió que desvalijaron la casa pero sólo “hasta que se determinase quiénes eran sus propietarios”. Para justificar el robo dijo que “los pocos elementos del hogar” que cargaron en dos camiones “fueron aportados por la propia organización subversiva” aunque no dijo cuál fue la fuente de ese dato.

Para explicar el “enfrentamiento” en el control de ruta llevó un croquis. Tras una persecución, el auto “se va a la banquina y vuelca”, dijo. Los ocupantes “intentan llegar al alambrado, ya heridos, para alcanzar el campo”. “Los soldados que estaban sobre la ruta se abatatan (sic) pero tiran después que vuelca el auto. Y el equipo de comando y control es el que con ráfagas de ametralladoras en proximidades del alambrado logra abatir a las dos personas”. De tanto fusilar a víctimas indefensas el general era incapaz siquiera de imaginar un enfrentamiento real.

“Abatidos puede ser cansados”

José Antonio Aloisi era el cuñado de Sotuyo y Mercero. “Todos militábamos en la Juventud Peronista. Ellos luego vinieron a Bahía, eran cuadros importantes de la JP”, remarcó el miércoles ante el tribunal. Días después de los secuestros, ante las primeras gestiones frustradas de su suegro, se sumó a la búsqueda. “Don Luis viajó convencido de que los habían detenido y que en unos días se iba a resolver”, contó. “Con el tiempo mi casa empezó a despoblarse de amigos, pasamos a ser leprosos dentro de la familia. Tenían miedo, era lógico”, intentó disculpar.

“En la puerta del comando había personas como nosotros, preguntando. Treinta, cuarenta, hasta cien personas. El mayor (Hugo) Delmé era el encargado de atendernos, de contener, de desgastar”. Los familiares de los detenidos que el Ejército admitía debían formar una fila. “Eran los agraciados, los que habían sacado el premio, todos queríamos estar en esa fila”. Los familiares de los secuestrados que el Ejército negaba volvían una y otra vez. “Se nos trataba con desprecio, como si no fuéramos humanos. ‘Son desaparecidos y acá no hay desaparecidos. Vayan al juzgado, a la iglesia’. Era una forma de destruirnos moralmente, de cansarnos”.

--Déjense de joder con el tema semántico, con que si detenido o desaparecido –gritó un hombre mayor, harto del maltrato--. Ustedes se llevaron a mi nieto de quince años, de mi casa, a las seis de la mañana.

--Nosotros estamos defendiendo a la patria de los subversivos, usted no me puede venir a gritar --lo desafío un cabo.

--Patria hice yo que ayudé a fundar la Universidad del Sur, mocoso.

“El cabo le pegó semejante patada en las canillas que lo tiró al suelo –recordó el testigo--. Nunca me sentí tan cobarde. Yo y las cien personas que estaban ahí”. “Llegaron a decirnos que abatidos no significaba muertos. ‘Lean el diccionario, no sean ignorantes, abatidos puede ser cansados’, nos dijeron. Ese era el nivel de crueldad y maltrato psicológico”.

Aloisi destacó que Juan Pedro Tunessi, recién recibido de abogado, los ayudó a redactar los hábeas corpus que firmaban las madres. En el juzgado de Madueño corrían igual suerte que en el Ejército. “Tardábamos más en presentarlos que ellos en rechazar. Pedíamos audiencia, el juez no nos recibía. Pedíamos con los secretarios Girotti o Sierra, tampoco. Era como si no fuéramos humanos. Y mientras esperábamos, durante horas, veíamos que bajaban cajas y papeles de una camioneta del ejército, los militares iban y venían como Pancho por su casa”. La excepción fue una empleada de atención al público, Tita, que apenada de ver personas mayores llorando en los rincones les sugirió pedir un libro con fotos de NN en la policía federal. “Vaya usted porque lo que va a ver…”, le anunció. Aloisi iba cada semana, pedía el libro y repasaba fotos de cadáveres que nunca logró borrar de su mente.

Los viajes desde Necochea, dos o tres veces por semana, siempre con un Falcon que los seguía por la ciudad, duraron más de seis meses. “Sabíamos que los tenían a cien metros, pero cuando vimos que para el poder judicial también éramos parias comprendimos que había que buscar otros medios de acción y empezamos a ir a Buenos Aires”. En la nunciatura los derivaron a monseñor Adolfo Tortolo, presidente del episcopado. “Nos recomendaba orar mucho, pero un ‘padre nuestro’ era un minuto que se iba en la lucha por rescatarlos con vida”.

El cura Emilio Grasselli, secretario de Tortolo, los puso en contacto con el capellán del Cuerpo V, Dante Inocencio Vega. “Nos recibía en el seminario de Grumbein. En la segunda reunión tuvo una expresión desafortunada: ‘Señoras, estos episodios de Argentina son como un partido de River y Boca’. Entonces mi suegra, con sexto grado, ama de casa, criada en el campo, y la mamá de mi cuñado, andaluza, sin instrucción, las manos llenas de callos, le dijeron: ‘Es indigna la cruz que usted lleva en el pecho’. Ahí terminó la audiencia”. Mientras veía alejarse a las madres, el capellán murmuró: “Quiero hablar con vos mañana, pero solos”.

“Fueron cinco o seis caminatas en un parque con mucha vegetación, lago, cisnes, cigüeñas rosadas. En esos paseos casi románticos el padre me tomaba de la mano, decía ‘te voy a ayudar pero hay que rezar’. Recién en la tercera o cuarta visita me dijo:

--Sé dónde están los chicos, los vi en el comando. El muchacho estaba mal herido en un pasillo, pero ya está bien. Los van a trasladar a un lugar donde van a estar mejor.

--¿A la cárcel?

--No, a un lugar propiamente para detenidos. Pero para esa información te voy a conectar con alguien de mi confianza, de Comunicaciones, que tiene un libro negro con nombres de quienes van a ser trasladados a un lugar mejor. Eso sí, no te anuncies como Sotuyo ni como Mercero –le advirtió.

La invocación del sacerdote lo condujo a una oficina del regimiento. Un militar sacó un libro de contaduría, con columnas de debe y haber, y repasó un listado de nombres. “Aloisi no hay ninguno”, concluyó. Cuando el visitante le explicó que buscaba a Sotuyo y Mercero, el contacto del capellán dio por concluida la audiencia.

Aloisi volvió a ingresar al cuartel con el padre de Sotuyo, citados por el general Vilas. Don Luis era garante del alquiler de la casa de su hijo, que había sido destrozada y vaciada por los militares. Apremiado por los gastos de viajes y alojamientos constantes, urgido por rescindir el contrato de alquiler, escribió una carta pidiendo al Ejército una constancia de que habían tomado la casa por asalto durante semanas. “Fuimos con mucha angustia. Nos recibió el capitán Burlando, auditor, con reprimendas en nombre de la Constitución, la bandera, la república. Nos acusó poco menos que de traidores que acusábamos al ejército de ladrón”. Los hombres insistieron y remarcaron que hacía apenas dos días habían desocupado la casa. “De acá no salimos vivos”, dijo Sotuyo cuando el auditor pidió unos minutos. Para su sorpresa, volvió con un papel firmado por Vilas, donde consta que “se hace entrega de la vivienda de San Lorenzo 740 a los efectos que estime corresponder”. El Ejército no devolvió los bienes robados pero Sotuyo pudo entregar la vivienda a los dueños.

“No se muere solamente de una bala. Mi suegra murió de tristeza. Los padres de mi cuñado murieron de tristeza. No sé cuál muerte es peor”, reflexionó Aloisi. Recordó que su suegro se desahogaba ante los turistas que se alojaban en su hotel de Necochea y “a cualquiera que dijera tener un amigo militar ya no le cobraba”, con la esperanza de obtener un dato. Luego relató la impotencia que genera la desaparición. “Yo le había jurado a mi suegra que iba a encontrar la verdad y tuve que verla muerta en una clínica y decirle ‘no pude cumplir’. Yo lo había jurado a esa española que se subió por primera vez a un subte aterrorizada porque nunca había salido de Necochea, y no pude cumplir, por esto estoy también acá”. Su propia hija sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado. “Mi cuñada estuvo en su cumpleaños una semana antes de desaparecer y, mire lo que es la mente humana, mi hija vivió hasta los treinta años pensando que era hija de sus tíos, hasta que gracias a Dios encontramos una foto de mi señora recibiendo un diploma embarazada de seis meses”.

--¿Quiere agregar algo más? –preguntó el juez Jorge Ferro.

--Que Dios los bendiga. Es muy grande el horizonte que tiene usted por delante –concluyó Aloisi.

La sala lo despidió con un aplauso.

“La misma voz, inconfundible”

Juan Carlos Sotuyo se detuvo un segundo y miró a los imputados antes de sentarse a declarar. En 1976 tenía veinte años, estudiaba ingeniería eléctrica, militaba en la JUP y vivía con su hermano, siete años mayor, y su cuñada Dora Mercero. Fue secuestrado el 3 de mayo de 1976, después de un acto relámpago para repudiar la presencia de Carlos Suárez Mason, jefe del Quinto Cuerpo hasta fines del año anterior. Dos policías de civil lo siguieron ocho cuadras y lo detuvieron junto con una compañera, Mabel. En el patrullero recibió los primeros culatazos. En la Unidad Regional 5 de avenida Alem lo molieron a patadas y le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza. Luego los trasladaron a la Policía Federal, donde pasaron apenas quince minutos en una celda, y de allí a un lugar del que sólo recuerda una pileta de lavatorio en un rincón, y una cama.

--¿Conocés la picana, flaco? –preguntaron mientras le sujetaban argollas en los pies.

--No, señor.

Ya sin ropas, lo empaparon y le empezaron aplicar corriente eléctrica.

--En este momento están deteniendo a tu viejo, así que hablá.

Sotuyo repitió varias veces que volvía de buscar a su novia en la Alianza Francesa, pero no convencía.

--Le está pasando lo mismo que a Bombara –comentaron los torturadores (Daniel Bombara había sido secuestrado y asesinado cuatro meses antes por policías bonaerenses subordinados al Ejército).

--Paren --dijo Sotuyo cuando comprendió que la tortura no tendría límites--. Tengo cien mil pesos que me dio alguien de la universidad para que participara del acto –inventó.

--Bueno flaco, te vamos a llevar al ejército, te van a hacer mierda –le anticipó un policía. Comenzaron a desatarlo, le advirtieron que si tomaba agua moriría, y lo cargaron a una camioneta, encapuchado, rumbo a La Escuelita.

--¿Así que te pagaron para hacer quilombo? –lo recibió el interrogador de voz ronca.

--La calle está dura –ironizó, y se ganó una trompada.

Otra vez desnudo, atado de pies y manos a una cama de zunchos, pudo distinguir a quien en los ’80 identificaría como el suboficial Santiago Cruciani, a “otra persona joven que manejaba el magneto, un aparato con tres pies y manija, y un tercero que hacía de bueno a quien ya me voy a referir”, anunció.

“Empezaron por la picana, en todo el cuerpo. Después me pusieron dos electrodos en la sien, ahí veía los destellos, la electricidad en esta región provocaba el castañeteo y luces como flashes, era lo más complicado de aguantar”, contó, y hasta las moscas hicieron silencio en la sala.

--Hablá, no te hagas el boludo, te vamos a dejar un solo huevo, flaco –le decía Cruciani mientras le aplicaba picana en los testículos.

--No se haga lastimar, mi’jo. Déjese de joder, hable –apuntaba quien fungía de consejero bondadoso. “Tenía un acento muy particular, después supe quién era”, volvió a crear suspenso mientras los acusados cruzaban miradas nerviosas.

“En un momento, el más joven me pone la pistola en la cabeza. Era tanto el dolor y la desesperación que grité ‘matame hijo de puta’ y se pusieron locos, me pegaban todos, mientras la voz buena decía ‘mire lo que se está haciendo hacer, mi’jo”.

--Traé la damajuana –ordenó Cruciani. “Me tenían entre todos y me metían en la boca una damajuana llena de agua. La sensación era mucho más difícil de soportar que la corriente eléctrica”.

Sotuyo se mantuvo irreductible, repitió que le habían pagado para tirar volantes y que su novia no tenía nada que ver, hasta que se desmayó. Antes sintió algo helado en la espalda, casi en el hombro. “¡Me corté!” gritó. Notó que sangraba, dijo ante los jueces, y ofreció mostrar la cicatriz que lo acompaña desde hace 35 años.

Del cautiverio posterior, Sotuyo recordó el frío, el hambre, el barrote del que estaba sujeto, el médico que le revisó las heridas, las trompadas cuando un secuestrado intentaba hablar, flashes de borceguíes, ropa de fajina y boinas negras que alcanzaba a ver por debajo de la venda, guardias que hablaban en guaraní y gritos durante los interrogatorios. “Prefería que me torturaran a mí”, confesó. Tres días después del secuestro le avisaron que liberaban a Mabel y pudo despedirla. A la semana le tomaron declaración sin picana, alguien tomó nota a máquina y le hicieron firmar dos copias. Horas después le quitaron la venda para sacarle una foto, de frente y de perfil. El flash lo cegó pero alcanzó a ver al fotógrafo, morocho y de rasgos indios.

Luego de veinte días en La Escuelita, fue trasladado a otra edificación “muy próxima, más nueva”, donde volvió a ver al torturador que actuaba de “bueno”. “Un día llevaron a esa sala a una persona que se quejaba mucho de dolores en la nariz y pedía que le acomodaran la venda, y el mismo que hacía de bueno le dijo: ‘usted es un intelectual y ha visto que acá no ha habido sadismo, que se aplica la fuerza necesaria para obtener confesiones’ y ‘en función de su condición de intelectual lo van a poner a disposición del Poder Ejecutivo’. Esa persona que escuchaba era el (ex) rector (de la UNS, Víctor) Benamo, y quien le hablaba con esa tonada era Páez”, que asintió levemente con su cabeza mientras Sotuyo lo citaba.

El testigo explicó su certeza porque “su cara y su voz no se me borraron más”, porque “sus cejas son inconfundibles”, y porque después de recuperar la libertad, cuando se lo describió a Roberto Lorenzo, que conoció al militar durante su conscripción y que tres meses después sería secuestrado, su amigo le dijo que se trataba de Páez.

--¿El mismo Páez es quien le decía a usted que hablara? –preguntó el fiscal federal Abel Córdoba.

--Sí, la misma voz, inconfundible, con acento provinciano, voz calma, ‘pero mi’jo n se haga golpear, no sea boludo --lo imitó--. No sé si se acuerda Benamo, no sé si vive Benamo –se preguntó, sin saber que el viejo abogado estaba a escasos metros y que al declarar no aportó datos ni siquiera de los represores con quienes jugaba al truco.

--¿Podría reconocer a Páez?

--Sí.

Mientras el tribunal analizaba el rechazo al reconocimiento pedido por la defensa, Sotuyo repasó los rostros de los imputados y se detuvo en Páez, que se colocó los anteojos y escribió algo en un papel que entregó a sus abogados. El juez Jorge Ferro informó que el tribunal aceptaba el pedido del fiscal y le preguntó al testigo:

--¿Se encuentra esa persona en la sala?

--Sí señor.

--¿Puede identificarlos?

--La persona con camisa y pullover amarillo –lo señaló, 35 años después.

--¿Usted vio a Páez por debajo de la venda? –indagó minutos después el defensor del imputado.

--Sí, cuando estaba acostado en la parrilla, en la cama de zunchos, primero tuve una bolsa en la cabeza, pero cuando me empiezan a picanear me ponen un trapo en la cabeza. En ese zamarreo vi al que giraba la manija del magneto, vi la cara de Páez.

--¿Usted vio fotografías de Páez? –insistió el defensor.

--Mire, desde 1988 vengo acompañando las declaraciones, tengo todos los recortes de diarios, entonces no es la primera vez que veo la cara de Páez y de todos. Es más, lo tengo en mi celular para recordarlo permanentemente, señor abogado.

Sotuyo fue liberado el 28 de mayo de 1976. Vivió con sus padres en Necochea hasta que se enteró de la desaparición de su hermano y su cuñada. Deambuló por casas de amigos y familiares, pasó el verano escondido en un galpón hasta que un cura amigo le consiguió una carta para radicarse en Brasil. El 3 de mayo de 1977, a un año de su secuestro, cruzó de Paso de los Libres a Uruguayana, luego a Porto Alegre, y se radicó en Florianópolis. El joven que debió interrumpir sus estudios de ingeniería en la UNS por el terrorismo de Estado es licenciado en ciencia de la computación, experto en ingeniería de software, presidente del Instituto de Tecnología Aplicada e Innovación de Foz de Iguazú y director de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, en Brasil.

Antes de concluir, Sotuyo recordó el trabajo del fallecido ex secretario de la APDH bahiense, Ernesto Malisia, primero en la investigación que permitió identificar a Santiago Cruciani (foto), luego en las gestiones para que la UNS le entregara en el año 2000, en el mismo escenario donde declaraba, el diploma de ingeniero electricista que su hermano Luis Alberto no llegó a recibir. “Cuando se lo entregamos a mi madre, que era directa y objetiva, nos preguntó: ¿Por qué tardaron tanto?”, recordó.

“La desaparición de personas causa una situación de velorio permanente, ya que nuestra religión católica exige una tumba a la que llevar flores”, explicó. “Creo que la desaparición y el ocultamiento de los cuerpos, así como el de los niños nacidos en cautiverio, continúa siendo parte del botín de guerra. Pero hoy, pasado tanto tiempo y sintiendo que estoy protegido por el Estado argentino, viendo que se están haciendo juzgamientos con todas las oportunidades para que se haga efectivamente justicia, lo que siento es tranquilidad. Mis padres no están para vivir este momento, pero no pensemos en el cuerpo de ellos --propuso en referencia a los desaparecidos--. Ellos viven en nuestro pueblo, viven en cada joven que hoy levanta una bandera para que no tengamos un país como el que estos señores, a partir de un plan terrorista, quisieron para la Argentina. La desaparición implica mucho dolor, sufrimiento, sobre todo para mis padres, que seguro ya se han encontrado (con su hijo), pero lo más importante es que esto no vuelva a ocurrir”.

diemar75@gmail.com

Perfil del torturador buenazo

Por D.M.

Hijo de un militar, nacido en 1931 en San Rafael, Mendoza, donde cumplió arresto domiciliario hasta el inicio del juicio, Osvaldo Bernardino Páez integró en 1976 el “departamento operaciones” a cargo del coronel Juan Manuel Bayón, con quien comparte el banquillo, y el estado mayor del Cuerpo V que encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas, ambos fallecidos. La división “educación, instrucción y acción cívica” a su cargo se ocupó durante el primer año de la dictadura de organizar desfiles y actos patrios, y de intervenir la oficina del Ministerio de Trabajo y los gremios para paralizarlos. Páez admitió en 1987 haber presidido un llamado “consejo de guerra especial” que parodió un juicio a tres militantes que el Ejército decidió no matar, y afirmó ante la Cámara Federal que “ni mi división ni yo participamos en acciones contra la subversión”. Cuando le preguntaron por un “LRD” (lugar de reunión de detenidos) distinto del que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181, donde se alojó a los dirigentes que el Ejército planificaba blanquear, respondió “afirmativo, tengo entendido que existía otro LRD” aunque “desconozco el lugar exacto por cuanto era zona restringida”. Su rol al pie de la mesa de torturas cuarenta días después del golpe de Estado, sumado a las órdenes de captura con su firma que el ex fiscal general Hugo Cañón descubrió hace un lustro en un galpón de Prefectura y a las constancias de operativos en Tres Arroyos al frente de la “Agrupación Tropas”, confirman el segundo plano al que pasaron los destinos formales durante el terrorismo de Estado. A partir de enero de 1977, Páez fue destinado al estado mayor del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, sede del mayor centro de tortura y exterminio del país, donde se ignora qué tareas desempeñó. En 1987 fue procesado por homicidios, secuestros y torturas en Bahía Blanca pero recuperó la impunidad gracias a la ley de obediencia debida de Raúl Alfonsín. Veinte años después, reabiertas las causas, volvió a quedar detenido, un tiempo en su hábitat natural de Campo de Mayo, donde volvió a sentir el rigor de las jerarquías, y más tarde en su casa de República Siria 945, en San Rafael, donde se ufana de sus óptimas relaciones con el poder judicial local. Su declaración en los ’80 permitió imputarle un doble asesinato al teniente coronel Miguel Ángel García Moreno, prófugo tras el frustrado esfuerzo del abogado Eduardo San Emeterio para que Páez rectificara sus dichos. “¿A usted le parece que tres coroneles del ejército argentino tengan que estar en este calabozo?”, refunfuñó ante el juez Jorge Ferro este año durante una inspección ocular a la cárcel de Villa Floresta. La respuesta del camarista marplatense se conocerá en los primeros meses de 2012, cuando el Tribunal Oral Federal que integra dicte sentencia.

(Foto de Páez en 2008, gentiliza del periódico EcoDias)

Mansueto Swendsen, un discípulo de Lombroso

2011-09-29T09:14:00.005-03:00

Por Diego Martínez

Pidió la palabra para defenderse y terminó enardeciendo a sus camaradas. El teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió ante el Tribunal Oral Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en “condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. Eran “normalmente feos”, arriesgó.

Mansueto fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en el que fueron blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar bahiense. El 9 de diciembre de 1976, al asumir, había en La Escuelita “muchos detenidos desgraciadamente en condiciones infrahumanas”, admitió. En su Batallón encontró detenidos “luego de una temporada en la llamada Escuelita”. “Estaban bastante bien atendidos”, consideró. Dijo ignorar de qué se los acusaba, sólo supo que estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Relató que le pidió al general Osvaldo Azpitarte que los retirara y que el traslado se cumplió el 24 de diciembre. También al asumir encontró “tres o cuatro policías” cuyas funciones desconocía. “Los despedí de inmediato. Luego consideré que parecía una falta de amabilidad e invité a un asado a los jefes de policía que había por ahí”, agregó.

Mansueto distinguió la actuación del general Adel Vilas, jefe de subzona en 1976, de la de su sucesor, Abel Catuzzi. El primero “sobrepasó ampliamente la autoridad del comandante”, dijo, sin entrar en detalles. “Catuzzi ordenó que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes y reglamentos militares”, aseguró, pese a que bajo su mando hubo secuestros, ejecuciones y apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio.

El militar, de 80 años, contó que tuvo a su cargo “la representatividad del Ejército en Bahía Blanca”. “Hice fiestas, reuniones y agasajos a los que concurrió la mayor parte de la sociedad bahiense, con gastos pagos por el Comando”, contó sin remordimientos. Sobre el secuestro de un grupo de estudiantes en diciembre de 1976, declaró que estuvo a cargo de “efectivos de la agrupación tropas”, que “estaba integrada no sólo por oficiales, suboficiales y soldados de distintas unidades, sino por civiles y oficiales venidos con Vilas desde Tucumán”. Vilas llevó a “personas que no integraban las Fuerzas Armadas” y que “luego quedaron”. No las identificó, pero aseguró que “buscaban fundamentalmente el botín de guerra”. Entre los “civiles comprometidos interesados por el botín de guerra” incluyó a “la CNU” (Concentración Nacional Universitaria) y al “personal que trajo el señor Remus Tetu cuando fue rector de la Universidad Nacional del Sur”.

“Reconozco que intenté entrar a La Escuelita porque sentía curiosidad por saber qué había adentro”, confesó. “Un guardia me lo prohibió con términos amables, porque no hubiera tolerado otros”, aclaró para resaltar su valentía. “Me dijo: ‘Mi teniente coronel, tiene prohibido el acceso, sólo se puede entrar con autorización del G3’”, en referencia a la jefatura a cargo del general Bayón, que lo escuchaba a sus espaldas.

Mansueto admitió que sus subordinados “salían a recorrer la ciudad armados”, pero que a diferencia de los soldados “que llevaban fotografías”, los suyos “tenían un libro de personas buscadas por si de casualidad encontraban alguna”. Cuando el fiscal federal Abel Córdoba le preguntó por el asesinato de José Luis Escudero, fusilado en 1977 por no detenerse en un control de rutas, Mansueto dijo no recordar el caso.

Un día recibió a un conscripto que “tenía un familiar montonero”, contó. “Lo llamé, vi su aspecto, gordito, blanquito y muy joven, pensé ‘éste no es terrorista pero puede estar vinculado’ y le dije ‘si una piedra golpea el batallón en la calle puedo llegar a vincularlo con eso’. Luego no pasó nada y el soldado pasó un año feliz.”

–Usted dice que por el aspecto distinguía si eran o no terroristas. ¿Cómo eran los terroristas? –le preguntó el fiscal.

–Pienso que normalmente feos.

Hacete amigo del juez

2011-09-21T11:10:00.003-03:00

Por Diego Martínez

En 2002 fueron compañeros de lista en el claustro de profesores de la Universidad Nacional del Sur. En 2008 compartieron lista en las internas del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Uno está imputado por delitos de lesa humanidad y el otro es apoderado de la mutual que aconseja a los represores cómo burlar embargos que ordena la justicia. Sin embargo, ningún causal encontró el abogado Luis María Esandi para inhibirse de actuar en el proceso a los genocidas bahienses, en el que intervino para liberar en tiempo récord a su colega Hugo Sierra, contrariando la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal que ordenaron indagarlo por su actuación en el terrorismo de Estado. El fiscal federal Abel Córdoba recusó hoy a Esandi por falta de imparcialidad y apeló la decisión del letrado que, sin detenerse a analizar pedidos de detención que el juez Alcindo Alvarez Canale se resiste a ordenar desde hace diez meses ni los testimonios aportados por el TOF, le permite a Sierra seguir gozando de impunidad.

El abogado que llegó a la causa por sorteo liberó a Sierra sin dar vista al Ministerio Público ni estudiar las actuaciones ni detenerse en los argumentos del fiscal y de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que no integran la corporación judicial local, sobre la participación de Sierra en delitos de lesa humanidad. Cumplido el recado y aunque en teoría sigue al frente de la causa mientras dure la licencia de Alvarez Canale, concluyó su intervención oficial en el caso.

Lejos de indagar al imputado, tal lo solicitado por los miembros del tribunal, Esandi ni siquiera ordenó que se le prohíba a Sierra salir del país, como ya lo hicieron en los últimos meses el abogado de la CNU marplatense Gustavo De Marchi hacia Colombia y el camarista mendocino Otilio Romano hacia Chile. Tan apresurada fue la orden de liberar al compañero que atribuyó a un secretario argumentos de los jueces del tribunal, error que luego admitió e intentó corregir.

La falta de imparcialidad que marca el fiscal Córdoba en su escrito tiene un trasfondo objetivo. Esandi es apoderado de la “Sociedad Militar Seguro de Vida”, la mutual a la que pertenece la mayor parte de los imputados por crímenes de lesa humanidad, por medio de la que cobraban sus sueldos los prófugos Miguel Angel García Moreno y Aldo Alvarez, el finado torturador Julián Corres y varios de los represores acusados en el juicio oral, como Jorge Masson o Jorge Mansueto Swendsen. Como abogado de la institución, Esandi debe responder a la voluntad de los socios, léase los imputados.

En la propia causa bahiense hay constancias de la colaboración de la “Sociedad Militar” en la tarea de burlar decisiones del poder judicial: cuando se dictó la orden de detención de Alejandro Lawless, según un llamado telefónico interceptado en el marco de una investigación judicial, desde una gerencia de esa mutual de fines diversos se asesoró espontáneamente a la esposa del militar sobre cómo eludir un embargo judicial, método que se habría aplicado con otros represores. “Dicha operatoria, en virtud del contenido que se ha podido conocer, resulta materia propia de quien se encuentra capacitado en operatorias financieras y jurídicas” como Esandi, destaca el fiscal.

El abogado que liberó a Sierra es también su compañero en el consejo directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca. Esandi es vicepresidente, Sierra forma parte de la Caja de Previsión como revisor de cuentas suplente. Ambos fueron elegidos en mayo de 2008 como compañeros en la lista “Integración”, a cargo de la conducción de la asociación que funciona en el ex edificio del diario La Nueva Provincia. Córdoba apunta constancias de trabajo conjunto incluso desde 2002, cuando compartieron la lista “Fundacional” del claustro de profesores en el departamento de derecho de la Universidad Nacional del Sur.

Ante la negativa de Esandi a sincerarse e inhibirse por su falta de imparcialidad, confirmada en su primera y fugaz intervención, el fiscal Córdoba solicitó hoy la recusación “en pos de la transparencia y la confianza que deben rodear” a los actos del poder judicial. También apeló la liberación de Sierra, no sólo por la parcialidad de quien la ordenó sino por no valorar el riesgo procesal que trae aparejada la decisión y por no adoptar ningún tipo de resolución sobre la imputación contra Sierra, que Esandi puso sin fundamentos “a consideración del juez titular de la sede”, léase Alvarez Canale, quien además de rechazar los pedidos del fiscal desde diciembre pasado decidió tomarse licencia el mismo día que el Tribunal Oral Federal ordenó la detención del abogado.

Sierra, libre y suspendido

2011-09-15T09:03:00.000-03:00

Luego de 35 años impune y apenas 24 horas preso, el abogado Hugo Sierra, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, recuperó su libertad. La decisión del Tribunal Oral Federal que a partir de testimonios de sobrevivientes ordenó su captura sirvió sin embargo para que el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur suspendiera “provisoriamente” de sus funciones al ex titular de Derecho Penal II. Las autoridades de la UNS decidieron la suspensión “hasta que se resuelva su situación en la causa de referencia”, decisión sobre la que debe pronunciarse el juez Alcindo Alvarez Canale, que desde hace diez meses se resiste a ordenar la detención e indagatoria pedida por el fiscal Abel Córdoba. El pedido de liberación de Sierra lo presentó su abogado Rubén Diskin, cuñado del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot. Alvarez Canale se excusó de inmediato y según trascendidos pidió licencia por quince días. Luego se excusó el juez ad hoc Santiago Martínez, y ante el sorteo de la Cámara Federal la decisión cayó en manos del abogado Luis Esandi. Con el argumento de que el Tribunal es incompetente para ordenar detenciones, a las 15 Sierra salió en libertad. El ex secretario del fallecido juez Guillermo Madueño está imputado por el Ministerio Público por haber sometido a interrogatorios bajo tortura a dirigentes sindicales en el propio V Cuerpo de Ejército y por perseguir a docentes y empleados de la UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”, entre otros delitos.

Los cómplices civiles al banquillo

2011-09-14T09:57:00.003-03:00

El Tribunal Oral Federal bahiense ordenó detener al abogado Hugo Sierra, que fue secretario del juzgado federal a cargo de Guillermo Madueño. Según declaró ayer una víctima de la represión, participaba de interrogatorios en centros clandestinos.

Por Diego Martínez

Hugo Sierra (a la izquierda), junto al camarista Néstor Montezanti.

Dos meses de audiencias y un puñado de testimonios le bastaron a tres magistrados ajenos a la corporación judicial de Bahía Blanca para ordenar la detención de Hugo Mario Sierra, ex secretario del fallecido juez Guillermo Madueño, iconos de la complicidad judicial con la dictadura. Luego de escuchar al ex diputado Mario Medina, que el 1º de abril de 1976 prestó declaración indagatoria ante juez y secretario con dos soldados apuntándole sus ametralladoras a la cabeza, el Tribunal Oral Federal que juzga al primer grupo de represores del Quinto Cuerpo de Ejército ordenó la inmediata detención de Sierra, medida que el fiscal federal Abel Córdoba había solicitado en diciembre y que el juez Alcindo Alvarez Canale resistió durante diez meses con el visto bueno de la Cámara Federal. Tras conocer la orden de detención, Córdoba solicitó hacerla extensiva a Gloria Girotti, la otra secretaria que se tapaba la nariz mientras tomaba nota de las palabras que balbuceaban los secuestrados en estado nauseabundo y con signos de torturas en el comando militar.

La decisión que cumplieron por la tarde agentes de la Policía Federal la tomaron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, radicados en Mar del Plata, Santa Rosa y Azul, que integran el tribunal por las recusaciones de magistrados bahienses. El actual presidente del Tribunal, Juan Leopoldo Velázquez, fue apartado por participar de un cónclave junto con Sierra, con el juez Gustavo Duprat (de fugaz paso por la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares) y con dos abogados que defendieron al general Adel Vilas: Luis De Mira y Rubén Diskin, además actual defensor del prófugo Aldo Alvarez (ex jefe de inteligencia del Cuerpo V) y cuñado de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. Días antes de la reunión en el aristocrático club Argentino, ambos letrados se habían presentado en la causa como defensores de Sierra.

La colaboración de Madueño & Sierra con el terrorismo de Estado comenzó en los primeros días de 1976, cuando archivaron sin investigar el asesinato de Daniel Bombara. Para no entregar su cadáver con signos de tortura, el Ejército inventó que Bombara murió al tirarse de un patrullero y que “desconocidos” robaron sus restos cuando lo trasladaban a la morgue. Tres meses después, juez y secretario escucharon el relato de dos mujeres torturadas junto con Bombara, pero se negaron a reabrir las causas que legitimaron la fábula, difundida luego por La Nueva Provincia.

El 1º de abril de 1976, Madueño y sus secretarios fueron al comando a tomarle declaración indagatoria a un grupo de gremialistas secuestrados la noche del golpe de Estado. “¿Me van a interrogar así?”, les preguntó Medina, esposado y vendado. Accedieron a sacarle la venda. Cuando el diputado del Frejuli abrió los ojos vio al juez, al secretario y a dos soldados que no dejaron de apuntarle. El fiscal Córdoba precisó en el pedido de detención que Medina y los hermanos Bustos fueron retirados del centro clandestino con signos de torturas y que Sierra firmó todas las declaraciones excepto una, que rubricó Girotti. Rubén Bustos declaró ayer que Girotti “se tapaba la nariz del olor que teníamos” y recordó que, mientras declaraban, Vilas gritaba “quiero cadáveres”.

El juez Alvarez Canale se negó a indagar a los secretarios adjudicando toda la responsabilidad al finado Madueño. El fiscal amplió pruebas, pero chocó también con la negativa de la Cámara, que rechazó la apelación argumentando que el gravamen de no avanzar no era “irreparable”. El Tribunal Oral entendió ayer todo lo contrario. A diferencia de lo ocurrido en Mendoza, donde la Secretaría de Derechos Humanos impulsó las causas contra los jueces cómplices de la dictadura, la delegación bahiense del organismo no respaldó el pedido del Ministerio Público para detener a los principales cómplices civiles de la dictadura en Bahía, que ocupan espacios claves de poder. La pasividad del organismo que encabeza Eduardo Luis Duhalde no sorprendió a víctimas y familiares desde que escucharon la declaración del delegado Víctor Benamo, quien contó que jugaba al truco con sus captores, pero no aportó ni un nombre que permita imputarlos.

“Sé los nombres de los torturadores”

2011-08-31T11:31:00.009-03:00

EL EAAF IDENTIFICÓ LOS RESTOS DE DANIEL BOMBARA

Militante de los grupos cristianos de Bahía Blanca, Bombara murió en enero de 1976 por las torturas que le aplicaron policías bonaerenses por orden del Ejército. Para encubrir el crimen los asesinos quemaron el cuerpo, lo abandonaron a 700 kilómetros e inventaron una fábula que difundió La Nueva Provincia. Este año los antropólogos forenses recuperaron sus restos, en un cementerio de Merlo. Una mujer con quien compartió su cautiverio apuntó antes de morir los nombres de sus torturadores, que el fiscal Córdoba pidió detener, y sintetizó su experiencia: “La vida era el infierno, la muerte el paraíso”.

Por Diego Martínez

Al atardecer del 2 de enero de 1976, luego de cinco días en cautiverio, Daniel Bombara murió en la cárcel de Villa Floresta. Para no entregar el cadáver con huellas de torturas, el Ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires simularon que “desconocidos” tirotearon a la ambulancia que lo trasladaba a la morgue y robaron el cuerpo. El diario La Nueva Provincia difundió en base a “fuentes autorizadas” la historia inventada para encubrir el crimen. El poder judicial omitió investigarlo, aún cuando dos mujeres relataron ante el juez y su secretario que fueron secuestradas y torturadas junto al militante de la Juventud Universitaria Católica. Treinta y cinco años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Bombara en una tumba sin nombre en el partido de Merlo. Los asesinos recorrieron casi setecientos kilómetros y quemaron el cadáver. El caso se trata desde ayer en el juicio a los represores del Cuerpo V, aunque sólo tres militares podrán ser condenados como autores mediatos. El fiscal federal Abel Córdoba pidió ayer la detención de tres de los policías que dejaron sus firmas en documentos fabricados para ocultar el crimen, incluidos dos torturadores que identificó una mujer que padeció el cautiverio con Bombara. El principal encubridor vivo entre los funcionarios judiciales que tuvieron constancias de las torturas enseñó derecho en la Universidad Nacional del Sur hasta la semana pasada y sigue libre por cortesía del juez federal Alcindo Alvarez Canale. El intelectual que en los ’70 difundía lecturas para adoctrinar genocidas y que en democracia reivindicó la tortura todavía dirige La Nueva Provincia, la usina ideológica que decenas de pibes vistos por última vez en La Escuelita se animaron a enfrentar.

“Auténtico compromiso cristiano”

Daniel Bombara se formó en el colegio Don Bosco y siguió el profesorado de psicología en el instituto Juan XXIII, ambos de los salesianos. Trabajaba por la mañana como ordenanza en las escuelas medias de la UNS y de tarde en el gabinete psicopedagógico. Se reía de la aparente incompatibilidad. Presidió el Grupo Misionero Bahiense (GMB) que se referenciaba en sacerdotes y religiosas cercanos a las corrientes tercermundistas, militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y en el frente barrial de la JP en Villa Nocito. En 1972 se casó con Andrea Fasani, una pintora tres años menor, y tuvieron una hija, Paula. Ambas declararon ayer ante el Tribunal Oral Federal a cargo del primer juicio a genocidas locales.

Su vida como cristiano estuvo marcada por la disputa al interior de la iglesia argentina entre la teología de la liberación, que propiciaba un compromiso genuino con los oprimidos, y la corriente integrista con su concepción de la iglesia como soporte dogmático de las clases dominantes, evangelizadora de militares que a fuerza de golpes de Estado avasallaron la soberanía popular durante la mayor parte del siglo pasado, y que tuvo en el diario La Nueva Provincia a su más férreo intérprete.[1]

En 1970 los servicios de inteligencia de la policía tomaron nota del militante de 19 años cuando al frente de una asamblea de estudiantes repudió a dos marinos que le sacaron el micrófono de las manos al sacerdote Duilio Biancucci mientras leía fragmentos de una carta de otro religioso para desmentir acusaciones de subversión y comunismo. Los estudiantes del Juan XXIII, en un comunicado que firmó Bombara, se solidarizaron con el cura y “con la doctrina social de la Iglesia, que sin fanatismos ni compromisos dudosos realiza, a pesar de ciertos opositores, su auténtico compromiso evangélico”; repudiaron la violencia y “la persecución sistemática tendiente a suprimir la libertad de expresión en la Iglesia por parte de sectores bien caracterizados”, a los que prefirieron no identificar.[2]

Ya en aquel momento la directora del diario bahiense, Diana Julio de Massot pedía sin reparos “que alejen de las filas del clero a esos falsos profetas que difunden su nefasta prédica desde los propios seminarios, universidades, movimientos y grupos católicos”, a quienes acusaba de haber “hecho de la violencia y del colectivismo marxista la base de su acción destructora”.[3] El arzobispo Germiniano Esorto recibió en esos días amenazas para suspender las Primeras Jornadas Regionales de Pastoral del Comahue que reunieron a 240 sacerdotes, religiosos y laicos en el Don Bosco. “La pastoral es para llegar a la acción. Hay que salir del declaracionismo y tratar de vivir el compromiso. Los barrios marginados, los hospitales, las cárceles, el problema de la vivienda, el analfabetismo, son campos que deben despertar el interés apostólico del compromiso”, predicaba entonces el arzobispado.[4] Entre las conclusiones de las Jornadas sobresalió el deseo de una “participación efectiva de todos los sectores juveniles en la acción de la iglesia a todos sus niveles, promoviendo como deber grave de la fe la participación en las actividades temporales de su medio, en un auténtico compromiso cristiano”.[5]

En diciembre de 1970, en respuesta a una serie de notas de La Nueva Provincia para desacreditar un pronunciamiento del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM), los grupos católicos difundieron el documento completo y acusaron a los Massot de utilizar un monopolio de medios “para mantener sus privilegios socioeconómicos”. “Se oponen sistemáticamente a toda manifestación en pro de la justicia social y emplean para ello todos los recursos, incluso aquellos que nos atrevemos a considerar inmorales”, advirtieron.[6]

Seis meses después, denunciaron el secuestro de un militante en Punta Alta, sede de la mayor base naval del país. “Se ha iniciado una campaña de persecución y difamación contra algunos sacerdotes, a quienes no atreviéndose a atacar directamente se los intimida en la persona de los laicos que trabajan con ellos”, explicaron. Contaron que el “joven cristiano” estuvo secuestrado “varias horas” y “por medio de torturas se lo sometió a un interrogatorio referido a las actividades de los grupos cristianos, que como Movimientos de Iglesia actúan en nuestro medio en una labor de evangelización”, y destacaron una advertencia de los obispos de la Conferencia de Medellín (1968) que anticipaba el que sería eje central de la estrategia del diario para criminalizar a sus enemigos: “No es raro constatar que estos grupos o sectores más favorecidos, con excepción de algunas minorías lúcidas, califiquen de acción subversiva todo intento de cambiar un sistema social que favorece la permanencia de sus privilegios”.[7]

Los años siguientes fueron para los jóvenes cristianos de intensa militancia, de formación acelerada y cambios vertiginosos en el escenario político: atropellos policiales en casas parroquiales, allanamientos y atentados de grupos anticomunistas contra pensionados católicos hasta el retorno de la democracia en 1973; breve período de esplendor durante la primavera camporista, y meses después la irrupción de la violencia política a gran escala. El pase a la clandestinidad de Montoneros derivó en el estado de sitio y en el aumento de la represión paraestatal, que en Bahía Blanca se combinó con los crímenes de las patotas sindicales que respondían al diputado Rodolfo Ponce y más tarde a Remus Tetu, interventor de la UNS y columnista de los Massot.

Si el desembarco de Tetu con matones a sueldo del Estado implicó a comienzos de 1975 el exilio forzado para profesores, no docentes y alumnos de la UNS, la venganza por el ajusticiamiento del comisario José Ramos [8] --con un 5x1 que incluyó al padre Carlos Dorñak, quien ni siquiera integraba el núcleo de religiosos en los que se referenciaba la militancia-- dejó en claro que policías y militares estaban dispuestos a matar sin reparos. La Nueva Provincia dio el visto bueno a su manera: “Quien siembre vientos cosecha tempestades”, editorializó.[9]

La caída

El 15 de diciembre de 1975, a diez cuadras del Cuerpo V, donde el Ejército celebraba su 15º aniversario, Montoneros emboscó a una camioneta militar para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo.

Dos semanas después, el 29 de diciembre, mientras todas las fuerzas de seguridad patrullaban la ciudad, un grupo de militantes de la JP salió a los barrios con la misión de distribuir volantes en los que Montoneros reivindicaba la obtención de “las armas del ejército represor”.

--Es una locura --le advirtió a Bombara su compañera.[10]

Discutieron, no lo convenció. A las seis de la mañana, el día más caluroso del año, Daniel partió en su Aurorita roja. Andrea se durmió. A las ocho se levantó sobresaltada. Vio que su compañero no había vuelto, armó un bolso y partió con su hija de tres años. Si uno caía, habían acordado, el otro dejaba la militancia para cuidar a Paula.

A las 6.15, según el acta sin firmas que la Unidad Regional 5 elevó al jefe de la subzona militar 15, general Jorge Olivera Róvere, “personal policial” vio bajar a cuatro mujeres de un colectivo de línea 505 de La Bahiense en la esquina de Santa Cruz y Bravard. Siguieron a las dos que tomaron Santa Cruz, las vieron arrojar volantes, y tras la llegada de Bombara en bicicleta los detuvieron “sin resistencia”.[11]

“Nos detienen a los tres. Me suben a un patrullero con María Emilia y nos vendan, a mí con un pañuelo de seda que llevaba en la cabeza y que años después quemé”, recordó treinta años después Laura Manzo, que murió en 2006.[12] “Primero estuvimos en la policía en Alem[13], nos dimos cuenta por el ruido del canto rodado, las piedritas. Ahí no nos toman declaración, sólo nos sientan en el piso de un lugar cubierto, supongo que un patio, siempre vendados y esposados”, agregó. “Horas después nos sacan y nos llevan a un lugar apartado, abierto, sin casas, con mucha tierra. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda de seda y vi el horizonte”, describió a un centro clandestino aún no identificado. “Recuerdo que me arrancan la campera y nos hacen desnudar, siempre vendados, y empiezan las torturas. Me atan al elástico de una cama con correas de cuero, de pies y manos, y nos pasan la picana por todo el cuerpo. Me quedaron los tobillos lastimados. También me apretaban con una almohada en la cara como para ahogarme”, agregó. “Además de la tortura propia teníamos que escuchar cuando torturaban a los otros. Era detrás de una pared, como dos habitaciones pegadas. Encima hacía un calor insoportable”, recordó. “En ese lugar apartado estuvimos ese día y esa noche. Tipo seis o siete de la mañana nos tiran en la caja de una camioneta, siempre vendados. Yo dije ‘nos van a matar’, lo dije fuerte. Daniel se quejaba mucho del dolor. A Daniel le pegan mucho más por esas cuestiones machistas de los militares. Cuando nos reparten en comisarías lo escuchamos por última vez”, precisó Manso, que creyó haber sido blanqueada en la Comisaría 2ª.

La fábula.

El 30 de diciembre, mientras sus subordinados interrogaban a los secuestrados, el general Carlos Suárez Mason agasajó en el Cuerpo V a la prensa local. “Les gradezco por estar a nuestro lado”, dijo, acompañado por Olivera Róvere, y pidió a Dios “que nos mantenga unidos”.[14] El domingo 4 de enero, bajo el título “Robaron ayer el cadáver de un extremista”, La Nueva Provincia publicó la historia inventada para encubrir el asesinato. En base a “fuentes autorizadas” y “voceros policiales” que prefirió no identificar, el diario informó que el día anterior a las tres de la madrugada “un grupo armado interceptó” a una ambulancia de la UR5 que iba desde la cárcel de Villa Floresta hacia el Hospital Municipal. Los atacantes, en dos autos y una camioneta, redujeron a los policías y “se apoderaron de un cadáver que era conducido en el vehículo”, publicó. “Pese al hermetismo oficial”, las fuentes amigas les dijeron que se llamaba Daniel Bombara, que tenía 24 años y que “habría participado” del operativo en el acceso al barrio Palihue, acusación que los militares desmintieron al año, cuando informaron del “esclarecimiento” tras “una paciente investigación” a fuerza de picana. La nota concluyó informando que “una organización autoproscripta” se adjudicó el secuestro “mediante un llamado telefónico”.

La historia relatada en los sumarios policiales fabricados en aquellos días es tan inverosímil que hasta La Nueva Provincia evitó retomar el caso. El primer sumario, por “intento de fuga”, fue para justificar las “heridas” que derivarían en la muerte. Sostiene que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara logró abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. Para justificar la falta de testigos apuntaron que “circulaban vehículos en distintas direcciones” pero “ninguno detuvo su marcha”. El segundo sumario es por el “atentado a la autoridad y daño” que produjeron los “12 a 15 NN desconocidos” que tirotearon a la ambulancia para robar un cadáver con el curioso objetivo de desaparecerlo.

Los protagonistas.

Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, los policías que frustraron el “intento de fuga” (oficial principal José Alberto Rodríguez, oficial inspector Miguel Ángel Maidana y subinspector Ricardo Wolodasky) nunca pertenecieron a la fuerza. Sí la integraban los policías que cuanto menos dieron visos de legalidad a la sucesión de falacias:

El entonces comisario inspector Juan Manuel González y su secretario, subcomisario Enrique Toledo, de la Unidad Regional 5, instruyeron los simulacros de investigaciones. González pidió no hacer inspección ocular ni croquis de la ruta donde habría ocurrido la “evasión” por “estimarse innecesario”. Fue quien autorizó el traslado frustrado del cadáver de la U4 a la morgue, el primero que informó sobre la ambulancia “interceptada por elementos subversivos” y quien luego tramitó el certificado de defunción.[15]

El subcomisario Luis Cadierno estaba a cargo de la delegación Cuatrerismo de la policía bonaerense, en Chile y Donado, donde Bombara estuvo secuestrado desde el 30 de diciembre a la noche hasta el 1º de enero a las 20, cuando el trío de la Dirección de Investigaciones de La Plata lo retiró para reconocer “reuniones con integrantes de la organización Montoneros”. Cadierno afirmó en el sumario que recibió al detenido “en depósito” y “por orden de la UR5”, apuntó que “por razones de seguridad no registró el ingreso” y que en todo momento estuvo “en perfectas condiciones físicas”. En Cuatrerismo operaba también la Brigada de Investigaciones, a cargo del comisario inspector José Leandro Navas.[16]

El comisario Edmundo Delfor Ayoroa, jefe de la Seccional 1ª, recibió al secuestrado maltrecho en su comisaría, última escala antes del traslado a la cárcel de Villa Floresta. A pesar del diagnóstico médico que aconsejaba internarlo, acató las órdenes militares y autorizó el traslado a la cárcel.

El oficial inspector Pedro José Noel, jefe del Comando Radioeléctrico, transmitió el 2 de enero la orden del Ejército de trasladar al detenido a la cárcel donde murió, y tres días después informó del fracaso de sus “intensas diligencias investigativas” para esclarecer el robo del cadáver.

El sargento ayudante Faustino Loncon y el cabo primero Jesús Salinas iban en la ambulancia que interceptaron los “desconocidos”. Resistieron a tiros durante varios minutos pero no lograron evitar el robo del cadáver.

El comisario Juan Nelo Trujillo era el responsable de la Dirección de Informaciones de la policía bonaerense (DIPBA) delegación Bahía Blanca, de quien dependían los “informantes” de esa fuerza. Fue quien le informó al jefe de la UR5 que “medios periodísticos locales confirmaron que efectivamente en forma telefónica y anónimamente se había adjudicado el hecho el grupo Montoneros”.[17]

En los documentos constan también los nombres de los médicos de la policía y el servicio penitenciario que vieron a Bombara. Ricardo Andrés Flores lo examinó maltrecho en la Comisaría 1ª y apuntó que presentaba “escoriaciones y politraumatismo en diversas partes del cuerpo, como así un discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismas aparentemente elementos contundentes”. “Las lesiones son de reciente data y su estado es de carácter grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado para un mejor estudio y tratamiento”, sugirió. El comisario Ayoroa, sin embargo, acató “lo ordenado por la autoridad militar” y lo trasladó a la cárcel.

Carmelo Nicotra, médico de la Unidad 4 de Villa Floresta, fue según el sumario quien “atendiera al fallecido hasta el momento” de su muerte. Horas después, en la madrugada del 3 de enero, Nicotra y Flores junto con sus colegas Elbio Rossier y Jorge Raúl Pedrueza apuntaron que el cadáver presentaba “politraumatismos y escoriaciones múltiples” y pidieron el traslado a la morgue del Hospital Municipal “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tras el simulacro de tiroteo y robo, Nicotra extendió el certificado de defunción.

“Los funcionarios interrogantes”

La última etapa del encubrimiento estuvo a cargo del poder judicial. Quien en teoría controló a partir del 2 de enero el sumario por la “evasión” fue el juez penal Juan Alberto Graziani. El martes 6, después de que La Nueva Provincia publicara las mentiras que para sus lectores siguen siendo la historia oficial, el juez federal Guillermo Federico Madueño concentró las dos causas. En apenas un mes desistió de buscar a los “desconocidos” ladrones de cadáveres y archivó la causa, previo visto bueno de la fiscal federal María del Cármen Valdunciel de Moroni.

El 28 de abril, mientras el comando bahiense secuestraba y torturaba a mansalva y los generales René Azpitarte y Adel Vilas habían reemplazado a Suárez Mason y Olivera Róvere, el juez Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra se trasladaron hasta la cárcel de Olmos para indagar sobre el caso Rojas--Papini a las dos mujeres secuestradas junto con Bombara. Laura Manzo se sobrepuso al terror y denunció que había sido capturada “por personas de civil” y “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Agregó que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente”, que eran falsos todos los datos volcados en el acta y que escuchó en cautiverio la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño & Sierra, que ya tenían todos los nombres en las actas policiales.

En la declaración de María Emilia Salto no se registró el relato de las torturas, aunque ante la consulta del autor sugirió que las denunció “porque se lo decíamos a todos”. “El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, rescató.

Madueño & Sierra, que en los meses siguientes archivarían todas las causas por los fusilamientos que el Ejército y el diario informaban como “enfrentamientos”, hicieron oídos sordos a la denuncia de torturas. El ex secretario que hasta la semana pasada enseñaba derecho penal en la UNS simuló ignorar el relato de los desgarramientos en cautiverio pero no la declaración arrancada a fuerza de picana. En agosto de 1976, mientras el juez analizaba la situación de un militante de la JUP que la policía había imputado en la muerte de Ramos, Sierra le recordó que su nombre figuraba en una declaración “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes”, léase los torturadores de Bombara y de las mujeres a las que había escuchado en persona. El juez dejó pasar el temerario consejo y sobreseyó la causa.

Madueño murió hace un año. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a su salud, a las gestiones de sus amigos de Comodoro Py (su hermano Raúl Madueño es juez de la Cámara de Casación Penal) y a la negativa de Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires. Sierra tiene pedido de detención del fiscal Córdoba pero sigue libre por cortesía de Alvarez Canale. El flamante ex profesor de la UNS no es un imputado más. En 2006 actuó como defensor de Néstor Montezanti en una causa sobre la relación del camarista con la Triple A. Este año participó del cónclave por la impunidad en el club Argentino, frente al rectorado de la UNS donde hoy se desarrolla el juicio, junto al entonces presidente del tribunal oral Juan Leopoldo Velázquez y a dos de los ex defensores privados del general Vilas, ícono de la dictadura.

“ME-K-2-123”

“El rumor que circulaba en la cárcel de Villa Floresta era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado”, recordó Laura Manzo. “De Daniel sé que murió en la tortura, tengo entendido que era asmático o tenía un problema bronquial y no había resistido. A la cárcel creo que entró vivo pero se les fue de las manos”, contó Salto hace seis años. Un colimba que había sido compañero de secundario de Bombara lo vio destrozado en el hospital del Cuerpo V. El médico Gerardo Rodríguez, que entró a trabajar a la cárcel a mediados de enero de 1976, declaró en el Juicio por la Verdad haber escuchado que Bombara ya estaba muerto cuando lo llevaron al penal. Carmelo Nicotra, el médico del Servicio Penitenciario, le contó a la mujer de un desaparecido que los torturadores le habían arrancado las uñas.

No hubo noticias del paradero del cadáver hasta junio pasado, cuando el Equipo Argentina de Antropología Forense identificó sus restos enterrados en una tumba sin nombre del cementerio de Santa Mónica, en la localidad de Libertad, partido de Merlo. Bombara ocupó la sepultura “ME-K-2-123” hasta el 12 de noviembre de 2009, cuando el EAAF lo exhumó a partir de una presentación de Remo Carlotto, entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. De los registros del cementerio surge que el cuerpo “carbonizado y politraumatizado” apareció en “Ruta 1003 y Pereyra” el 5 de enero de 1976, a tres días de la muerte y uno de la fábula que publicó La Nueva Provincia.

A la biblioteca, sin capucha.

Entrevisté a Laura Manzo en marzo 2005, mientras investigaba el caso y arrimaba al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la información para pedir el juicio político de Madueño, entonces juez del Tribunal Oral Federal 5. La mujer que había sobrevivido a la tortura y que padeció seis años en las cárceles de la dictadura me pidió que no publicara su nombre pero que aclarara que estaba dispuesta a declarar ante la justicia. Madueño logró evitar el jury que habría permitido a los bahienses conocer en detalle la complicidad del poder judicial con el genocidio cuando el entonces presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia.

Laura murió en 2006, sin llegar a declarar en la causa judicial. Luego murieron sus padres, Leandro Manzo y Catalina Repeto, quien el día del secuestro viajó desde Río Gallegos para buscarla y golpeó todas las puertas hasta que la policía reconoció la detención. Ya sin madre y abuelos, revisando papeles familiares, la hija de Laura encontró notas que Catalina le envió a Leandro después de hablar con Laura en la cárcel de Villa Floresta, a la que ingresó el 9 de enero de 1976.

“Polo. Recién vuelvo de ver a Laura. Está muy bien y según ella están como en un colegio de monjas”, contó para diferenciar la cárcel del cautiverio. “Varios tipos encapuchados después de un día entero con los ojos vendados, la picanearon de lo lindo. Tiene los tobillos y las rodillas muy lastimados, también los pechos”, relató. “Creo que a mí me siguen. Yo ando con mucho cuidado”, le confió.

La segunda nota manuscrita no detalla secuelas sino policías. “Sé los nombres de los torturadores: Noel, Salinas y Culman o Culmand, algo así”, escribió Catalina. El primero sería el oficial inspector Pedro José Noel, el entonces jefe del Comando Radioeléctrico que pese a las “intensas diligencias investigativas” no logró esclarecer el robo del cadáver. Noel tiene hoy 64 años y vive en General Daniel Cerri, un puerto vecino a Bahía Blanca, donde dirige la biblioteca “José Hernández”. El segundo sería el entonces cabo primero Jesús Salinas, actual vecino del puerto de Ingeniero White y supuesto ocupante de la ambulancia que resistió el ataque de los desconocidos de siempre. El tercero se escribía Kussman y está muerto. El oficial inspector Claudio Alejandro Kussman pertenecía a la DIPBA delegación Bahía Blanca y ya en octubre de 1974 había sido denunciado como torturador de militantes del PRT. El fiscal Córdoba pidió ayer su detención junto con la de Noel y la del segundo actor de la ambulancia, Faustino Locon.

En la última nota recuperada, que no tiene fecha pero sería de 1987, Laura Manzo describe el cautiverio. “Hacía mucho calor, me dolía la piel del sol del último día, y yo tenía frío. Todo era color negro rojizo y las voces retumbaban, el rebote me daba las dimensiones de las formas. Cuando me golpearon y me rompieron la nariz me di cuenta de que empezaba a entrar en el horror. Bruscamente, sin darme cuenta, queriendo que sea un sueño. La vida era el infierno, la muerte el paraíso”.

Flor de marido

El general Jorge Olivera Róvere, comandante de la subzona 51 y autoridad a la que rendía cuentas los asesinos de Bombara, fue condenado a prisión perpetua por sus crímenes como segundo jefe del Primer Cuerpo de Ejército en 1976 pero está excarcelado, vive en un departamento de Callao 1460 y gracias a su libertad pudo asistir hace dos años al velorio de Diana Julio de Massot. El cronista intentó entrevistarlo para preguntarle si fue suya la idea para desaparecer el cadáver, si ordenó matarlo o ya había muerto, si mira a los ojos a sus nietos. Su esposa explicó que “está muy afectado por los juicios”, que “siempre trató de ayudar” pero “el médico le aconsejó cuidarse”. La mujer apuntó que la desaparición de personas “es un horror” pero que “gracias a Dios tuvimos una conducta muy correcta”. “Mi marido no tenía calabozos, no tenía detenidos, nadie lo ha visto. Tenía a su cargo la custodia de la ciudad y sus tropas eran patricios y granaderos”, explicó. De su paso por Bahía Blanca recordó el operativo en el que murieron Rojas y Papini pero admitió ignorar cómo las investigó su marido. El cronista le contó cómo procedió con Daniel Bombara, le informó que acaba de aparecer el cadáver y que sus seres queridos están felices de poder ir al reencuentro, le ofreció acercarle el relato de la historia y los fundamentos de la condena a su marido. La señora agradeció y respondió que lo iba a consultar con su marido.[18]

Por fin, verdad y justicia

Por Paula Bombara

Como declaré hace apenas unas horas, viví durante 12953 días en un estado de incertidumbre. No podía dar respuesta a una pregunta básica: ¿adónde está papá? Crecí con ese dolor y construí mi vida alrededor de incontables respuestas ficticias a esa pregunta. No es fácil crecer con un padre desaparecido. Crecí sin seguridades, sin calma, con miedo y dolor. Hace poco más de dos meses sé que sus restos están en una caja, en una estantería, en una habitación de la sede del EAAF, en el barrio de Balvanera, en la C.A.B.A. Darme esa respuesta cada mañana, cada tarde, cada noche, alivia y mucho. El dolor no cesará porque sentiré la ausencia de mi padre hasta el día de mi muerte. Esa escena de su muerte luego de las torturas, que tanto he imaginado con diferentes tonos de luz y sombra a lo largo de estos 35 años y pico, con distintas escenografías y un dominante color rojo sangre, no dejará de cruzarse en mi mente a cualquier hora casi todos los días. Pero al menos pronto podré ir al encuentro de los restos de mi padre y, como bien se ha dicho en relación al entierro de Marta Taboada, lo iré desdesapareciendo con mi amor y el de mi mundo de afectos.

Papá me dejó poemas donde habla de un mundo lleno de paz y alegría, un mundo más justo. Siempre he tratado de sembrar eso en mi vida y entre quienes me rodean. Lo tuve tres años, pero en ese tiempo supo transmitirme que el valor de la vida está en poder estrecharnos en un abrazo. Y nuestra sociedad será mejor cuando la impunidad se acabe y la justicia nos abrace a todos por igual.

Por ahora, sigo contando los días sin justicia. Pero llegará la jornada en que se acabe la impunidad con la que han vivido los asesinos de papá. Confío en que llegará, y será entonces cuando nos abrazaremos festejando una sentencia que los confine a vivir en una cárcel común, como delincuentes comunes. Desde la mañana en que dejé de verlo van 13029 días; por el momento sigo sumando. Pero lo hago con mucha esperanza, con alegría, con la satisfacción de ver un juicio que avanza, con paz en mi corazón y en mi mente, con una sonrisa en el alma.

[1] El integrismo, hegemónico en la conducción de la Iglesia desde el bombardeo naval que derrocó a Perón en 1955, introdujo en el país y en las Fuerzas Armadas la organización francesa Cité Catholique y su doctrina contrarrevolucionaria, con un concepto clave para entender el genocidio argentino: el de subversión, “un enemigo proteico, esencial, no definido por sus actos, cuya finalidad es subvertir el orden cristiano, la ley natural o el plan del Creador” (Verbitsky, Horacio. Doble juego. La Argentina católica y militar. Sudamericana, 2006, p. 17). Tras la difusión de la principal obra doctrinaria, El marxismo-leninismo de Jean Ousset, que el presidente del episcopado Antonio Caggiano calificó como un instrumento de formación para “una lucha a muerte”, llegaron a las escuelas militares los manuales técnicos. El más famoso fue La guerra moderna, del coronel Roger Trinquier, quien teorizó sobre la tortura como arma moralmente neutra, prédica que los capellanes castrenses inculcaron en los cuartes, inclusive para justificar los vuelos de la muerte, y que sólo un civil se animó a defender en público: Vicente Massot, actual director del La Nueva Provincia, diario que recurrió a Trinquier casi cuatro meses antes del golpe de Estado para aconsejar la importancia de “declarar la existencia de un estado de guerra” fronteras adentro para “descubrir lo más pronto posible a nuestro adversarios”. (“La Guerra Moderna”, La Nueva Provincia, 30 de noviembre de 1975, p. 4).

[2] SIPBA, delegación Bahía Blanca, 15 de octubre de 1970, nota 294, depto. C.

[3] “Solicitan que sean expulsados del Seno del Clero los Sacerdotes del ‘Tercer Mundo’”. La Capital, 2 de agosto de 1970.

[4] Arzobispado de Bahía Blanca. Boletín eclesiástico. Septiembre de 1970, p. 30/31.

[5] Arzobispado de Bahía Blanca. Boletín eclesiástico. Septiembre de 1970, p. 32.

[6] Suscriben el documento la Juventud Universitaria Católica, la Juventud Obrera Católica, la Comunidad Universitaria Bahiense (CUB) y el Grupo Misionero Bahiense. “Sacerdotes del Tercer Mundo”, R. 15.281, Tomo 5, DIPBA.

[7] “Militante cristiano secuestrado y torturado en Punta Alta”. Cristianismo y Revolución, número 30, septiembre de 1971, p. 59. Suscriben el documento la Juventud Universitaria Católica (JUC), el Grupo Misionero Bahiense (GMB), la Juventud Obrera Católica (JOC), la Comunidad Universitaria Bahiense (CUB) y la Juventud de Acción Católica-Punta Alta (JAC).

[8] Montoneros se adjudicó el hecho y calificó al agente de la DIPBA y empleado en “seguridad” de La Nueva Provincia como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”.

[9] “Colegios católicos y autoridades. No se puede sembrar violencia y esperar el fruto de la paz…”. La Nueva Provincia, 25 de mayo de 1975, p. 2.

[10] Entrevista del autor con Andrea Fasani, 29 de octubre de 2004.

[11] Acta labrada por la Unidad Regional 5 de la policía de la provincia de Buenos Aires, sin firmas, el 30 de diciembre de 1975. El jefe de la UR5 era el comisario mayor José Daniel Dallochio.

[12] Entrevista del autor con Laura Manzo, 2 de marzo de 2005.

[13] Se refiere a la avenida Leandro N. Alem 838, sede de la Unidad Regional 5.

[14] “V Cuerpo. Agasajo al periodismo local”. La Nueva Provincia, 31 de diciembre de 1975, p. 2.

[15] Un policía llamado Juan Manuel González (legajo 3520) está imputado por delitos de lesa humanidad en 1977 en el centro clandestino Pozo de Banfield.

[16] En la delegación Cuatrerismo dijo haber estado preso en 1976 el abogado Víctor Benamo, que antes padeció más de un mes de torturas en manos del Ejército. A diferencia de Bombara, el actual delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Bahía Blanca confesó durante el juicio oral y público que “a la noche jugaba al truco” con los policías, a quienes conocía por su trabajo, aunque no aportó un solo nombre a la causa.

[17] Trujillo fue imputado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en la causa por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha.

[18] Entrevista telefónica con la esposa de Jorge Olivera Róvere, el 31 de agosto de 2011.

Justicia en la boca del lobo

2011-06-29T19:28:00.054-03:00

COMENZÓ EL PRIMER PROCESO A REPRESORES EN BAHIA BLANCA

Por Diego Martínez

Fotos de Rolando Andrade, Marcelo Núñez y Nicolás Jusit

Desde Bahía Blanca

Ante un mural del general San Martín uniformado, en el imponente auditorio del rectorado de la Universidad Nacional del Sur, comenzó el martes en Bahía Blanca el primer juicio por delitos de lesa humanidad a ex oficiales del Cuerpo Quinto de Ejército. Fallecidos el ex comandante Osvaldo René Azpitarte y sus segundos Adel Edgardo Vilas y Abel Teodoro Catuzzi, el principal imputado es el general Juan Manuel Bayón, 84 años, jefe del departamento Operaciones en 1976 y luego director de la Escuela Superior de Guerra. Por el agravamiento de su salud, sobre el que una junta médica se pronunciará el lunes, no estuvo en las audiencias iniciales el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, torturador del centro clandestino La Escuelita. Más previsible fue la ausencia del teniente coronel Miguel Ángel García Moreno, liberado pese a sus antecedentes como prófugo por el Tribunal Oral Federal que presidía el juez Juan Leopoldo Velázquez (recusado por su amistad con el imputado Hugo Sierra), quien ya no estaba en su casa cuando el TOF en su nueva composición ordenó detenerlo.

Los diecisiete acusados, incluidos seis ex miembros del estado mayor del Cuerpo V, llegaron a las 7.15 desde la cárcel de Villa Floresta en un celular del Servicio Penitenciario Federal y, ya sin esposas, fueron ubicados en las dos primeras filas. Detrás se ubicó una hilera de veinte gendarmes con los ojos fijos en el público, que colmó el auditorio. Pasadas las nueve, mientras el “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” se filtraba desde la calle, abrió la audiencia el juez Jorge Ferro, presidente del Tribunal. Lejos de los tiempos en que el juez Guillermo Madueño recibía instrucciones de los jerarcas militares y encubría sus crímenes, el camarista marplatense leyó los nombres de los imputados, les ordenó ponerse de pie, les encomendó prestar atención a la lectura del requerimiento de elevación, les advirtió que por el momento sólo podían hablar por medio de sus abogados y los autorizó a sentarse.

Cuando los secretarios comenzaron a leer la acusación, que lleva la firma del ex fiscal federal Hugo Cañón, varios militares sacaron sus anotadores y comenzaron a tomar notas. Marcó la diferencia el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, quien se entretuvo retratando a los miembros del tribunal, y el teniente coronel Mario Carlos Méndez, que enfrentó la acusación con un crucifijo en la mano. “El Loco de la Guerra”, como lo llamaban sus camaradas, recibió en 1977 una medalla al “heroico valor en combate”, que bendijo el arzobispo Jorge Mayer, y ya había dado muestras de su fe religiosa durante su indagatoria, cuando se encomendó a la virgen de las Mercedes.

Bahía en la calle

A media cuadra de la plaza Rivadavia, pleno centro bahiense, un millar de personas, jóvenes en su mayoría, hizo el aguante desde la primera hora. A medida que el sol amortiguó el frío la avenida Colón se pobló de banderas y pancartas con los rostros en blanco y negro de los desaparecidos. Embellecieron el frente del rectorado los retratos gigantes de Graciela Izurieta, Cora Pioli, Daniel Carrá y Carlos Rivera, producto de un trabajo colectivo encabezado por el pintor Jorge González Perrín.

“Salimos a la calle cuando el terror nos paralizaba. Recorrimos regimientos y comisarías con la misma pregunta: ¿dónde están? ¿De qué se los acusa? ¿Por qué niegan a los padres el derecho a saber?”, recordó Celia Korsunsky (foto), Madre de Plaza de Mayo, feliz porque “hoy son muchos los jóvenes que sueñan y luchan y se rebelan contra la injusticia, los jóvenes que trabajan, aman, bailan y cantan”. “Había perdido las esperanzas de ver a los genocidas ahí”, confesó con su pañuelo blanco en la cabeza Marcela Egues, madre de Luis Jesús García, asesinado por la Triple A. “El caso del Negrito no está en el juicio pero se me hincha el corazón de alegría de ver a tantos jóvenes tomando el lugar de lucha de nuestros hijos”, explicó sobre el escenario que se montó en Colón 80, frente a un millar de personas. “Era también mi compañero, yo militaba con mi hijo. No pudieron quebrarme y no lo van a conseguir”, advirtió.

“Bahía Blanca comienza a vivir hoy una nueva etapa”, abrió el acto al mediodía el periodista Mauro Llaneza, que condujo de sol a sol la radio abierta de FM de la Calle en la vereda frente al rectorado. “Hoy es un día histórico. Hombres que se consideraban señores de la vida y de la muerte rinden cuenta de sus acciones ante la justicia”, destacó Adolfo Pérez Esquivel. “Es un avance importantísimo para Bahía Blanca pero también para la humanidad. Tenemos que felicitarnos porque nadie nos regaló nada, esto es una conquista del pueblo”, dijo, y arrancó aplausos el Nobel de la Paz.

Enrique Gandolfo, del Suteba y la CTA local, prefirió “no hablar de la ciudad reaccionaria y del diario fascista” sino “de la otra Bahía, bastante invisibilizada pero que viene del fondo de la historia”, y repasó acontecimientos olvidados por la historia oficial: la huelga en Ingeniero White en 1907, la resistencia al golpe de 1955, la huelga que paralizó la ciudad cuando explotó el Cordobazo, el paro que terminó con López Rega en 1975, y “la generación de estudiantes rebeldes, generosos y combativos” aniquilados durante la última dictadura. Se detuvo en los nombres de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos y delegados gremiales de La Nueva Provincia, secuestrados hace exactamente 35 años y fusilados luego de cuatro días desaparecidos. “Fueron luchadores contra una patronal que los mandó a matar miserablemente”, destacó Gandolfo, y arrancó un espontáneo “Massot / basura / vos sos la dictadura”, coreado por un millar de personas y dedicado al actual director del diario bahiense, el apologista de la tortura Vicente Massot.“Quiero felicitar a las madres y a los padres de Bahía. Sé que todo les costó mucho más que a nosotras, pero que fueron valientes y no se achicaron”, dijo emocionada Norita Cortiñas. “No nos vamos a reconciliar hasta que todos los asesinos estén en la cárcel. Queremos que aparezcan sus archivos y nos digan qué pasó con cada uno de nuestros hijos”, exigió, y reclamó que también se esclarezcan las desapariciones de Jorge Julio López y Luciano Arruga.

Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH bahiense, recordó que hace ya un cuarto de siglo que “empezamos el camino institucional” y destacó el rol de los impulsores del organismo: Ernesto Alfredo Malicia, ya fallecido, y Noemí Fiorito de Labrune, fundadora de la APDH de Neuquén y del CELS. Con los ojos llenos de lágrimas, Hidalgo homenajeó también a quien “fue un pilar fundamental en la búsqueda de justicia y sigue representando a la justicia aunque ya no esté en actividad”, en referencia al ex camarista Luis Cotter, presidente del tribunal que declaró la nulidad de las leyes de impunidad en los ’80, que fue premiado con un aplauso cerrado por pibes que entonces no habían nacido.

El ex fiscal Cañón, protagonista central del proceso judicial bahiense desde el retorno de la democracia hasta su renuncia al cargo, explicó que “la justicia es reparadora y genera ciudadanía”. Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S., lamentó que “nada nos devolverá lo irrecuperable” pero celebró que “algo cambió, y hoy Argentina está a la vanguardia de los países que reclaman justicia”. “La mentira no es eterna, la verdad está triunfando”, destacó Santucho, a quien la dictadura le arrebató a sus padres y a su hermana Mónica, de 14 años, asesinada luego sufrir torturas en cautiverio, exhumada de una fosa común e identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El acto central concluyó con la lectura de un documento de la Comisión de Apoyo a los Juicios, leído por Anahí Junquera, hija de desaparecidos, y por Susana Matzkin, hermana de Zulma, secuestrada en La Escuelita y asesinada en un enfrentamiento fraguado que pasó a la historia como la Masacre de calle Catriel. “La impunidad, que tanto brilló en Bahía Blanca, que transitó durante años por infames despachos y fascistas redacciones, se debilita frente al embate de la Justicia. Serán por fin juzgados los sicarios que nos arrebataron a los nuestros y nos arrancaron de un tirón la alegría”, leyeron. “La impunidad quiso que algunos escaparan y otros murieran sin castigo. Hasta ayer caminó por las calles con sus trajeados esbirros, esos que firmaron obscenas libertades que propiciaron fugas”, recordaron. “La impunidad fue construida sobre sólidas editoriales apologistas del terrorismo de Estado, con las arteras manos de funcionarios que jamás cumplieron su juramento. Esa impunidad, que trabajó desde las sombras para que familiares y compañeros no pudiéramos ver la acción reparadora de la Justicia, que intentó socavar nuestra fe y nuestra fuerza, con su odio visceral se recordará este día. Porque a pesar de la complicidad y la traición, hoy y aquí se están juzgando genocidas”.

diemar75@gmail.com

RECUADRO I:

Los protagonistas

El tribunal que conduce el juicio lo integra el camarista marplatense Jorge Ferro, los jueces José Triputti --presidente del TOF que en noviembre condenó a militares y policías de La Pampa-- y Marín Bava, de Azul. Como juez sustituto oficia Oscar Hergott. La acusación en representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolín. Como querellantes participan del juicio los abogados Walter Larrea y Mónica Fernández Avello. La defensa oficial de los imputados está a cargo de un equipo encabezado por Gustavo Rodríguez, en tanto como abogados privados actúan Luis de Mira (defensor de Adel Vilas en los ’80), Walter Tejada (hijo de un imputado), Guillermo Vidal, Eduardo San Emeterio (que al finalizar la audiencia amagó con romper una bandera con rostros de desaparecidos para provocar a los familiares presentes), y el teniente coronel Mauricio Gutiérrez, que en dictadura prestó servicios en el departamento jurídico del Cuerpo V, supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en el centro clandestino La Escuelita y fue procesado por encubrir el asesinato del soldado Omar Carrasco, causa que prescribió antes de que fuera juzgado.

RECUADRO II:

Ausentes con aviso

La impunidad que generaron las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem implicaron la muerte sin condena de los tres ex jefes del Cuerpo V, generales Osvaldo René Azpitarte, Adel Edgardo Vilas y Abel Catuzzi; de miembros de su Estado Mayor como el teniente coronel Argentino Cipriano Tauber o el ex mayor Arturo Ricardo Palmieri; del jefe de la patota de secuestradores, teniente coronel Emilio Jorge Ibarra; del principal interrogador de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, alias “Tío” o “Mario Mancini”; de uno de los médicos que aportaba su pericia para evitar muertes en la tortura, mayor Jorge Guillermo Streich; y del penitenciario que simulaba rescatar a los desaparecidos que el Ejército decidía blanquear en la cárcel de Villa Floresta, Leonardo “El Mono” Núñez, entre otros. También murieron antes de que el Estado se certificara su complicidad con el terrorismo de Estado civiles como el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, los obispos Jorge Mayer y Emilio Ogñenovich, y la directora del diario La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot.

RECUADRO III:

La guerra según Breitenstein

“El Estado, en el caso europeo y creo que en el nuestro también, tiene que entender claramente que no puede atentar contra civiles por más que piensen distinto en el marco de una guerra”. La afirmación pertenece al intendente bahiense Cristian Breitenstein, quien admite en público su relación con el apologista del genocidio Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, y paradójicamente se postula para ser reelegido en representación del kirchnerismo. “Dichas palabras no hacen más que reflotar la perimida y falaz teoría de los dos demonios, desterrada totalmente por una sociedad que conoce claramente que el accionar de la dictadura se basó en un plan sistemático de exterminio a los opositores políticos”, lo repudió la Comisión de Apoyo a los juicios. “El Sr. Intendente nunca se expidió ante la dilación -sin motivo real- del inicio de los debates orales por los crímenes de lesa humanidad en esta jurisdicción, ni realizó manifestación alguna con respecto a un hecho tan trascendente. Cuando tuvo que responder a las preguntas del periodismo local lo hizo con el viejo y falaz argumento esgrimido por los apologistas de la dictadura, que para justificar la represión estatal señalaban que en Argentina hubo una guerra. En nuestro carácter de víctimas, familiares, testigos, querellantes, compañeros y fundamentalmente de seres humanos que queremos vivir en paz y libertad, queremos manifestar a la Comunidad que repudiamos y lamentamos que el máximo responsable político local y referente del partido cuya política en materia de Derechos Humanos es conocida internacionalmente, se exprese de una manera que atenta contra la memoria de nuestros desaparecidos”.

Los imputados

Más allá de fallecidos y prófugos, los procesados por delitos de lesa humanidad del Cuerpo V y de la base naval de Puerto Belgrano ya son más de ochenta, un diez por ciento del universo total del país. En el banquillo del primer juicio por un centenar de secuestros, torturas y homicidios hay seis oficiales superiores que integraron durante la dictadura el estado mayor del Quinto Cuerpo, tres miembros del Destacamento de Inteligencia 181, dos miembros de los grupos de tareas, los dos jefes de la cárcel de Villa Floresta, y cuatro agentes de la Policía Federal imputados por secuestros en Viedma y Carmen de Patagones. Ellos son:

1. Juan Manuel Bayón, 84 años, general retirado, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976, apenas un escalón debajo de Azpitarte y Vilas.

2. Osvaldo Bernardino Páez, 80 años, teniente coronel retirado, mendocino. Miembro del estado mayor, fue jefe de la División Educación, Instrucción y Acción Cívica del Departamento Operaciones y presidió en 1976 el autodenominado “Consejo de Guerra Especial” que parodió un juicio a tres secuestrados que el Ejército decidió no asesinar. Ayer se tapó la cara para no ser fotografiado. Luego se dedicó a retratar a los jueces.

3. Hugo Jorge Delmé, 75 años, coronel retirado. El “mayor Delmé”-- como lo recuerdan las familias que lo padecieron-- era el encargado de negarles información a quienes pedían explicaciones sobre los desaparecidos.

4. Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79 años, coronel retirado, radicado en Bahía Blanca. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181 desde fines de noviembre de 1976. Por el Batallón pasaron varios secuestrados antes o después de sus cautiverios en La Escuelita.

5. Walter Bartolomé Tejada, 81 años, coronel retirado, también bahiense, integró el Departamento II Inteligencia del Cuerpo V y como superior calificó a notorios torturadores como Julián Corres.

6. Hugo Carlos Fantoni, 82 años, coronel retirado, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V, miembro de su estado mayor.

7. Norberto Eduardo Condal, 67 años, coronel retirado, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia.

8. Carlos Alberto Taffarel, 64 años, coronel retirado. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 como jefe de la sección Actividades Sicológicas Secretas.

9. Jorge Horacio Granada, 65 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Participante activo de la conspiración que llevó al presidente Alfonsín a dictar el estado de sitio en 1985, estuvo un año prófugo en 2003 con la protección de su amigo Luis Patti, ahora condenado a cadena perpetua.

10. Jorge Aníbal Masson, 58 años, teniente coronel retirado. Fue jefe de la sección Infantería del “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas hacia La Escuelita.

11. Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años, teniente coronel retirado. Integraba los grupos de tareas del Cuerpo V y fue condecorado por su “heroico valor en combate” por su actuación en una masacre de una pareja de militantes montoneros encerrados en un departamento.

12. Héctor Luís Selaya, 69 años, abogado y oficial retirado del SPF, también fue jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

13. Andrés Reynaldo Miraglia, 69 años, oficial retirado del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta, donde el Cuerpo V blanqueaba a los secuestrados que decidió no matar.

14. Vicente Antonio Forchetti, 82 años, comisario retirado de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y fines de 1978. Intervino personalmente en secuestros de personas que luego fueron trasladas a La Escuelita.

15. Héctor Arturo Goncálvez, 69 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

16. Carlos Alberto Contreras, 64 años, sargento retirado de la PF. Participó de secuestros y de tareas de seguimiento e inteligencia en Viedma.

17. Héctor Jorge Abelleira, 71 años, comisario retirado de la PF. Participó de secuestros e interrogatorios en Viedma.

Primer juicio por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca

2011-05-27T09:30:00.003-03:00

Publicado en PáginaI12.

La Universidad Nacional del Sur, que aún cobija en su staff de profesores a civiles imputados por su actuación durante la dictadura, será sede a partir del 28 de junio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La fecha fue confirmada la semana pasada por el Tribunal Oral Federal en su nueva conformación, luego de la postergación derivada de la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, producto de un cónclave en público con imputados y abogados de represores que informó Página/12. El proceso oral tendrá 19 acusados, que rendirán cuentas por secuestros, torturas y asesinatos contra un centenar de víctimas en el centro clandestino La Escuelita, en la periferia del Cuerpo V de Ejército.

El juicio debió comenzar en abril pero se suspendió por la escasa imparcialidad que garantizaba Velázquez. El presidente del TOF, que había generado suspicacias al ordenar prórrogas motu proprio y facilitar excarcelaciones, coronó su actuación con una reunión nocturna en el aristocrático Club Argentino con abogados que defendieron en los ’80 al fallecido general Adel Vilas, con el imputado Hugo Sierra (secretario del Juzgado Federal durante la dictadura) y con el juez Gustavo Duprat, de fugaz intervención en la causa de la que estaba excusado para excarcelar a militares. Los ex abogados de Vilas son Luis De Mira, que ahora defiende a varios marinos imputados por crímenes en Puerto Belgrano, y Rubén Diskin, defensor del prófugo coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, el heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los mayores interesados en el proceso, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los obreros gráficos que habían osado enfrentar a su madre y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

Ante la recusación presentada por los fiscales federales Abel Córdoba y Horacio Azzolín, el juez Velázquez admitió su “amistad íntima” con Sierra y se apartó. Siguió sus pasos Beatriz Torterola, que adujo problemas de salud. La Cámara de Casación designó para ocupar sus puestos a José Triputti, presidente del Tribunal Oral que en noviembre condenó a un grupo de policías y militares en La Pampa, y al camarista marplatense Jorge Ferro. El tercer miembro del tribunal será el juez Martín Bava, de Azul.

El tercio de siglo transcurrido desde los crímenes dejó fuera de juego a los máximos jefes militares: el ex comandante Osvaldo Azpitarte y sus segundos, Vilas y Abel Catuzzi. Del Estado mayor llegan a juicio el general Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni, y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Tres acusados actuaban en el Destacamento de Inteligencia 181: Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Granada (foto), el mismo que ayudó a esconderse a su amigo Luis Patti cuando la Justicia ordenó su captura. Otros cuatro pertenecían a grupos operativos. El más conocido es el teniente coronel Julián Corres, alias Laucha, quien se fugó de la delegación bahiense de la Policía Federal y fue recapturado en la casa de su madre. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno hizo carrera en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. Los otros son Jorge Masson y Mario Carlos Méndez. Compartirán el banquillo con los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde se blanqueaba a los secuestrados, y policías que participaron en secuestros en Viedma y Carmen de Patagones: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Goncálvez.

El Consejo Superior de la universidad que será sede del juicio revalidó esta semana la continuidad de la profesora Gloria Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y por todo el claustro de alumnos. Girotti y Sierra, profesores de la carrera de Derecho, fueron secretarios de Guillermo Madueño, el juez que de noche se reunía con los militares y de día archivaba sin investigar los expedientes por sus fusilamientos. Madueño murió impune en agosto luego de diez meses en los que el juez Alcindo Alvarez Canale se negó a viajar a Buenos Aires para indagarlo. El juez se resiste ahora a detener e indagar a los ex secretarios, acusados por el fiscal Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a un grupo de dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y no docentes de la propia UNS en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un militante que permanece desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar. También integra el claustro el camarista Néstor Montezanti, ex asesor del general Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército.

¿Será posible Bahía?

2011-05-23T22:23:00.010-03:00

Por D.M.

La corporación judicial de Bahía Blanca se resiste a revisar su actuación durante la dictadura. En agosto murió impune Guillermo Federico Madueño (foto), el juez que de noche se reunía con los jefes del Ejército y de día archivaba los expedientes por los fusilamientos del Cuerpo V y rechazaba los hábeas corpus de familiares de desaparecidos. Ex miembro del tribunal que juzga a Astiz, Acosta y Cía. y hermano de Raúl Ramón Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal, GFM estuvo más de medio año prófugo, asistido por una empleada del Tribunal Oral Federal 5. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a su salud, las gestiones de sus amigos de Comodoro Py y la negativa del juez Alcindo Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires.

El mismo Alvarez Canale se niega ahora a indagar a los ex secretarios del juzgado que sirvió al terrorismo de Estado: Hugo Sierra y Gloria Girotti, acusados por el fiscal federal Abel Córdoba de haber sometido a interrogatorios bajo tortura a dirigentes sindicales y de perseguir a docentes y empleados de la Universidad Nacional del Sur (UNS) en una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 1976 Sierra propuso usar para una imputación una declaración arrancada bajo tortura a un desaparecido, límite que Madueño prefirió no traspasar.

Imposibilitados de defenderse para demostrar su inocencia en sede judicial, tanto Sierra como Girotti fueron impugnados en concursos judiciales recientes por su actuación durante la dictadura. El Consejo Superior de la UNS, en tanto, tratará hoy a las 18 la reválida de la profesora Girotti, objetada por falta de idoneidad moral por agrupaciones de docentes, no docentes y alumnos, y respaldada por el consejo departamental de la carrera de Derecho, que integran el propio Sierra y el camarista Néstor Montezanti, , un ex asesor del general Adel Vilas y ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura que supo lucir en su estudio un diploma de la “Liga Anticomunista Argentina” firmado por Carlos Suárez Mason.

Cónclave por la impunidad

Bahía Blanca tiene ochenta represores procesados y ningún condenado porque a casi una década de la reapertura de las causas no se logró llegar a juicio. La última postergación fue por la recusación del juez Juan Leopoldo Velázquez, quien certificó su parcialidad al reunirse en un lugar público con el imputado Sierra y los abogados Rubén Diskin y Luis de Mira, defensores en los ’80 de Vilas, ícono de la dictadura. Diskin es además cuñado de Vicente Massot, heredero de la dirección del diario La Nueva Provincia y uno de los principales interesados en paralizar el proceso de justicia, en el que podría trascender quién pidió la cabeza de los dirigentes gremiales Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola --obreros gráficos de LNP-- y quién demoró cuatro días para interrogarlos antes de autorizar sus fusilamientos.

El cónclave del Club Argentino entre los operadores de la impunidad y el juez Velázquez, quien confesó al aceptar su apartamiento ser “amigo íntimo” de Sierra, derivó además en la baja de la jueza Beatriz Torterola. Para ocupar sus puestos fueron designados José Triputti, presidente del tribunal que en noviembre condenó por delitos de lesa humanidad a un grupo de policías y militares de La Pampa, y el camarista marplatense Jorge Ferro.

En el interín, la Cámara Federal bahiense propinó otro mazazo a víctimas y familiares al excarcelar a 36 militares y marinos. Contrariando el criterio de la Corte Suprema, que ordenó extremar las precauciones para evitar que los represores obstaculicen o burlen el accionar judicial, Augusto Fernández, Ángel Argañaraz y Ricardo Planes sostuvieron que para mantenerlos detenidos el Ministerio Público debía demostrar en cada caso que los imputados ponían en riesgo el proceso. La liberación masiva generó un amplio rechazo en la sociedad civil, que ya no se limita a expresar la APDH sino también un amplio abanico de organizaciones sociales y hasta las juventudes de los partidos políticos. La Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad manifestó “repudio y preocupación”, destacó “el estupor de una sociedad que espera impaciente la conformación de un nuevo Tribunal” y recordó los “ejemplos suficientes de fugas que permiten suponer la posibilidad de otras nuevas”. La CTA contextualizó la decisión en “una larga cadena de impunidades que no hacen más que profundizar la enorme desconfianza que inspira este tipo de disposiciones” y advirtió que “la indepurada institución judicial siembra un interrogante con relación a los juicios contra los genocidas”.

“Acorde a derecho”

Un día después de las excarcelaciones, la Cámara hizo un nuevo aporte a la impunidad al legitimar la negativa de Alvarez Canale a indagar a los ex secretarios Sierra y Girotti. El juez sostiene que la participación en el plan criminal instrumentado desde el Estado se limitó a Madueño, quien murió sin quebrar el pacto de silencio, en tanto la actuación de los secretarios habría sido “acorde a derecho”. El fiscal calificó la resolución de “arbitraria”, destacó que causaba un daño “irreparable de los intereses públicos elementales de la comunidad internacional” y recurrió a la Cámara, que rechazó el recurso con el argumento de que el gravamen de no indagar no es irreparable.

Este cronista ha publicado desde 2004 artículos sobre la actuación de Madueño y sus empleados durante la dictadura. Como pata judicial del Estado terrorista local se encargaron de rechazar habeas corpus en favor de desaparecidos, cerrar en tiempo record y sin investigar fusilamientos que el Ejército hacía pasar por enfrentamientos (Sierra llegó a aprobar sumarios policiales por teléfono y desde su casa), entregar cadáveres ametrallados e incluso ordenar seccionar las manos de supuestos NN para luego simular su identificación. Todo mientras el juez cenaba con los jerarcas militares y se prestaban a la parodia de juzgar a profesores universitarios por “infiltración ideológica marxista” en la UNS.

La colaboración de Madueño & Sierra con el terrorismo de Estado comenzó en diciembre de 1975, cuando archivaron sin investigar el asesinato de Daniel Bombara, militante de la Juventud Universitaria Peronista y primer desaparecido de Bahía Blanca. Para justificar su muerte, el Cuerpo V adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y se había tirado al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, los militares simularon que “desconocidos” lo habían robado de la ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue, fábula que en base a “trascendidos” publicó La Nueva Provincia (4-1-76). Un mes después del golpe de Estado, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara declaró en la cárcel de Olmos que habían sido detenidos por civiles, “conducidos en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar, y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de tortura”. Madueño y Sierra firmaron la declaración pero hicieron oídos sordos a la denuncia por torturas y nunca reabrieron la canallesca causa de la ambulancia.

Días después del golpe M&S se apersonaron en el Cuerpo V para tomarle declaración a Mario Medina, diputado provincial por el FREJULI hasta la madrugada del 24 de marzo, cuando trescientos soldados fueron a detenerlo. “¿Me van a interrogar así?”, les preguntó Medina, esposado y vendado. Sólo accedieron a sacarle la venda. Cuando abrió los ojos vio al juez, su secretario, y dos soldados que no dejaron de apuntarle con sus ametralladoras durante todo el interrogatorio. El fiscal Córdoba precisó en el pedido de detención que aquel 1º de abril de 1976 Medina y los hermanos René, Rubén y Raúl Bustos fueron retirados del centro clandestino con evidentes signos de torturas y que Sierra firmó todas las declaraciones excepto una, que rubricó Girotti. Sus presencias “tornan ilusoria y antojadiza” la pretensión de Alvarez Canale “de mantenerlos al margen de la autoría de la conducta delictiva que desplegaron junto al entonces juez Madueño”, destacó el fiscal.

El proceso a los profesores de la UNS, publicitado como ejemplo de “lucha contra la subversión cultural”, incluyó golpes y humillaciones a los académicos por parte del subcomisario Félix Alais, un ex AAA que sigue impune. Varios profesores contaron que juez y secretario llegaban a la seccional en compañía del integrista católico rumano Remus Tetu (antecesor de la persecución durante su gestión como interventor de la UNS en 1975), los interrogaban y les sugerían ratificar las declaraciones tomadas por Alais a sopapos si no querían seguir en los calabozos. Luego Sierra “se encargaba de la tortura sicológica de nuestros familiares”, denunció el profesor Carlos Barrera. “¿Desde cuándo tenemos que atender a comunistas?”, renegó el secretario en el juzgado ante el hermano del profesor Mario Usabiaga, quien pretendía conocer los cargos de la acusación.

En agosto de 1976, cuando Madueño se aprestaba a sobreseer a un militante de la JUP, Sierra le recordó que una declaración “no firmada por el declarante ni por los funcionarios interrogantes” lo vinculaba con una acción armada de Montoneros. La ausencia de firmas es comprensible: Daniel Bombara había muerto en la mesa de torturas en manos de los “funcionarios interrogantes”. El juez dejó pasar el temerario consejo de su secretario y sobreseyó la causa. “Frente a los elementos reseñados no hay lugar para predicar, sino como ficción intolerable, la falta de conocimiento por parte de los Secretarios Judiciales sobre la actividad criminal desplegada por el Juzgado”, concluyó el fiscal Córdoba al exigir las detenciones.

Hugo Sierra, ex secretario del juez federal Madueño

“Mi actuación no fue la de un represor”

Por D.M.

La decisión del juez Alvarez Canale de no indagar al ex secretario Hugo Sierra le impide al imputado demostrar su inocencia. Cuatro años atrás, cuando actuaba como defensor de Néstor Montezanti en una causa sobre la relación del camarista con la Triple A, Sierra calificó el juicio a los profesores de la UNS como “totalmente injusto”, no descartó haber tomado declaraciones a detenidos en el Cuerpo V, recordó haber escuchado en la cárcel el relato de la mujer que contó las torturas a Daniel Bombara, y le confió a este cronista que estaba arrepentido de no haber tomado distancia de la justicia antes del golpe de Estado. “Fue el gran error de mi vida”, dijo.

Sierra explicó que “la peor época” a título personal no la vivió en dictadura sino en 1974, cuando recibió “una amenaza escrita a máquina firmada por la AAA”, aunque no pretendía “sacar patente de perseguido”.

Consultado sobre el asesinato y la desaparición del cadáver de Bombara, respondió: “No recuerdo el expediente, sí el caso. La noticia decía que lo quisieron recapturar, se generó un tiroteo y lo mataron. Por otro lado he escuchado la versión que, bueno, no hubo enfrentamiento, que la recaptura fue falsa, que había muerto por torturas.

--No fue una versión. Usted le tomó declaración en la cárcel a dos mujeres secuestradas y torturadas junto con Bombara.

--Sí, tengo idea de haberle tomado declaración a... ¿Qué apellido eran?

--Salto --apunto.

--Sí, padre dirigente... Usted es consciente, Martínez, que pasaron muchos años, años duros, no me empeciné en quedarme en el recuerdo. Las circunstancias en que la habían detenido no las recuerdo.

--¿Recuerda haber tomado declaraciones en el Cuerpo V?

--Pasaron treinta años, no recuerdo, tendría que rastrear en expedientes. No quiero negarlo pero, si ocurrió, fue algún hecho aislado.

Sobre el juicio a los profesores de la UNS, Sierra recordó que “recibía a familiares permanentemente”, pero “decir que los torturaba psicológicamente es una barbaridad”, aseguró. “Alguna vez dije ‘qué raro que este proceso ocurra en Bahía Blanca y no en la Universidad de La Plata o la de Buenos Aires, donde debía haber más infiltración ideológica’” (sic), arriesgó. “Si hubo procesos totalmente injustos fueron esos, contra gente que no eran Montoneros ni ERP ni estaban en acciones armadas: eran profesores. Fueron padecimientos totalmente inmerecidos”, admitió.

“Creo que mi actuación dentro de la situación que se vivía no fue la de un represor”, evaluó. “Nunca tuve amigo ni padrino militar. Sin negar que fui secretario, me duele que se diga que fui cómplice. La de los profesores fue una causa absolutamente injusta. Usted dirá qué hice, por qué no renuncié. A lo mejor debí hacerlo, hoy se ven las cosas desde otra perspectiva. Tenía mucho temor”.

Sierra y Montezanti durante el juicio de 2007.

Una ayudita durante la feria judicial

2011-03-09T02:01:00.000-03:00

DENUNCIAN A UN JUEZ BAHIENSE POR “INTROMISION” EN CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS
El juez Gustavo Duprat, que se había excusado de intervenir en el expediente, desestimó un pedido para que ocho represores fueran detenidos. El Ministerio Público acudirá a la Cámara de Casación y enviará el caso al Consejo de la Magistratura.

El fiscal Abel Córdoba estimó que el juez se inmiscuyó en la causa y vulneró pautas constitucionales.

Por Gabriel Morini, en PáginaI12.

Ocho represores llegarán en libertad al juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca a causa de la intervención del juez de feria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gustavo Andrés Duprat, que en 2009 se había excusado de formar parte de la causa. El fiscal Abel Córdoba, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura en el marco del V Cuerpo del Ejército y había solicitado que los imputados volvieran a prisión, acudirá a la Cámara de Casación por la “intromisión” del magistrado, cuya actuación también será remitida al Consejo de la Magistratura. Duprat desestimó un pedido para revocar las excarcelaciones de los acusados y se negó a habilitar la feria judicial para tratar ese tema. Su decisión fue avalada por los magistrados del TOCF, que terminaron por alertar a los procesados de la existencia de pedidos de detención en su contra en medio de otras fugas que se generaron en esa misma causa.

El 18 de enero, Córdoba pidió al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones para impedir que los acusados permanezcan libres en vísperas de la etapa oral del primer juicio en esa localidad que comenzaría entre el 12 y el 26 de abril. Del mismo modo había solicitado que se habilitara la feria judicial para resolver de inmediato la situación de Héctor Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal, Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Este último, asesor de Miguel Angel Toma y ex funcionario durante el gobierno de Eduardo Duhalde, es uno de los acusados que gozó de mayores privilegios durante el proceso. El argumento del fiscal fue “neutralizar el riesgo procesal que podría llegar a afectar el trámite de la causa de modo determinante y perjudicial”, tal como se había pronunciado la Corte Suprema para las excarcelaciones en causas por delitos de lesa humanidad.

El 20 de enero, Duprat desestimó el pedido del fiscal al considerar que no era aplicable el fallo del máximo tribunal que había invocado Córdoba. “La única fundamentación en que se apoya la solicitud es el novedoso criterio que en materia de excarcelaciones adoptara la Corte”, adujo el juez al ponderar que no había elementos “ni subjetivos ni objetivos” para devolver a prisión a quienes, en algunos casos, ya se habían fugado antes. La fiscalía, cinco días después, solicitó la nulidad de lo actuado por Duprat, que “decidió sorpresivamente intervenir” en un expediente en el que se encuentra “inhibido” de actuar, denunció Córdoba al coordinador de las Unidades Fiscales, Jorge Auat. El juez excusado se negó además a habilitar la feria porque consideró que no existía “razón de urgencia alguna como para justificarla”, al mismo tiempo que, ante otras revocaciones ordenadas, tres represores ya se habían dado a la fuga. “Existe un procedimiento para designar conjueces durante la feria. El juez aprovechó ese incumplimiento para inmiscuirse en la causa y vulnerar pautas constitucionales”, le dijo Córdoba a Página/12. “El acto procesal es inválido porque ha sido cumplido irregularmente, en virtud que el juez se hallaba separado de la causa”, subrayó además el fiscal en su denuncia.

El 30 de noviembre de 2009, Duprat solicitó su propia inhibición para entender en la causa denominada 982 y sus derivadas, alegando “parcialidad” a partir de su alegada amistad con una de las víctimas del terrorismo de Estado. Su excusación fue aceptada en febrero de 2010, con lo que quedó apartado definitivamente, y el tribunal quedó conformado por los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y más tarde por Martín Bava. Córdoba denunció que el desempeño de Duprat para intervenir y dictaminar “conforma un cúmulo de conductas sumamente graves”, que han repercutido “de modo perjudicial” para la causa. Por ese motivo acudirá a la Cámara de Casación para que revoque lo actuado por el juez y además notificó al fiscal general a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. Esa unidad remitirá los antecedentes de Duprat al Consejo de la Magistratura. A pesar de estar relacionado con una de las víctimas, el magistrado ostenta vínculos con la aristocracia bahiense, que siempre jugó a favor de los represores. No es la primera vez que se lo acusa, además, de entorpecer con pequeños obstáculos de procedimiento el normal desarrollo de las causas. Hace pocos días trascendió que el magistrado compartió una cena en el Club Argentino con uno de los imputados, el juez Velázquez, y dos abogados de represores.

El 22 de febrero, el TOCF terminó por avalar la intervención de Duprat y, para resolver sobre el pedido del Ministerio Público, les pidió opinión a los ocho imputados acerca de la validez del pedido. En anteriores oportunidades nunca se compartieron con las partes los pedidos de detención solicitados por la fiscalía, que eran de carácter “reservado”. Obviamente, todos los acusados coincidieron en que no existían motivos para volver a prisión, pero con esa medida también fueron alertados de que Córdoba había ordenado sus detenciones. El TOCF terminó por no hacer lugar a la solicitud, los acusados continuarán excarcelados y podrán asistir al juicio en libertad.

Los soldados de Massot, al banquillo

2011-03-05T18:00:00.000-03:00

Empieza en abril el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca
Habrá, en principio, 19 imputados. Serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura. El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas y tendrá más de 300 testigos.

El represor Julián Oscar “Laucha” Corres, hoy excarcelado, al ser recapturado tras fugarse.

Publicado en PáginaI12.

A 35 años del comienzo de la dictadura, con los íconos locales del terrorismo de Estado en el más allá, Bahía Blanca comenzará a vivir en abril su primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo de Ejército. El proceso se desarrollará en la Universidad Nacional del Sur, donde estudiaba la mayor parte de los jóvenes vistos por última vez en el centro clandestino La Escuelita. Presidirá el Tribunal Oral Federal que debe juzgar a militares, policías y penitenciarios el juez Juan Leopoldo Velázquez, quien departió el jueves hasta la madrugada con los abogados que defendieron en los ’80 al general Adel Vilas, cara visible de la represión ilegal en Bahía, y con Hugo Mario Sierra, secretario durante la dictadura del fallecido juez federal Guillermo Madueño, acusado por su complicidad con los represores por el fiscal federal Abel Córdoba y aún libre e impune por cortesía del juez Alcindo Alvarez Canale.

El proceso incluirá casos de un centenar de víctimas, tendrá más de 300 testigos y, a priori, 19 imputados. Podrían sumarse otros ocho si el tribunal que también integran Beatriz Torterola y Martín Bava acelera los trámites previos a las audiencias públicas. El TOF aún no notificó a las partes, pero reservó instalaciones de la UNS y notificó al Consejo de la Magistratura que el inicio del juicio podría ser el 12 o el 26 de abril.

Fallecidos los principales responsables del Cuerpo V (Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi y Vilas) y prófugo su jefe de Inteligencia Aldo Mario Alvarez, se sentarán en el banquillo seis ex miembros del Estado Mayor: el general Juan Manuel Bayón (teórico de la seguridad nacional, director en 1977 de la Escuela Superior de Guerra), los coroneles Hugo Delmé, Jorge Mansueto Swendsen, Walter Tejada y Hugo Fantoni y el teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez. Murió en enero el coronel Argentino Cipriano Tauber.

Tres imputados prestaban servicios en el Destacamento de Inteligencia 181, donde procesaba la información arrancada en la mesa de torturas el fallecido suboficial Santiago Cruciani. Se trata de los coroneles Norberto Condal y Carlos Taffarel y del teniente coronel Jorge Granada, excarcelado por el TOF a pesar de sus antecedentes: activo en la conspiración que llevó al estado de sitio en 1985, encubridor de Luis Patti tras una orden de captura y prófugo él mismo durante varios meses.

Los otros cuatro militares pertenecían a grupos operativos. El más famoso es el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha, apodo que admitió durante el Juicio por la Verdad y por el que lo recordaban quienes pasaron por La Escuelita. Afectado por un tumor en el estómago luego de fugarse de las narices de la Policía Federal, Corres fue excarcelado y pasa sus días en su casa de Bella Vista. El teniente coronel Miguel Angel García Moreno, condecorado por su actuación en la “lucha contra la subversión”, es más conocido por su rol en el peronismo porteño: fue concejal, asesor de Miguel Angel Toma y director del Registro de las Personas durante el interinato de Eduardo Duhalde. El teniente coronel Jorge Masson comandó la sección Infantería de la Agrupación Tropa. Mario Carlos Méndez, alias “Loco de la Guerra”, integraba la compañía de Comando y Servicios, pero se sumaba a operativos y trabajos en La Escuelita.

Los penitenciarios son Andrés Miraglia y Héctor Selaya, ex jefes de la cárcel de Villa Floresta, donde blanqueaban a los secuestrados. Murió a tiempo, en 2010, el alcaide Leonardo “Mono” Núñez, que simulaba rescatar a los desaparecidos y los encerraba en la cárcel. Los policías son los que actuaron en secuestros en Viedma: Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Carlos Contreras y Héctor Arturo Goncálvez. Tanto los policías como García Moreno, Fantoni, Condal y Méndez llegan a juicio en libertad gracias a la excarcelación que les concedió el juez Gustavo Andrés Duprat, que decidió intervenir en el trámite a pesar de que antes se había excusado.

Duprat también compartió la cena y sobremesa del jueves en el Club Argentino, símbolo de la aristocracia bahiense, con el imputado Sierra, el juez Velázquez y los abogados Rubén Diskin y Luis De Mira, defensores de Vilas en 1987. De Mira defiende a varios marinos imputados por crímenes en la base de Puerto Belgrano. Diskin es abogado del prófugo Alvarez y cuñado de Vicente Massot, director del diario naval La Nueva Provincia.

“De una buena vez y con un número relevante de imputados y de casos se juzgarán crímenes atroces cometidos desde estructuras de poder. Es el logro de víctimas y familiares que bregaron durante años desde el aislamiento y el castigo social, que debieron sumar a los padecimientos de la dictadura”, destacó Córdoba, responsable de la acusación junto al fiscal Horacio Azzolín. “El proceso excede el ámbito de lo jurídico y seguramente repercutirá sobre la formación de quienes estén dispuestos a comprender la dimensión que la represión tuvo en la ciudad, de los pibes que han crecido a la sombra de la negación y el silencio que los sectores responsables de los hechos siguen imponiendo en Bahía Blanca”, reflexionó.

Coherente con las causas injustas

2011-01-30T10:21:00.011-03:00

MURIO EL ARZOBISPO EMILIO OGÑENOVICH

Publicado en PáginaI12.
Durante la dictadura fue cursillista en Bahía Blanca, apoyó la represión ilegal y se negó a interceder por desaparecidos. Con Raúl Alfonsín militó sin suerte contra la Ley de Divorcio. La presidencia de Carlos Menem fue lo más cercano a una bendición divina que conoció: el arzobispado de Mercedes-Luján, que condujo durante 19 años, recibió millones de pesos en subsidios, que retribuyó con elogios al desguace del Estado. El sábado a la madrugada, a los 88 años, murió el arzobispo Emilio Ogñenovich. Su sucesor, Agustín Radrizzani, aseguró que Ñoño, como lo conocían en Mercedes, “regresó a la Casa del Padre”.
Ogñenovich nació en Olavarría en 1923 y se ordenó sacerdote en 1949. Fue párroco de Trenque Lauquen hasta 1975, cuando asumió como vicario general de Bahía Blanca, donde su hermano Danilo fue delegado del Ministerio de Trabajo. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas. Qué otra cosa podían esperar cuando han pregonado hasta el cansancio que nada hay superior al hombre”, predicó el 25 de mayo de 1976. “Mi auto ya va solito para el Cuerpo Quinto”, ironizó ante una mujer que le pidió ayuda por un desaparecido. Al padre de un secuestrado le dijo sin inmutarse: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977.

Ogñenovich fue ordenado obispo en 1979 en Bahía Blanca por Jorge Mayer, que también acaba de morir impune. En 1982 tomó posesión del obispado de Mercedes-Luján. Desde ese cargo participó de la campaña contra la Ley de Divorcio y marchó hacia Plaza de Mayo en una procesión para que Alfonsín vetara la ley, que finalmente se sancionó en junio de 1987.

Con el menemismo alcanzó el paraíso. Una auditoría de la Alianza consignó que recibió en los ’90 cinco millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional y en subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. Otro tanto recibió de manos del gobernador Eduardo Duhalde para su Instituto de Menores. Su hermano Danilo accedió en esos años a la dirección del PAMI, durante la gestión de Matilde Menéndez: terminó procesado por defraudación y violación de deberes de funcionario público.
Ogñenovich fue ascendido a arzobispo en 1997. Dos semanas después, cuando los feligreses silbaron el ingreso de Menem a la Basílica de Luján, reprochó desde el púlpito: “Más que convertirnos en críticos y fiscales de lo que deben decir y hacer los demás, debemos tener la honestidad, la humildad y el coraje de revisar nuestra vida y nuestra conducta moral”, dijo. En 1999, cuando Carlos Ruckauf acusó a Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”, apareció en un aviso de campaña del candidato a gobernador mientras por abajo de la mesa recibía subsidios “no reintegrables” por 200 mil pesos. Ante el propio Ruckauf gestionó la destitución del subsecretario del Consejo del Menor, Miguel Saredi, por investigar el maltrato a menores en el instituto de su obispado. El velatorio de Ogñenovich, en la catedral de Mercedes, concluirá a las once con una misa. Será sepultado en el seminario Santo Cura de Ars.

Con los pies en la polvorosa

2011-01-24T09:35:00.002-03:00

Tras el rechazo a la excarcelación, hay tres prófugos en Bahía Blanca

Luego de un proceso irregular donde se otorgaron excarcelaciones a discreción en las causas por violaciones a derechos humanos en Bahía Blanca, el proceso fue revertido y tres represores permanecen prófugos.

Publicado por Gabriel Morini en PáginaI12

Las excarcelaciones otorgadas a discreción, que fueran recientemente revocadas a represores involucrados en causas pordelitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, dejaron como resultado tres imputados prófugos. Cuando la policía allanó los domicilios que los militares Alejandro Lawless, José Héctor Fidalgo y Raúl Oscar Otero habían fijado en sede judicial, no encontraron a ninguno de los acusados. Mientras tanto, los abogados de los represores ingresaron pedidos de eximición de prisión para intentar disimular el carácter de evadidos de sus representados, pero se espera que sean rechazados por los jueces bahienses y que se dispongan medidas de investigación para lograr dar con su paradero. La situación irregular de las excarcelaciones en Bahía Blanca venía siendo denunciada por el fiscal Abel Córdoba, que lamentó un “nuevo escollo en el proceso” camino a un juicio oral para el que aún no hay fecha fija. El Tribunal Oral Federal de Bahía deberá decidir ahora sobre los nuevos pedidos de la fiscalía para anular otras ocho excarcelaciones.

Lo que el Ministerio Público y los organismos de derechos humanos temían, finalmente sucedió: de las cuarenta y cuatro órdenes de detención que se libraron los primeros días de enero contra represores involucrados en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura en el V Cuerpo del Ejército y de la Armada, tres ya dieron por resultado represores prófugos. Los magistrados Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni habían ordenado las detenciones a partir del pedido de Córdoba, sustentado en fallos de la Corte Suprema sobre la necesidad de extremar precauciones para que los imputados en libertad no obstruyeran el accionar de la Justicia. En estos tres casos, y en los que podrían llegar a sumarse, la Justicia ordenaría desde la captura nacional e internacional, hasta que pase a manos del Estado el dinero y los bienes que los acusados dejaron como fianza para garantizar que se ajustarían al proceso. A su vez, desde la fiscalía solicitarán que se pongan en marcha los mecanismos de investigación para encontrarlos y que se ofrezca una recompensa por datos sobre su paradero.

Ni Fidalgo ni Otero ni Lawless estaban en las direcciones que habían fijado en la Justicia como lugar de residencia permanente. La situación no es nueva para Lawless –subteniente en el Batallón de Comunicaciones 181–, que estuvo fugado durante un año, sin que esto representara un obstáculo para que fuera beneficiado con la excarcelación, luego de apenas unos días de detención. El teniente coronel Otero, que jamás logró ser detenido en todo el proceso previo al juicio pese a estar acusado de 87 delitos, es gerente en una agencia de seguridad privada: Eulen de Seguridad SA forma parte de un grupo multinacional que incluye servicios de vigilancia, y que puso a Otero a cargo de la filial que abrió en territorio bonaerense. Con esta revocatoria, su situación es nuevamente la de prófugo. El negocio de las agencias de seguridad privada posibilitó a Otero y a otros represores acceder a los medios necesarios para evadir a la Justicia. La utilización de guardias que dan aviso de los allanamientos y cubren la retirada y de teléfonos satelitales para impedir intercepciones son algunas de las maniobras que algunos imputados han aprovechado de la logística que administran. En paralelo, sus abogados presentan medidas de eximición de prisión. “Se colocan primero en situación de prófugos y luego comienzan a tramitar las excarcelaciones indefinidamente”, dijo a Página/12 el fiscal Córdoba, que se quejó del perjuicio de “no tener asegurada la presencia de los imputados” a esta altura del proceso y del “nuevo escollo” que representa para las causas denominadas “04/07” y “05/07”.

Ahora, el TOF de Bahía Blanca deberá decidir si hace lugar al nuevo pedido del fiscal para que se anulen las excarcelaciones a los imputados Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forcheti, Héctor Jorge Abelleira, Carlos Alberto Contreras, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Condal y Mario Carlos Méndez. La medida también incluye al ex teniente coronel Miguel Angel García Moreno, quien se desempeñó durante el interinato de Eduardo Duhalde nada menos que como director del Registro Nacional de las Personas y supo ser diputado, asesor de Miguel Angel Toma y legislador porteño.

Por otro lado, la mayoría de los represores a los que se les revocó la excarcelación en esta última medida judicial, ya no están libres. Por la causa Armada: Carlos Büsser, Eduardo Fracassi, Angel Martín, Edmundo Núñez, Carlos Padula, Leandro Maloberti, Guillermo Botto, Hernán Payba, Domingo Negrete, Oscar Castro, José Luis Ripa, Enrique de León, el ex comisario bonaerense Víctor Fogelman, el penitenciario Héctor Luis Selaya, y los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydy esperarán el juicio oral detenidos. Hugo Mac Gaul, por su parte, está internado en un hospital, pero bajo custodia. Se descompensó cuando se enteró de que integraba la lista de los que debían volver a prisión, informaron sus familiares. En tanto es inminente la detención de Luis Pons, que también intentó evadir su captura cambiando de ubicación. Según cada caso, se los derivó al penal de Marcos Paz, o quedaron confinados en sus domicilios. En la denominada causa Ejército, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Hugo Delme, Juan Manuel Bayon, Manuel Villegas, Jorge Mansueto Swendsen, Arsenio Lavayen, Osvaldo Laurella Grippa, Carlos Arroyo, Osvaldo Páez y el penitenciario Andrés Miraglia también fueron apresados. La fiscalía tiene pendiente saber cuál fue el resultado del operativo con respecto a Carlos Stricker, Guillermo Obligio, Fernando Videla y Tomás Carrizo. En tanto, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González y José María Martínez –de la localidad de Junín de los Andes– fueron capturados por Gendarmería y ya se encuentran en la Unidad penitenciaria Nº 5 de General Roca.

De regreso a las celdas

2011-01-14T09:19:00.001-03:00

REVOCAN LAS EXCARCELACIONES DE CASI CINCUENTA REPRESORES DE BAHIA BLANCA

Se trata de acusados de delitos de lesa humanidad que esperaban el inicio de sus juicios en libertad. En base a pedidos del fiscal y a nuevos criterios de la Corte Suprema, los jueces ordenaron que fueran detenidos.

El juez Alcindo Alvarez Canale y el fiscal Abel Córdoba.

Publicado en PáginaI12.

Los represores que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta durante la última dictadura deberán esperar el juicio en prisión preventiva. Luego de insistentes pedidos del fiscal federal Abel Córdoba y en base a fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron extremar las precauciones para evitar que los imputados obstaculicen o burlen el accionar del Poder Judicial, los jueces federales Alcindo Alvarez Canale y Eduardo Tentoni revocaron las excarcelaciones de cuarenta y cuatro militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios, procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

“Los fallos reflejan los criterios en los que tanto insistió el Ministerio Público y corrigen una situación escandalosa que beneficiaba al noventa por ciento de los imputados”, celebró el fiscal. “Contribuyen a asegurar el proceso de justicia, imprescindible por la demora que existe”, agregó Córdoba, en referencia a los quince meses transcurridos desde que el primer tramo de la causa se elevó al Tribunal Oral que integran Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola. “A cada pequeño paso le sigue una paralización de la que se sale luego de numerosos planteos, para luego volver a detenerse. El proceso en Bahía marcha sobre ruedas cuadradas, de ahí la falta de progreso, pese a lo mucho avanzado, lo poco que resta y todo lo que significaría para las familias, las víctimas y la sociedad”, destacó el fiscal, que en septiembre entregó las pruebas del juicio, último paso antes de la fijación de la fecha de inicio del proceso.

La postura de la Cámara de Casación Penal que permitía dictar excarcelaciones automáticas se revirtió el 30 de noviembre. En base a argumentos de la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación, el alto tribunal puso fin a la libertad de varios represores y estableció nuevos parámetros a la hora de dictar la prisión preventiva. Ordenó analizar los riesgos procesales derivados de las liberaciones, las estructuras de poder que integraban los imputados y sus actividades remanentes. Recordó la desaparición aún no esclarecida del testigo Julio López y la extraña muerte del prefecto Héctor Febres días antes de escuchar su sentencia, interpretó –en contra del criterio de Casación– que las excelentes condiciones familiares, sociales y económicas de la mayor parte de los represores eran precisamente las ideales para frustrar los procesos, destacó el compromiso internacional de garantizar los juicios asumido por el Estado y la necesidad de neutralizar riesgos.

En los primeros días de diciembre, con los argumentos de la Corte, el fiscal Córdoba pidió las detenciones del ex prófugo Alejandro Osvaldo Marjanov (cuñado de Luis Rabbi Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Salta, quien reclamó en persona “la mayor discreción posible” a los policías que allanaron la casa del militar) y del ex cabo baqueano Raúl Artemio Domínguez, ex guardia del centro clandestino La Escuelita, que había formulado declaraciones públicas contra un testigo. Alvarez Canale rechazó el pedido. El 5 de diciembre la Cámara Federal local accedió a los fundamentos del fiscal en el caso del ex policía Osvaldo Floridia, también excarcelado por Alvarez Canale, y el 23 aplicó los criterios de la Corte en los casos de los coroneles Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Farías Barrera. Con esos antecedentes, Córdoba reclamó las 44 revocatorias.

Las resoluciones de Alvarez Canale y Tentoni se produjeron el jueves y el viernes pasado. Varios imputados se enteraron antes de ser notificados, porque sus abogados se anticiparon a reclamar eximiciones de prisión mientras sus clientes procedían a guardarse. Los allanamientos en los domicilios de Alejandro Lawless, Norberto Condal y José Héctor Fidalgo dieron resultado negativo, por lo que pronto podrían convertirse en prófugos. Su abogado es el teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez, quien supo ufanarse de haber estado “un par de veces” en La Escuelita.

Hasta ayer, según trascendidos, la mayor parte de los marinos estaban detenidos. Se trata de Guillermo Botto, Carlos Büsser, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Eduardo Fracassi, Eduardo Morris Girling, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Angel Martín, Domingo Negrete, Enrique De León, Edmundo Núñez, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Pons y José Luis Ripa. También los prefectos Carlos Cornelli y Francisco Martínez Loydi, y el ex comisario Víctor Fogelman. En la causa del Ejército, la medida alcanzó a Juan Manuel Bayón, Jorge Mansueto Swendsen, Osvaldo Páez, Hugo Delmé, Walter Tejada, Ricardo Gandolfo, Carlos Sticker, Alejandro Lawless, Osvaldo Laurella Crippa, Raúl Otero, Felipe Ayala, Armando Barrera, Bernardo Cabezón, Gabriel Cañicul, Andrés González, Arsenio Labayén, José María Martínez, Fernando Videla, Carlos Arroyo, José Fidalgo y Miguel Villegas, y a los penitenciarios Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya.

Marinos con procesamientos confirmados

2011-01-08T10:36:00.002-03:00

Fallos sobre represores que actuaron en las bases de Puerto Belgrano y Baterías

Entre los involucrados están los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales.

La base naval de Puerto Belgrano, donde actuaron los represores cuyos procesamientos fueron confirmados.

Publicado en PáginaI12

El proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca avanza a paso cansino. Mientras los imputados por secuestros, torturas y asesinatos en La Escuelita del Quinto Cuerpo de Ejército pasan sus días en libertad, a la espera de que el Tribunal Oral Federal local de digne a fijar fecha para iniciar el proceso, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de un grupo de marinos por delitos en las bases de Puerto Belgrano y Baterías. El listado incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, que encabezó el desembarco en Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales que comparte banquillo con Astiz, Acosta & Cía. en el interminable primer juicio de la ESMA.

Los tiempos del Poder Judicial siguen jugando a favor de la Armada. El 21 de diciembre, en Mar del Plata, el contraalmirante Roberto Pertusio y el capitán de navío Justo Ortiz se convirtieron en los primeros dos marinos condenados desde 1985 por crímenes durante la dictadura. Al ritmo actual y de no surgir imprevistos de última hora como en el juicio al finado Héctor Febres, el puñado de represores de la ESMA que juzga el Tribunal Oral Federal 5 escuchará su sentencia a mediados de 2011. Los marinos que actuaron en Bahía Blanca y Punta Alta están en una etapa anterior, con procesamientos confirmados. Aún más venturoso es el futuro de los camaradas que compartieron el circuito Camps con la Policía Bonaerense en La Plata, Berisso y Ensenada, donde sólo está procesado el capitán Juan Carlos Herzberg, condenado en diciembre por una apropiación ilegal.

En Bahía Blanca, sede del mayor enclave naval del país, el panorama no es menos desolador. El año pasado murieron impunes el general Adel Vilas, jefe de subzona y cara visible del terrorismo de Estado, el ex juez federal Guillermo Federico Madueño (miembro hasta 2004 del mismo TOF-5 que ahora juzga ESMA y hermano de Raúl Madueño, miembro de la Cámara de Casación Penal) y el ex alcaide Leonardo Núñez, alias “Mono”, que simulaba rescatar a los desaparecidos cuando el Ejército los tiraba en las afueras de las ciudad para encerrarlos en la cárcel de Villa Floresta.

Diferente al del Poder Judicial es el panorama en la sociedad bahiense, que de la mano de su juventud y de los familiares de las víctimas recupera la memoria, exige justicia e indirectamente genera cambios de actitudes en algunas instituciones de la ciudad. El mes pasado, tras la muerte del condenado dictador Emilio Massera, más de trescientas personas hicieron un escrache histórico frente al diario La Nueva Provincia, que despidió al ex almirante con honores, y reclamaron justicia por los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, criminalizados por la familia Massot por su actuación gremial en los años previos al golpe de Estado y fusilados en 1976 luego de permanecer tres días desaparecidos. La apología del criminal Massera fue repudiada por el Concejo Deliberante, por el consejo superior de la Universidad Nacional del Sur y por las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otros.

En ese contexto se conocieron las resoluciones de la Cámara sobre los marinos. El 10 de diciembre, los jueces Augusto Fernández y Angel Argañaraz confirmaron procesamientos que quince meses antes había resuelto el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni. Antes, el fiscal federal Abel Córdoba debió presentar pedidos de pronto despacho, recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia y plantear las demoras a la comisión interpoderes. La resolución está vinculada a un grupo de dirigentes peronistas secuestrados el 24 de marzo de 1976 y encerrados en los camarotes del crucero 9 de Julio en la dársena de Puerto Belgrano. Los mismos jueces más Ricardo Planes confirmaron el 29 de diciembre procesamientos por casos de desaparecidos vistos por última vez en la sexta batería histórica, como Cora Pioli, Horacio Russin, Néstor Grill, Jorge Del Río, Daniel Carra y Gerardo Carcedo.

Los imputados que están ahora más cerca del juicio, además de Büsser y García Tallada, son el vicealmirante Eduardo René Fracassi, el contraalmirante Angel Lionel Martín, los capitanes de navío Guillermo Martín Obiglio, Guillermo Félix Botto, Hernán Lorenzo Payba, Hugo Andrés José Mac Gaul, Gerardo Alberto Pazos, José Luis Rippa, Oscar Alfredo Castro, Eduardo Morris Girling, Enrique De León y Edmundo Oscar Núñez, los capitanes de fragata Tomás Hermógenes Carrizo y Leandro Marcelo Maloberti, y el capitán aviador Domingo Ramón Negrete. También tienen procesamientos confirmados el coronel Argentino Cipriano Tauber, los prefectos Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, el prefecto mayor del servicio penitenciario Héctor Luis Selaya, y el ex comisario de la Policía Bonaerense Víctor Fogelman, el mismo que condujo la investigación del homicidio de José Luis Cabezas.

Basta de silencio cómplice

2010-12-09T18:23:00.002-03:00

Contra el diario La Nueva Provincia

(Redacción EcoDias) - Convocado por varias agrupaciones, se realizó en Bahía Blanca el repudio al accionar del diario La Nueva Provincia, a su apoyo a genocidas y a la defensa constante de los intereses que representa. Se escucharon discursos de adhesión, y como cierre la proyección de una película, musicalizado todo por los cantos de repudio y chiflidos.

Unas 300 personas marcharon desde la Plaza Rivadavia hasta los frentes de Rodríguez 55, donde se ubica la sede del diario La Nueva Provincia y la radio LU2. Muchos jóvenes y varias banderas de agrupaciones le dieron color a un legítimo e histórico escrache.
Se pudo escuchar el marco histórico en la voz del ex fiscal Cañón, quien remarcó el rol cómplice que jugó y juega este medio en la historia de terror que se vivió en nuestra ciudad y que se extiende hasta nuestros días, en que los juicios a represores no se realizan y lo común, a diferencia de otras ciudades del país, son los pasos cortos y lentos de la justicia que no llega.
Con un prolongado aplauso, se hizo memoria a Heinrich y Loyola, los dos trabajadores de los talleres gráficos del diario La Nueva Provincia que fueron secuestrados, torturados y asesinados en el año 1976. Ellos formaban parte del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca y venían sosteniendo desde hacía dos años las reivindicaciones laborales de los empleados de la empresa, por lo que se habrían ganaron ser detestados por los Massot. El diario les dedicó a sus trabajadores asesinados unas pocas líneas al momento en que fueran encontrados sus cuerpos en la Cueva de los Leones, con claros signos de tortura y más de 50 balazos. Nunca más en el diario una línea al respecto. Nunca más una voz que salga a romper con el silencio cómplice.
Por estos y otros miles de ejemplos, es que en la tarde del 24 de noviembre una multitud se acercó a gritarle en las puertas, custodiadas por efectivos policiales, que la Memoria sigue viva, que no hay perdón ni olvido para los culpables del genocidio y sus cómplices, sean militares o civiles.
Nuevamente, es lamentable no haber contado en este evento histórico en la ciudad de Bahía Blanca con la presencia de representantes de los poderes legislativo y ejecutivo municipal. No es de sorprender, ya que el intendente Breitenstein es el principal favorecido por las tapas del diario fascista y las precarias encuestas con las que se lo trata de respaldar y empujar hacia la aceptación pública, pese a los persistentes errores y boquetes que se van dejando en las políticas que sostiene él y su gestión. Algunos dirigentes políticos, y un par de concejales, que no pudieron cubrir la ausencia institucional, tampoco sorpresiva, habida cuenta de los dineros que en materia publicitaria dispenda Ciccola para con el monopolio.

Voces de repudio
Varios sectores se pronunciaron repudiando el editorial nefasto de recuerdo al genocida Massera.
Por caso, la Comisión Ejecutiva de la CTA BAHÍA BLANCA-DORREGO expresó su más enérgico repudio por la nota publicada el 09/11/10 en el diario La Nueva Provincia en la que se reivindicaba (como ha hecho con otros represores) la personalidad y actuación del ex almirante Emilio Eduardo Massera, vertiéndose la falacia de "guerra civil" que el estado terrorista utilizó para cometer delitos de lesa humanidad.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Bahía Blanca (ATE) rechazó los términos vertidos por el diario La Nueva Provincia en ocasión del fallecimiento de Emilio Massera: "Ni el tiempo transcurrido desde los terribles acontecimientos que empañaron nuestra historia y diezmaron una generación, ni los juicios, ni las sentencias, condenas y castigos parecen funcionar en este caso cuando se trata de convertir lo que debería haber sido un comentario periodístico o un escueto obituario en un verdadero panegírico".
El gremio estatal planteó que "No tiene demasiado sentido analizar párrafo por párrafo. Los que vivimos los sucesos, los podemos contar. Eso sí, hay muchos que no podrán hacerlo, simplemente porque los mataron cobarde y oscuramente. Nos queda a los vivos mantener intacta la memoria". De allí, "adherimos a toda expresión de repudio, y nos solidarizamos con las familias de las víctimas de la represión genocida".
También las universidades locales hicieron llegar su repudio. Desde el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur resolvieron declarar el repudio a la reivindicación del Terrorismo de Estado y la exaltación de la figura de Emilio Eduardo Massera realizada editorialmente a posteriori de la muerte del genocida.
Además, reafirma la UNS su firme compromiso con las instituciones de la República y su enérgica condena a todo régimen e ideología que fomente por acción, omisión o amparo, la violación de los derechos humanos. Todo esto por supuesto lo afirman considerando que fue Emilio Eduardo Massera el que integró la primera Junta Militar constituida luego del derrocamiento al régimen democrático, que comenzó con la "sangrienta dictadura que llevó a cabo un plan sistemático de exterminio que planificado desde el estado y ejecutado en la clandestinidad, se tradujo en el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de seres humanos que en su enorme mayoría fueron arrancados de sus hogares a los que jamás volvieron y se les negó a sus familias el derecho a conocer su destino final".
No olvidó de mencionar el órgano de gobierno universitario que "Massera fue condenado en 1985 a cadena perpetua y destituido por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, tormentos y robo" y que "el mensaje del editorial de La Nueva Provincia resulta incompatible con los pronunciamientos y actividades mencionadas en los considerandos anteriores y con los principios establecidos en el Art. 2º del Estatuto de la UNS que establece que la universidad tiene como fin la formación integral de sus miembros, capacitándolos para el ejercicio de las actividades científicas y profesionales, e inculcándoles el respeto a las normas e instituciones de la Constitución Nacional".
Por su parte, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca, por medio de un comunicado firmado por Liberto Ércoli y Ariel Egidi, rector y secretario del Consejo Directivo, respectivamente, manifestó públicamente el profundo desagrado y rechazo generado en el ámbito de esa casa de altos estudios por los contenidos del artículo sobre Massera del diario La Nueva Provincia.
La UTN evaluó como necesario sentar posición ante la sociedad en el sentido del rechazo al contenido del artículo, por considerarlo contrario a sus valores institucionales, teniendo en cuenta que "se pone en duda la valoración del terrorismo de Estado como método sustitutivo de la ley y el orden emanados de la Constitución Nacional. Que la comunidad educativa de la Facultad basa su Misión Institucional en los valores democráticos. Que los claustros de las universidades públicas se encuentran entre los más afectados por el accionar del terrorismo de Estado".
Se aguarda sí que el Honorable Concejo Deliberante se expida institucionalmente, frente a semejante ataque a la democracia y la pérfida reivindicación del terrorismo de estado que le costó a la nación nada menos que las vida de 30 mil personas y cientos de niños privados de su identidad. Días atrás, después de la sesión en que la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad ocupara la Banca 25, varios concejales repudiaron el contenido del editorial de Massera. Sin mucha difusión periodística, hicieron lo políticamente correcto frente a integrantes de Derechos Humanos. Una vez que éstos se retiraran, no tuvieron la capacidad de tratar sobre tablas el repudio a diario de Massot.

Ausencias
El delegado local de la Autoridad Federal de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gustavo Mandará, pegó el faltazo a la manifestación, quizás temiendo alguna represalia de sus anteriores patrones o alguna pregunta incómoda por parte de los jóvenes militantes ante quien se regodea de haber sido la pluma más prolífica del diario La Nueva Provincia..
En una misma senda con su no participación en la defensa de la Ley de Medios, tampoco se vieron los rostros de periodistas que son la cara visible de los informativos televisivos. Al cierre de esta edición, poca era la difusión mediática que había tenido el concurrido evento de repudio, un repudio que tuvo mucha visibilidad nacional y poca local.

Histórico: la UNS repudia a La Nueva Provincia

2010-11-19T14:42:00.012-03:00

Histórico: la Universidad Nacional del Sur repudia por primera vez la reivindicación del terrorismo de Estado por parte del diario La Nueva Provincia con motivo de la muerte del condenado ex almirante Emilio Massera. Se trata de la misma universidad que fue víctima en 1975 del juicio por "infiltración ideológica marxista" impulsado por el diario de los Massot, donde la Triple A que tenía como cara visible a un editorialista de LNP asesinó al dirigente estudiantil David Cilleruelo, y se trata también del diario que aún no rindió cuentas por el asesinato de sus obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.

"La Nueva Provincia": militar y católica

2010-11-11T00:54:00.002-03:00

Por Fortunato Mallimaci *

“En un periquete, Néstor Kirchner activó a su
Congreso remolón y le mandó instalar el Día del
Guerrillero, que de eso se trata, y no del llamado
Día de la Memoria... instalando en los niños de
las escuelas la idea de que ellos eran sólo unos
pobres muchachos románticos.”
LNP, 18 de marzo 2006

Una vez más, elogiando al militar degradado y condenado Emilio Massera, el diario de la familia Massot mostró su admiración por los terroristas de Estado y su odio visceral a la democracia y a la ampliación de derechos “a otros y a otras”. Nada nuevo bajo el sol para los que nacimos, vivimos y militamos en nuestra juventud bajo la hegemonía mediática de La Nueva Provincia, LU2 y Canal 9 en Bahía Blanca. Por eso, la mayoría de las manifestaciones populares en los ’60 y ’70 tenían por objetivo las vidrieras del diario local.

La guerra justa, la guerra santa y la cruzada a muerte contra todo aquello que sonara a “subversión” y que contrariara sus principios “occidentales y cristianos”, encontraron en sus páginas, en sus comentarios radiales y televisivos un estruendoso eco, apoyo, financiamiento y difusión. Eran coherentes, estaban convencidos, no dudaban, luchaban hasta el final, se sentían cumpliendo una misión sagrada a fin de conseguir sus objetivos no celestiales sino bien terrestres: el mejor enemigo es el enemigo muerto, torturado, detenido-desaparecido. Propagaron la consigna de que la sangre de los “subversivos” era necesaria para redimir la Argentina católica, la auténtica, la verdadera.

Fueron –y son– voceros del poder militar, político, económico, sindical, eclesiástico y académico de la ciudad y la región. Ningún actor dominante quería –quiere– prescindir de su apoyo. Por eso también combatieron –y combaten– toda expresión democrática y popular.

En la década del ’70 –mucho antes de que el golpe cívico-militar–religioso de 1976– colaboraron con la Triple A en el señalamiento y la eliminación de numerosos militantes que cuestionaban sus valores de orden, patria, familia y dios. ¡Cuántos amigos y amigas fueron masacrados en Bahía Blanca y alrededores con y por sus denuncias, sospechas y fichajes! Festejaban cada uno de esos asesinatos junto a sus amistades de la Base Naval de Puerto Belgrano o del V Cuerpo de Ejército. Encubrieron y justificaron todos los crímenes. Sus elogios a Saccheri, Tortolo, Remus Tetu, Massera o al general Vilas inundaron sus páginas queriendo mostrar que “eso” era todo el país, toda la Argentina.

Tocaron el cielo con las manos el 24 de marzo de 1976. Eran católicos y militares hasta los tuétanos y así concibieron el exterminio de los enemigos internos de uno y otro lado. Su sistemática prédica contra el cristianismo liberacionista y la militancia popular es apenas una muestra de ese vínculo perdurable.

Fue uno de los pocos –quizás el único– medio periodístico que tuvo conocimiento previo de la aventura de Malvinas. Y su apoyo fue nuevamente total. ¡La guerra, siempre la guerra, los entusiasmaba!

La democracia no estaba ni está en sus planes. Los perturba y los disloca. La sangre de los dos delegados gremiales de La Nueva Provincia y de los cientos de presos, asesinados y detenidos-desaparecidos en Bahía Blanca mancha a los Massot y sus cómplices locales y nacionales. Cómo olvidar la larga lista de “personalidades” que, sin pudor, publicaron obituarios en el diario La Nación el día de la muerte de la dueña del diario, Diana Julio de Massot, hace pocos meses.

También los desestabilizan los actuales logros en la búsqueda de justicia. Los Juicios por la Verdad, impulsados en soledad por el fiscal Cañon, mostraron que aun en ciudades que se suponen disciplinadas y controladas es posible abrir brechas y recorrer el camino de memoria y verdad.

En estas semanas están por comenzar los juicios a los responsables del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Cuando las sentencias sean dadas, los culpables sean encarcelados y podamos reivindicar a todas nuestras víctimas, veremos que más allá de las escandalosas tapas de La Nueva Provincia hay crecientes sectores de la sociedad bahiense que se indignan y alimentan nuevas esperanzas. Los que creyeron manejar vidas, tiempos y alegrías están ya rindiendo cuentas.

* Doctor en sociología.

Mi marino favorito

2010-11-10T00:48:00.000-03:00

EL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA DESPIDIO CON ELOGIOS AL DICTADOR EMILIO EDUARDO MASSERA

El diario aseguró que el máximo responsable de los crímenes de la ESMA “demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo, que lo honra”. Vicente Massot, director del medio, fue visitante de la ESMA y viceministro de Carlos Menem.

Publicado (sin firma) en PáginaI12.

Emilio Eduardo Massera “demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo, que lo honra”. Su muerte despertó “la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar”. El elogio a la honorabilidad de uno de los mayores iconos del terrorismo de Estado y la crítica solapada a millones de personas que en todo el mundo lo despreciarán hasta el final de los días por golpista y asesino cerraron la necrológica que le dedicó ayer el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. El artículo, que circuló por redes sociales y cosechó muestras de rechazo generalizadas, refleja la línea editorial histórica del diario de la familia Massot, portavoz de la Armada y de los sectores integristas de la Iglesia Católica, que aplaudió todos los golpes de Estado de la segunda mitad del siglo pasado y que aún se permite dudar si estuvo “bien o mal aplicar los métodos antiterroristas” que convirtieron a la Argentina en símbolo universal de la desaparición forzada de personas. Como conocen los lectores de Página/12, se trata también del diario donde trabajaban los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados gremiales secuestrados, torturados y fusilados en 1976 luego de enfrentar durante años a la patronal de La Nueva Provincia, que dio la noticia en veinte líneas y nunca rindió cuentas ante el Poder Judicial.

El almirante

“Falleció el almirante Massera”, provocó La Nueva Provincia desde el título, simulando ignorar que había perdido su condición de marino luego de la condena a prisión perpetua en el juicio a los ex comandantes de 1985. En la nota sin firma se reconoce la pluma del director Vicente Massot, visitante de la ESMA en plena dictadura y ex viceministro de Defensa de Carlos Menem, cargo al que debió renunciar luego de reivindicar la tortura.

La semblanza recorre las internas navales, destaca las “dotes de negociador y conductor político” de Massera y la división que sus ambiciones personales provocaron en la Armada. Junto con Isaac Rojas fueron los dos únicos almirantes que durante el siglo XX “despertaron pasiones encendidas a favor o en contra, poco importa” para el editorialista. Massera “tuvo especial protagonismo a partir del pronunciamiento militar (sic) del 24 de marzo de 1976”, aunque “no fue la mezcla de Maquiavelo y asesino serial que han pintado sus enemigos, tan feroces a la hora de enjuiciarlo con la pluma como lo habían enfrentado antes en esa tremenda guerra civil (sic) en la cual ellos llevaron la peor parte”, que Massot nunca se dignó a contar en sus páginas.

Recuerda La Nueva Provincia que Massera “tuvo la descomunal y trágica potestad a la vez de ser –junto a los otros miembros de la Junta de Comandantes– dueño de la vida y de la muerte de las personas, algo que ni siquiera Rosas en el siglo XIX y tampoco Perón en el siguiente tuvieron en esa escala”. “A veces ese poder se usó mal”, admite Massot. No especifica si refiere a cuando robaban criaturas, cuando arrojaban monjas y Madres de Plaza de Mayo desde aviones en vuelo o sólo cuando torturaban y mataban. Luego justifica una vez más el genocidio criminalizando a las víctimas: “Todas las formas de guerra irregular terminan de la misma manera: al terror se le opone el contraterror”.

Igual que en 1993, cuando como funcionario del presidente Carlos Menem defendió los ascensos de los capitanes Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón (entonces impunes, hoy a punto de recibir su primera condena), Massot se permitió dudar sobre la legitimidad del Estado para secuestrar, torturar, matar y desaparecer personas. “Si hicieron bien o mal en aplicar los métodos antiterroristas por todos conocidos es algo que seguirá siendo materia de discusión por espacio de décadas”, aseguró ayer La Nueva Provincia, que nunca publicó con qué interlocutores debate el tema. Luego, una vez más, el aplauso: “El flagelo subversivo fue cortado de raíz, ahorrándole males inimaginables al país”. La crítica a la dictadura se limita a “las rencillas absurdas entre los miembros de la primera junta y la incapacidad para acometer los cambios de fondo que la Nación pedía a gritos”.

Claro y preciso

El interlocutor naval de confianza de la directora de La Nueva Provincia durante la dictadura, Diana Julio de Massot, no era Massera, sino el contraalmirante Luis María Mendía, el mismo que informó a 900 oficiales en el cine de la base de Puerto Belgrano sobre la “muerte cristiana” desde las alturas que iban a aplicar las tres Fuerzas Armadas. Diez meses antes del golpe de Estado, sin embargo, el diario ya celebraba el trabajo sucio de la Armada y elogiaba en sus páginas las arengas de Massera, designado al frente de su fuerza por Juan Domingo Perón.

“La Armada vive en guerra y participa con la energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”, afirmó Massera en la base Puerto Belgrano, el Día de la Armada, al lado de la presidenta Isabel Perón y su gabinete. Con las tribunas del estadio repletas, el marino habló aquella tarde sobre su vocación democrática, su convicción sobre “la libertad individual como bien más preciado inherente a la naturaleza humana”, pero diferenció a “los subversivos” y aseguró que la Marina estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos” (LNP 17.5.75).

Fue “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza y el rol que las Fuerzas Armadas deben cumplir”, lo elogió el mismo día La Nueva Provincia, y reafirmó: “No se trata de comprometerse con la letra fría de la Carta Magna, sino de solidarizarse con lo que ella consagra para el bienestar de la familiar argentina”. En noviembre, mientras se orquestaba el asalto al poder, Massera contaba al periodismo local que “ya hace tiempo que la Armada está actuando contra la subversión”, aunque “en una forma más silenciosa” que el Ejército (LNP 20.11.75).

El 24 de marzo, en un editorial titulado “Refundar la Patria”, la dirección del diario sostuvo que “la Argentina es una nación occidental y cristiana”, enumeró como enemigos “al aparato subversivo, el ‘sacerdocio’ tercermundista, la corrupción sindical, los partidos políticos”, entre otros, y encomendó “destruirlos allí donde se encuentren, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse la segunda república”.

Seis meses después, mientras el secretario de redacción Mario Gabrielli publicaba fotos junto a Massera y paseaba en la fragata Libertad por Europa, La Nueva Provincia le dedicó al hombre fuerte de la ESMA un editorial repleto de elogios. Su discurso “contiene los fundamentos de un anhelo que es común a la ciudadanía”, aseguró. Destacó uno en particular: “aniquilar a la subversión, tanto si empuña un arma como si distribuye un panfleto o miente y desvirtúa para confundir” (“El almirante Massera y la realidad”, LNP, editorial, 19.9.76).

Contra la amnesia

2010-09-23T09:48:00.001-03:00

Semanario Ecodías, Bahía Blanca.

Acto en Humanidades de la UNS

Más de un centenar de personas se dieron cita en el hall del edificio universitario de 12 de octubre y San Juan, para recordar a diez estudiantes de carreras humanísticas de esa casa de estudios que resultaron víctimas de la represión estatal y paraestatal de la década del '70.
El emotivo acto incluyó una exposición pictórica en memoria de los asesinados y desaparecidos. Además, se entregaron copias de los legajos de las víctimas a sus familiares y amigos.

Patricia Elizabeth Acevedo. Daniel Osvaldo Carrá. Armando Alberto Fioriti. Hugo Alfredo Fuentes. Mónica Susana González Bello. María Griselda Izurieta. Zulma Araceli Izurieta. Víctor Eduardo Oliva Troncoso. María Elena Peter. Cora María Pioli. Liliana Pizá.
Leídos por el poeta Mario Ortiz, sus nombres fueron saludados con el grito de "¡Presente!" por las más de cien personas que colmaron las instalaciones de la Biblioteca Marasso y obligaron a trasladar el acto de homenaje al hall del edificio de 12 de Octubre y San Juan, donde se encuentra el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.
Sus nombres ya estaban presentes en el edificio. La sala de la lectura de la biblioteca de Humanidades hace tiempo que deja ver en sus muros la lista de las personas desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura militar. Son los nombres de estudiantes de las carreras que el departamento dictaba al momento de sus asesinatos o desapariciones.
El pasado lunes 13 de septiembre fueron recordados en un acto organizado por la Biblioteca "Arturo Marasso", la dirección departamental de Humanidades y la Cátedra Libre de Derechos Humanos que ese cuerpo inauguró en 2006. Participaron familiares, amigos y ex compañeros de las víctimas de la represión estatal y paraestatal, y sumaron sus voces autoridades universitarias, docentes y estudiantes. Además, el artista plástico Jorge González Perrín expuso pinturas que retrataban a tres de sus compañeros asesinados o desaparecidos.

La cátedra
Matizados por los poemas leídos por la bibliotecaria Elena Bonora, cada uno de los oradores del acto tuvo el espacio para brindar sus impresiones acerca del acontecimiento.
Tras la presentación de Ortiz, la docente Fabiana Tolcachier refirió el interés que motivó la creación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y lo relacionó con la especial significancia que cobró el acto: "Creemos que es necesario empezar por casa. La institución debe saldar esa deuda que tiene con su propia comunidad departamental, que sufrió lo peor de los años de hierro".
"Reconocemos que este acto de memoria llega en forma tardía. Pasaron más de tres décadas, lo que evidencia que no resulta fácil enfrentar el pasado traumático y todo lo que pervive de la dictadura en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones", reflexionó Tolcachier antes de enfatizar la importancia que cobra, en tal sentido, el concepto de "memoria ejemplar", esbozado por Teodorov.

El artista
Tres retratos imponentes decoraban el hall de Humanidades. Su creador, el artista Jorge González Perrín, se hizo presente para acompañar a los familiares y amigos de las víctimas en el momento del sentido homenaje.
"Muchas veces encuentro en las imágenes de otros artistas que sigue predominando el mensaje de terror. Yo, por el contrario, trato que estas imágenes rescaten de todos nuestros compañeros su aspecto vital, que los llevó a que en este momento lo estemos recordando. Esta es una energía que no termina jamás", explicó sobre su opción artística a la hora de pintar.
Antes de expresar su deseo de que las obras moren en forma permanente en los pasillos del edificio, González Perrín recordó que "nuestros compañeros tenían como meta un país más justo. Ese es el mejor homenaje que les podemos dar".

Emoción
Quizá la parte más conmovedora del acto se produjo cuando la docente Marta Garelli, profesora de varios de los estudiantes recordados, entregó a los familiares y allegados presentes las copias de sus legajos universitarios, cedidos por la Dirección de Alumnos y Estudio de la UNS.
Cerrado de esta forma el acto protocolar, se abrió el espacio para las manifestaciones espontáneas de los concurrentes. Entre los muchos recuerdos personales que emanaron tras el homenaje, merece destacarse el aportado por Marta Garrido, compañera de Hugo Alberto Fuentes. Garrido cursó junto a Fuentes buena parte de la carrera de Letras, e incluso prepararon y rindieron juntos la última materia. "Trabajábamos todo el día y estudiábamos de ocho y media a dos de la mañana. Un día, vino desesperado a contarnos que Cora Pioli había desaparecido. Estudiábamos con pocas ganas, pero teníamos que terminar la carrera. Y a poco de rendir esa materia, él desapareció", narró.
A continuación, leyó un poema escrito por Fuentes. Estaba motivado en el cierre del Pensionado Católico que hasta 1975 funcionó en Zapiola 428, desalojo ocurrido porque "(las autoridades) tenían miedo de que fuera un 'semillero' subversivo".
"Lo único que me quedó de él (por Fuentes) fue su portafolios, y su cuaderno con las anotaciones de Española II. Fue nuestra última materia", recordó. Hugo Alfredo Fuentes no pudo recibir el título para cuyo ejercicio se había formado en la UNS de nuestra ciudad.

Palabra de artista
El artista plástico Jorge González Perrín conoce los pasillos que transitó en oportunidad de la presentación de sus obras. Estos cuadros, que es su deseo permanezcan en el lugar, retratan a estudiantes que fueron sus compañeros en su paso por las aulas de la carrera de Letras, entre 1971 y 1975. En ese año, González Perrín fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Por aquel entonces militante de la Juventud Universitaria Peronista, debió pasar largos meses en la prisión de Sierra Chica. Culminado el acto, el artista accedió a un diálogo con EcoDias.
Consultado respecto al clima imperante en la Universidad al momento de su ingreso al sistema, González Perrín resaltó la "euforia por lo que pasaba políticamente en el país" como un componente esencial para ilustrar la época. "Entramos a la Universidad con la convicción de que no podíamos hacer solamente beneficencia. Teníamos que cambiar el sistema", afirmó. Para ello, el hoy artista plástico era miembro del Comité de Gestión previsto para el cogobierno de la casa de estudios.
Para el pintor, un punto claro de inflexión lo marcó la asunción de Remus Tetu como interventor de la Universidad. "Yo estuve a metros de donde mataron a Watu, que estaba repartiendo volantes. Pasé, lo saludé y hablamos. Cuando llego a cincuenta metros, escucho un disparo. Estaba muerto. Ese es un punto de inflexión", reflexionó. Acerca de las cuestiones que lo motivaron a realizar las obras presentadas, el plástico atribuyó a "una necesidad personal" la creación de las mismas. Aunque añadió que "esa necesidad parece que se condice con la de cierto sector de la sociedad, que reivindica la relación entre arte y memoria".

En su Día
El 13 de septiembre se conmemoraba, además, el día de bibliotecarios y bibliotecarias. La fecha resultó oportuna para que la dirección y el personal de la Biblioteca "Arturo Marasso" participara de la organización del homenaje a los jóvenes asesinados y desaparecidos por la dictadura militar y las fuerzas parapoliciales que la precedieron.
La bibliotecaria Elena Bonora leyó poemas alusivos de Alicia Partnoy y Olga Vallasciani.
"No me hablen de las puertas del infierno, yo estuve allí", se escuchó en el acto de homenaje. Su autora es Alicia Partnoy, quien pasó por el centro clandestino de detención "La Escuelita".

Murió Adel Vilas

2010-07-24T16:11:00.002-03:00

Por Diego Martínez

Un adelantado del terrorismo de Estado, instaló en 1975 en Tucumán los primeros centros de tortura y exterminio del país.

En Bahía Blanca emplazó su segunda Escuelita, última escala de un centenar de desaparecidos.

A los fusilamientos en enfrentamientos fraguados, marca registrada del Ejército, agregó como toque de distinción de su prontuario el juicio por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur, siempre con la complicidad del diario La Nueva Provincia y el servicio del juez federal Guillermo Federico Madueño.

“¿Cómo decirle adiós a un soldado que hizo que los hombres, mujeres y niños de esta ciudad comenzaran a recobrar la paz y la seguridad que habían perdido? Nos estaban arrancando algo vital, uno de los ejemplos del país que queremos ganar para las futuras generaciones”, escribió Diana Julio de Massot luego de despedirlo en la dirección del diario.

En 1987 la Cámara Federal lo escuchó invocar “órdenes superiores” para justificar sus crímenes y le dictó la prisión preventiva rigurosa. Usaba entonces el uniforme que sus subordinados se quitaron para secuestrar y contaba con los “consejos técnico--profesionales” de Néstor Luis Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército y actual juez de la misma Cámara bahiense.

Pasó sus últimos años recluido en un departamento en Bulnes 2087, donde nunca se dignó a recibir a este cronista.

Los ingratos que se beneficiaron con sus trabajos sucios le dedicaron cuatro líneas a su muertey hasta escribieron mal su nombre. Así pagan.

Detienen a represor González Chipont

2010-05-12T09:36:00.002-03:00

Por D.M.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a un oficial del Ejército que estaba prófugo desde junio, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Se trata del teniente coronel Guillermo González Chipont, ex miembro del Departamento II de Inteligencia del Cuerpo V, donde fue segundo jefe de la "Agrupación Tropas", que se ocupaba de secuestrar y trasladar a las víctimas al centro clandestino La Escuelita. Salteño, de 68 años, González Chipont fue detenido en el barrio cerrado "Los bosquecitos de Brandsen". El militar supo ufanarse en 1980 por su actuación en "aniquilamientos de delincuentes subversivos" a los que identificó con nombre y apellido, y que en todos los casos fueron vistos en cautiverio antes de ser ejecutados en enfrentamientos fraguados.

Memoria Abierta en "La Escuelita"

2010-04-29T09:32:00.001-03:00

Semanario Ecodías

Se hizo presente en Bahía Blanca el equipo de la organización Memoria Abierta para realizar estudios arqueológicos sobre los restos de las instalaciones del ex centro clandestino de detención del V Cuerpo de Ejército.

Semanas atrás, cuando se cumplía un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, detallábamos cómo por primera vez el tradicional acto recordatorio y de pedido de justicia pudo hacerse en el interior del V Cuerpo de Ejército.
A muy pocos metros de donde se hizo el acto, se encuentran los restos demolidos de las instalaciones de lo que fuera "La Escuelita", ex centro clandestino de detención de Bahía Blanca que funcionó durante la dictadura y por el cual pasaron y fueron torturados cientos de secuestrados y secuestradas ilegalmente.
A ese logro de poder ingresar al predio, hoy se suma uno nuevo: el equipo técnico de la asociación Memoria Abierta visitó Bahía Blanca para realizar estudios arqueológicos en "La Escuelita".
Memoria Abierta, Acción Coordinada de Organizaciones argentinas de Derechos Humanos, es una organización que trabaja para aumentar el nivel de información y conciencia social sobre lo que fuera el terrorismo de Estado y para enriquecer la cultura democrática. Entre sus objetivos se encuentra el de lograr que todo registro de lo ocurrido durante la última dictadura militar y sus consecuencias sea accesible y sirva para la investigación y educación de las futuras generaciones.

Tareas
En una conferencia de prensa en la Unidad de Derechos Humanos fue el fiscal Abel Córdoba quien señaló que ya durante 2009 se había solicitado que se adopten medidas de no innovar y dar resguardo al sector para llevar a cabo las distintas pericias y estudios que finalmente se concretaron tras la llegada del equipo técnico: "La idea de ese planteo fue recabar los elementos de pruebas que todavía existen, y darle una dimensión que exceda lo judicial que tiene ese sitio en particular por los hechos que han ocurrido ahí, orientado a reflejar la dimensión social que esos hechos han tenido".
A la izquierda del fiscal se encontraba Gonzalo Conte, integrante del equipo de Memoria Abierta, quien explicó la inspección general que se realizaría en "La Escuelita" para determinar y comprobar las estructuras visibles que allí se encuentran: "Estructuras edilicias que han sufrido distintos procesos de demolición y también agentes naturales que han incidido en lo que queda de estas construcciones. La idea es hacer un diagnóstico, verificar si existen pericias posibles que nos acerquen a conectarnos con mayor información, que a su vez nos posibilite entender el funcionamiento de estos lugares".
El trabajo se realizaría de manera conjunto con un equipo local de arqueólogos y con el gabinete científico de la Policía Federal Argentina: "Se va a delimitar ese predio, amojonarlo para luego construir allí un cerco que delimite y lo proteja. El juzgado también ha dispuesto la señalización del sitio para que se indique el sentido de esta acción en el marco de un predio que ha sido cautelado, y que el juzgado cree que necesita esta experiencia técnica para posibilitar encontrar esa información que se está buscando".
Los próximos pasos a seguir, informó Conte, consisten en la realización de un informe que apuntará las próximas pericias a llevar a cabo para ser consideradas por el juzgado: "En mi caso conocía el predio por fuera, hemos visto algunas estructuras que todavía quedan, pocas pero quedan. El trabajo en sí justamente consiste en limpiar esas zonas, detectar la extensión que tienen estas edificaciones, compararlas y trabajar con los testimonios para saber si efectivamente estos han sido los lugares. Posteriormente, intentar realizar, si el juzgado así los dispusiera, el recorrido por estas estructuras por parte de los testigos que han pasado por allí que son los que a través de sus relatos le van a dar sentido a este trabajo técnico".
Por otro lado, Conte explicó que el trabajo so se remite únicamente a los escombros de "La Escuelita" sino también a otros elementos que se pudieran hallar: "Allí hay estructuras cercanas a estas localizaciones como aljibes, pozos negros, o instalaciones sanitarias. Además, hay una cantidad de actividades que se desarrollaron por fuera de estos recintos que también vamos a tratar de localizar para entender su desempeño en la trama, reconstruir y, más allá de lo que ya sabemos, recabar información que nos esclarezca y eche más luz".

Cerca del juicio
Para el fiscal Córdoba, los resultados de estos estudios tendrán vital importancia desde la perspectiva del próximo juicio oral a realizarse en Bahía Blanca.
El doctor Horacio Azzolin, presente en la conferencia, amplió conceptos sobre el tema: "Hubo todo un sistema para hacer desaparecer la información relativa a lo que sucedió durante el periodo de gobierno militar en Argentina. Esto se enmarca dentro de lo que pasó en todo el país, destrucción de libros, con falta de información. Esos problemas siguen hoy vigentes, como por ejemplo en la búsqueda de documentación de esa época. Lo que se trata de hacer, a través de otros medios que no sean los documentales, es tratar de reconstruir todos estos lugares. Lo que se intenta es buscar con todos los medios posibles -más con los medios que da la técnica hoy día- preservar la memoria de estos lugares e identificarlos como centros clandestinos de detención".
Acerca del juicio en sí, si bien no hay una fecha fijada, la Fiscalía está realizando estrategias procesales para desarrollar un juicio lo más abarcador posible, más allá de que va a haber tramos que van a quedar para un segundo juicio: "En este momento, el tribunal está integrado por el doctor Velázquez, que es miembro titular el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, por la doctora Torterola, que es una magistrada convocada, estaba jubilada y fue convocada para realizar el juicio, y por un juez de Neuquén que está en actividad y que viajaría para el juicio. Hay algún planteo sobre la integración del tribunal pero confiamos en que quede integrado de esta manera".
Acerca del lugar para desarrollar el juicio, teniendo en cuenta su magnitud, Azzolin habló de alternativas como instalar una pantalla gigante fuera de la sala o buscar lugares más amplios: "Sabemos que el tribunal está sabiamente buscando un lugar alternativo que sea un poco más grande y más cómodo para todos. Estamos confiados en que eso se puede conseguir. De hecho, la Fiscalía ha hecho una especie de búsqueda paralela y encontramos lugares adecuados para eso. No una sala de audiencias de un tribunal porque también sabemos que los tribunales no están preparados para este tipo de cosas. No es un problema de Bahía sino de todo el país, pero se puede hacer perfectamente: el tema es definirlo nada más".

Büsser, embarcado en delitos de lesa humanidad

2010-03-04T00:19:00.001-03:00

El almirante retirado Carlos Alberto Büsser, quien encabezó el desembarco en las Islas Malvinas, es uno de los procesados por haber comandado en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el juez Eduardo Tentoni excarceló a los acusados.

Por Diego Martínez

Diez oficiales retirados de la Armada y dos ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron procesados por la Justicia de Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías durante la última dictadura. La lista incluye a los contraalmirantes Carlos Alberto Büsser, famoso por encabezar el desembarco en las Islas Malvinas, y Manuel Jacinto García Tallada, ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales, que en estos días afronta su primer juicio por secuestros y torturas en la ESMA. Büsser fue secretario personal de Emilio Massera mientras se planificaba el último golpe de Estado y comandó en 1977 la Fuerza de Tareas 2 que actuó en la zona de Bahía Blanca.

El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni destacó que “las condiciones de vida en los centros clandestinos eran inhumanas”, consideró que “la crueldad de los maltratos, tormentos, torturas, vejaciones y violaciones” en los centros clandestinos de la Armada “escapan a cualquier intento de descripción”, pero excarceló a los marinos. “Si la medida se extendiera a imputados por cualquier delito podría pensarse que se instituyó una garantía procesal e implicaría un avance social. Mientras sea sólo para imputados por crímenes de lesa humanidad es un privilegio sumamente discriminatorio”, consideró el fiscal federal Abel Córdoba, quien reemplazó al frente de la investigación al ex fiscal general Hugo Cañón.

La causa por los crímenes de la Armada en Bahía Blanca se reabrió a fines de 2005. En febrero de 2007 se declaró competente Tentoni, que nueve meses después ordenó una inspección ocular en Puerto Belgrano y Baterías. En junio pasado ordenó los primeros procesamientos, que incluyeron a los prefectos Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que recomendó “ralear” del diario La Nueva Provincia a los obreros gráficos y delegados que habían enfrentado a la familia Massot en los años previos al golpe, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

El año pasado, por primera vez en tres décadas, un marino confirmó ante la Justicia la existencia de un centro clandestino en la base de Infantería de Marina Baterías, en la ciudad de Punta Alta. El vicealmirante Eduardo Fracassi precisó que funcionó en la sexta batería histórica, agregó que se habilitó “a los fines de trasladar detenidos de la base Puerto Belgrano, que había completado su capacidad de detención”, y que “estaba operado por personal que revistaba en Puerto Belgrano o en la Fuerza de Tareas 2”. Si bien era jefe de la base, Fracassi dijo ignorar detalles del funcionamiento del centro de torturas porque “dependía del comandante de Operaciones Navales”.

Tentoni recordó que ya en abril de 1975 un supuesto infiltrado fue torturado durante más de un mes por oficiales de la Armada en Puerto Belgrano. La víctima fue entonces el cabo principal Juan José Cozzi, que en 1984 identificó entre sus interrogadores a los marinos Juan Alberto Iglesia, Guillermo Martín Obiglio y Remo Omar Busson, entre otros. El juez se pregunta “si hubo algún cambio en el método contrainsurgente luego del golpe militar” y concluye que “la respuesta es obvia: no”.

El “operativo Rosario” no fue la única tarea de Büsser durante la dictadura. Hasta el 29 de marzo de 1976 fue secretario de Massera. Ese año prestó servicios en la Secretaría de Información Pública. En 1977 comandó la Fuerza de Tareas 2 que operó en el sur bonaerense. En 1979, según declaró ante el juez Baltasar Garzón el comandante español Alfonso Morato, Büsser junto con el teniente coronel Quezán lo secuestraron y torturaron durante ocho meses para que confesara ser un espía chileno. El marino era entonces director de Inteligencia Interior de la SIDE. En 1983, cuando las Fuerzas Armadas incineraron los archivos sobre sus crímenes, era jefe del Estado Mayor Conjunto. Durante su indagatoria admitió que comandó la FT2, dijo que se limitaron a “patrullar la zona para disuadir cualquier actividad terrorista” y que “no hubo detenciones en toda mi gestión”.

La lista de procesados incluye al contraalmirante Angel Lionel Martín, ex comandante de Aviación Naval, y seis capitanes de navío. Hugo Andrés José Mac Gaul fue jefe de Baterías en 1976. Hernán Lorenzo Payba comandó el batallón comando de la Brigada de Infantería de Baterías. Guillermo Félix Botto actuó en 1976 en la sección Inteligencia de la subjefatura Operaciones de Puerto Belgrano, cargo desde el que participó en el montaje en el que fue fusilada Susana Martinelli, vista en cautiverio en las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano. El aviador Domingo Ramón Negrete fue comandante de la Base Aeronaval Comandante Espora en 1976.

El capitán Alberto Gerardo Pazos, actual profesor en el Instituto Universitario Naval, actuó en 1977 en la sección de Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA). El juez consideró probado que adiestró “cinco unidades de la FAPA para la lucha antisubversiva” y por su cargo “participó en los interrogatorios y torturas” de varias víctimas vistas por última vez en Baterías, como Cora Pioli o Daniel Carrá, “y también en las decisiones que resolvieron su suerte”. El capitán Enrique De León, profesor de la Universidad del Salvador, fue jefe de Contrainteligencia del departamento operaciones de Baterías. Antes de ser declarado desertor, el conscripto desaparecido Horacio García Gastelú informó a su familia que estaba en una lista de “observados” e identificó en el seguimiento al “teniente De León”. También fueron procesados el capitán José Luis Ripa, el prefecto mayor Héctor Luis Selaya y el alcaide Leonardo Núñez, enlace entre los centros clandestinos y la cárcel de Villa Floresta.

Diez represores tras las rejas

2010-02-12T00:24:00.000-03:00

Con una serie de operativos simultáneos, la PSA capturó a una decena de suboficiales que actuaron en el centro clandestino de Bahía Blanca. Fueron trasladados a la cárcel de General Roca y hoy comienzan a declarar como imputados.

Por Diego Martínez

El fiscal Córdoba (parado, al centro) se encargó de la investigación.

Llegaron a Bahía Blanca desde regimientos de la Patagonia con la misión de custodiar La Escuelita, el centro clandestino del Cuerpo V de Ejército. Durante tres años dejaron de ser baqueanos en la Cordillera, pasaron a llamarse Abuelo, Perro, Pato, Zorro, Loro, Zorzal, entre otras especies, y se dedicaron a torturar a secuestrados vendados y encadenados. La mayoría se adaptó de buen gusto. Unos pocos se permitieron pequeños gestos de humanidad. Alguno se arriesgó a sacar una carta y un par de aros de una secuestrada embarazada para sus padres. “Nosotros también éramos esclavos”, aseguró uno de ellos tres años atrás. La buena nueva llegó el martes: luego de un tercio de siglo de impunidad, tras una investigación del fiscal federal Abel Córdoba y por orden del juez Alcindo Alvarez Canale, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a diez ex guardias de La Escuelita, que hoy comenzarán a declarar como imputados.

“Tal vez se apiaden de los abuelos y las familias de los chiquitos nacidos en cautiverio y tengan más dignidad que sus superiores, que siempre negaron la información”, se esperanzó Alicia Partnoy, sobreviviente y autora de La Escuelita. Relatos testimoniales, sobre las formas de resistencia y la convivencia con los represores en el centro de exterminio bahiense. “Si, como decían, lo que los llevó a ser mano derecha de torturadores y genocidas era el miedo a sus jefes, en un país donde todos teníamos miedo a esos asesinos, ¿qué les impide hablar ahora que sus superiores no están en el poder?”, se preguntó Partnoy, luego de recordar al guardia que sacó la carta de Graciela Izurieta, quien dio a luz en diciembre de 1976 en la maternidad clandestina del general Abel Teodoro Catuzzi, ya fallecido.

“Les cabe la misma caracterización que a todos los que fueron parte del genocidio: asesinos”, consideró Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH de Bahía Blanca y sobreviviente del centro de exterminio del general Adel Vilas, impune por insania y domiciliado en Bulnes 2087, 7º B, de la ciudad de Buenos Aires. “Si fuera posible alguna expectativa, desearía que cuenten lo que vieron y lo que saben, pero la verdad es que no espero nada de estos criminales perversos”, confesó Hidalgo, y lamentó la muerte de Hugo Marcial Verdún, alias Zorro, quien estuvo a punto de matarlo a golpes.

Los guardias provenían de regimientos de Las Lajas, Junín de los Andes, Convuco y Zapala, todos en jurisdicción del Cuerpo V, y no conocían la ciudad. La mayoría no había terminado la escuela primaria y eran guías de montaña. “Hombres sencillos”, resumió Vilas, que se acercaba a La Escuelita a presenciar interrogatorios y alguna vez almorzó con los guardias. La tarea principal era verificar que los secuestrados no hablaran, no se movieran, no espiaran por debajo de las vendas, y trasladarlos a la sala de torturas cada vez que el suboficial Santiago Cruciani o el coronel Antonio Losardo deseaban interrogarlos.

El horror del terrorismo de Estado no impidió gestos mínimos de humanidad: permitir a los secuestrados hablar en voz baja, informarles sobre los compañeros que habían sido trasladados, permitir un vistazo para ver al resto de los cautivos. “Para nosotros también fue una tortura. Teníamos prohibido hacer preguntas, hablar con los secuestrados, no éramos dueños de nada”, contó años atrás un ex guardia a Página/12. “Tampoco podíamos pedir que nos sacaran, debíamos tener una buena explicación, y estos tipos eran capaces de cualquier cosa. Nadie se animó”, agregó.

Seis de los detenidos, igual que Verdún, vivían en Junín o San Martín de los Andes: Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Marcelino Casanovas, Gabriel Cañicul (vendía productos regionales en una cabaña), el taxista Armando Barrera y el gasista José María Martínez. Felipe Ayala vivía en Bariloche. Arsenio Lavayén en Plottier, en las afueras de Neuquén. El teniente Fernando Antonio Videla fue detenido en Villa Dominico, cerca de La Plata. El guía turístico Bernardo Cabezón se aprestaba a salir de excursión desde su residencia en el lago Huechulafquen, en Neuquén. Las capturas simultáneas, a cargo de la Regional V de la PSA, se produjeron el martes. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de General Roca, donde quedaron incomunicados. Hoy comenzará a declarar Videla, ex jefe del grupo de guardias.

Un ex juez preso por encubridor

2009-11-13T00:27:00.000-03:00

Por Diego Martínez

Luego de tres meses de investigación y sin recompensas de por medio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo ayer a Guillermo Federico Madueño, que tenía pedido de captura desde abril por encubrir crímenes de lesa humanidad como juez federal de Bahía Blanca durante la dictadura. El ex magistrado integró hasta 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF-5) y es hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. De la investigación de la PSA surge que estaba escondido en un departamento en avenida San Juan 270, 3º “11”, alquilado por Hernán Horacio Rubio, un escribano mencionado el año pasado en una denuncia del Ministerio de Defensa contra militares y civiles por fraguar licitaciones para hacer negocios a costa del Estado. El prófugo mantenía estrecho contacto con Ana Delia Vargas González, una señora paraguaya de 45 años que hasta ayer servía mate y café en el TOF-5, el mismo tribunal que desde el jueves próximo juzgará a Astiz, Acosta & Cía.

Madueño fue entre 1975 y 1978 la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Acdel Vilas. De día rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. En 2001, como miembro del TOF-5, Madueño condenó al apropiador de Claudia Poblete. En 2004, Página/12 publicó su historia negra y el CELS pidió su juicio político. Renunció cuando el Consejo de la Magistratura comenzaba a investigarlo. En octubre de 2006, el fiscal federal Hugo Cañón pidió su detención, que el juez Alcindo Alvarez Canale ordenó recién el 20 de abril último. El 27 de julio, a casi dos años del pedido a la Policía Federal para que detuviera al prófugo más antiguo de la causa, coronel Aldo Mario Alvarez, el fiscal federal ad hoc, Abel Córdoba, requirió la intervención de la PSA y le encomendó también buscar a Madueño, símbolo de la inserción en instituciones democráticas de los cómplices civiles del terrorismo de Estado.

El viernes, la PSA informó al fiscal que el prófugo usaba una línea de teléfono de Rubio para comunicarse con familiares y con Vargas González, quien ese día viajó a Paraguay a visitar a su padre enfermo, de 84 años. Escribano y ordenanza hablaban de Madueño en clave. La mujer le informó que la policía vigilaba el edificio donde supo vivir el ex juez “porque el fiscal los tiene locos”, en referencia a Córdoba, que no en vano se formó junto al ex fiscal Hugo Cañón. Los investigadores también descubrieron que la empleada del TOF-5 “habría visitado o visto” al prófugo e informaron que el escribano Rubio le dijo a la dueña del departamento que el huésped era su primo y estaba enfermo.

El miércoles, la PSA confirmó la ubicación del escondite y solicitó al fiscal que gestionara la orden de allanamiento, que finalmente libró el juez federal Ariel Lijo. La detención se concretó a las cinco de la tarde e incluyó el secuestro de carpetas con documentos de su misión en Bahía Blanca. Madueño se manifestó sorprendido y, según los investigadores que lo vieron, goza de buena salud. Minutos después llegaron el escribano amigo y la novia, que ayer se reincorporó al TOF-5.

“Por su lugar en la estructura represiva y por la impunidad que creía tener hasta hace apenas cinco años, Madueño es uno de los símbolos del terrorismo de Estado en Bahía Blanca”, reflexionó el fiscal Córdoba. “Su contribución a la represión ilegal consistió en obstaculizar el acceso de las familias a la Justicia, tarea que aún hoy rinde frutos, ya que impidió que existieran líneas investigativas mientras se cometían torturas y asesinatos”, concluyó.

Por ofrecerle cobertura a un prófugo

2009-10-14T00:29:00.000-03:00

Por Diego Martínez
Ser cómplice de represores prófugos tiene sus riesgos. El empresario Héctor Lapeyrade fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. La lista de prófugos por secuestros y torturas durante la dictadura tiene 39 nombres, desde marinos de la ESMA hasta el ex juez Guillermo Madueño, miembro hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5 y hermano de Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal. El Estado ofrece cien mil pesos de recompensa para quien brinde información que permita capturarlos. Sus datos y fotos constan en el sitio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, www.jus.gov.ar, en la solapa “Personas buscadas”.
Corres está preso en Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, donde se apodaba “Laucha”, igual que quien manejaba la picana en la mesa de torturas de La Escuelita. Lapeyrade, de 80 años, es dueño de la petrolera Chañares Herrados, de bodegas Lapeyrade en Viedma y de campos en Mercedes. Era amigo íntimo del padre de Corres, ya fallecido, y según declaró, el represor le daba 4500 pesos por mes a cambio de “diligencias no específicas”. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino, en Uruguay 824.
El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” al descargo del empresario. Lo procesó pero lo dejó en libertad y decretó un embargo de diez mil pesos.
El rol de Lapeyrade se conoció tras la fuga de Corres de la delegación bahiense de la Policía Federal. Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade, declaró que lo visitó tres veces para entregarle sobre cerrados con dinero y provisiones “de parte del patrón”. También recibía plata de manos de su primo Oscar Corres, aunque según declaró eran fondos que le enviaba el empresario. Los ahorros le sirvieron para pagarse el taxi que lo trasladó desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata.

Aviones de la muerte

2009-09-06T11:53:00.001-03:00

DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.

PáginaI12

Por Diego Martínez

Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.

El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.

La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.

El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.

El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.

El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.

La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:

Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?

–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?

–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?

–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.

–¿Por qué había sangre?

–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.

Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.

El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.

“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.

“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.

Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.

Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.

El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.

dmartinez@pagina12.com.ar

TESTIMONIOS DE REPRESORES SOBRE EL METODO DE ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Fuimos todos

Policías, miembros del Ejército y de la Armada hablaron desde 1981 de la existencia de los vuelos de la muerte. En 1995 el ex marino Adolfo Scilingo se convirtió en el primer represor en confesar su participación.

Por Diego Martínez

El primer testimonio de un represor sobre los vuelos, en 1981, pertenece a Luis Alberto Martínez, suboficial de la Policía Federal, hoy prófugo por la Masacre de Fátima. Detenido en Suiza por secuestros extorsivos en la Argentina, El Japonés Martínez detalló ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre que, tras los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de Seguridad Federal recurrían a los vuelos.

“Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. Al llegar recibían una inyección, se les decía contra las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército. Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró. Apuntó que el método existió antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975-1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.

Ya en democracia, el cabo Raúl Vilariño se refirió a los “vuelos sin puerta” de la Armada. “Se hacían desde Ezeiza. Se colocaba el avión, se acercaba el camión, se subían los guerrilleros en estado de coma o idiotez y se salía al río. Eran largados desde el aire”, relató a la revista La Semana. “Se les daba una medicación que hacía que no se resistiesen. Los tomaban de a uno y los iban lanzando, sin vestimenta y sin nada que pudiera servir para identificarlos”, contó. Tras la aparición de cuerpos “en playas de Quilmes y Montevideo empezaron a tirarse más adentro, así los cadáveres molestos no volvían a aparecer”, explicó Vilariño, que calificó a la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros como una “cobertura” de quienes operaban en la ESMA.

En 1995 el ex capitán Adolfo Scilingo admitió ante el periodista Horacio Verbitsky su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque, en un Skyvan de Prefectura y en un Electra de la Armada. “La mayoría participó, era una especie de comunión.” “Era para comprometerlos.” “Venían rotando de todo el país. Alguno puede haberse salvado pero de forma anecdótica”, contó, y categorizó a los victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo, “invitados especiales” que daban “apoyo moral”, mecánicos, y hasta un cabo de Prefectura que entró en crisis cuando comprendió su misión.

En su declaración ante la Justicia en España y en entrevistas posteriores, Scilingo detalló que la orden para el primer vuelo se la dio el vicealmirante Adolfo Arduino, que murió impune. La columna desde la ESMA hasta Aeroparque la condujo el capitán Jorge Vildoza, prófugo eterno. Compartió el vuelo con el “teniente Vaca”, a quien identificó como el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que está libre, y con el capitán de navío Carlos Daviou, preso en Marcos Paz. Entre los tripulantes que permanecían en actividad, identificó al contraalmirante Basilio Pertiné, cuñado de Fernando de la Rúa, y al almirante Jorge Enrico, jefe del Estado Mayor Conjunto de Carlos Menem, que la semana pasada despidió desde un aviso fúnebre en La Nación a Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia. Entre los capellanes que sedaban las conciencias de los asesinos identificó a Luis Antonio Manceñido y Alberto Angel Zanchetta, sacerdotes en actividad de la Iglesia Católica, igual que el condenado Christian von Wernich.

También en 1995 dos guardias de Campo de Mayo admitieron que el Ejército recurrió al mismo método de desaparecer personas. El sargento Víctor Ibáñez confesó ante el periodista Fernando Almirón que “El Campito”, pegado a la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, “era el lugar ideal para ocultar idas y vueltas de los aviones: nadie podía ver nada, el perímetro estaba vigilado por Gendarmería”. Dijo que vio subir “hasta ochenta personas” en un vuelo. Mencionó los aviones Twin-Otter, Fokker F27, Hércules y Fiat. En el Hércules viajaban dos pilotos, un ingeniero de vuelo, dos mecánicos y el comisario de a bordo, dijo. Los suboficiales se encargaban de buscar a los prisioneros. Los llevaban en camión hasta la pista, les decían que iban a blanquearlos y, con la excusa de una vacuna, les inyectaban un somnífero. “En menos de un minuto estaban como muertos”, agregó. El “grupo de eliminación” del Ejército también era rotativo, relató.

El suboficial Pedro Caraballo, que ingresó a Gendarmería como trompetista y terminó como guardia del “Campito”, relató ante la Asociación de Abogados que los secuestrados “eran llevados sin cadenas, encapuchados, hasta el avión”. Según la declaración, “les aplicaban inyecciones y caían al suelo, no sabe si vivos o muertos. Le contaron que arriba de los aviones les abrían la panza para que se hundieran rápidamente”. Los vuelos eran “todos los viernes”. A fines de 1977, Caraballo chocó con un auto robado por el Ejército y tuvo la mala idea de declararlo en la comisaría. “Usted es un pelotudo y va a ser castigado”, le advirtió el comandante de Gendarmería Horacio Domato, hoy prófugo. Le dieron de baja luego de dos años preso.

El segundo relato conocido de un marino que admitió su participación es el del suboficial Juan Lorenzo Barrionuevo. Contó Jeringa que un día se cansó de inyectar Pentonaval y pidió volar. “Tenía miedo de no animarme a empujar a la gente al vacío, pero me animé. Me sentía Dios, estaba en mi mano la vida o la muerte. Podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores que causa el miedo”, le confesó a un guardia del hospital de Ushuaia. Barrionuevo murió el año pasado, en libertad, a los 54 años.

El método también se aplicó en Rosario. Eduardo Constanzo, personal civil del Destacamento de Inteligencia 121, contó el año pasado ante el periodista José Maggi, de Rosario/12, que meses antes del mundial de fútbol de 1978 los secuestrados del centro clandestino La Intermedia fueron ejecutados uno por uno. Según consta en el documento con el que se elevó la causa a juicio, amontonaron los cadáveres en una habitación de la quinta, propiedad de la familia Amelong, y los desnudaron. Luego se ordenó “tapar los balazos con pedazos de trapos, porque los pilotos del Hércules se habían quejado” (sic). Los envolvieron en frazadas y los cargaron en un camión Mercedes Benz 608 que partió hacia el aeropuerto de Fisherton. “Los tiraron a la bahía de Samborombón, se los comieron los tiburones”, resumió Constanzo.

Consecuente hasta el final

2009-08-27T12:17:00.002-03:00

Murió Diana Julio de Massot, la directora de La Nueva Provincia

Durante cincuenta y tres años manejó el diario que actuó de portavoz histórico de las sucesivas dictaduras. Anticomunista, antiperonista, católica ferviente, Diana Julio de Massot murió a los 80 años, víctima de cáncer.

PáginaI12
Por Diego Martínez
A sus 80 años, víctima de cáncer, libre e impune hasta el final, murió Diana Julio de Massot, directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca durante los últimos 53 años. Férrea militante antiperonista y anticomunista, portavoz histórica de la Armada Argentina y de los sectores integristas de la Iglesia Católica, respaldó todos los golpes de Estado del último medio siglo y minimizó hasta el último día los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Un mes antes de su muerte Canal 7 difundió, por primera vez en televisión abierta, la historia de los obreros gráficos y gremialistas Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y fusilados en 1976 luego de enfrentar durante años a la dirección de La Nueva Provincia, que dedicó veinte líneas a la noticia y nunca fue investigada por la Justicia. La necrológica oficial destaca que su vida y obra se caracterizó por “una cristiana discreción que hacía del anonimato su regla”.

Nieta de Enrique Julio, fundador del diario en 1898, Diana Julio nació en Bahía Blanca el 14 de diciembre de 1928. A los tres años quedó huérfana de madre. Fue criada por una tía y una abuela. Se recibió de bachiller, como pupila, en el colegio Santa Unión de Buenos Aires. A los veinte años se casó con Federico Ezequiel Massot, que iniciaba su carrera diplomática. Lo acompañó en sus primeros destinos, Manila y Sydney, y tuvieron tres hijos: Federico, Vicente y Alejandro. En enero de 1950, mientras vivían en Filipinas, el presidente Juan Domingo Perón clausuró La Nueva Provincia.

Cinco años después Massot participó como comando civil en el derrocamiento de Perón. El 17 de septiembre, tras el bombardeo en Plaza de Mayo, el autodenominado “Comando Naval Revolucionario” lo designó interventor del diario de su familia política. Los viejos anuarios del periódico consignan que Diana Julio asumió como directora en 1959. La necrológica de ayer sostiene que fue en 1956, luego de negarse a acompañar a Massot a la embajada de Londres. La figura paterna, que murió en 1970 luego de prestar servicios en Haití, Costa Rica, Honduras y Pakistán, se esfuma misteriosamente en las historias oficiales.

Diana Julio comenzó entonces una extensa carrera profesional, que la llevó a conformar uno de los primeros multimedios del país tras la adquisición de la radio LU2 y el Canal 9 de televisión. También impulsó la creación de la Asociación de Radiodifusoras Privadas (ARPA) y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Se perfeccionó en la Universidad de Columbia, que la distinguió con el premio María Moors Cabot, y tuvo un rol activo en la Sociedad Interamericana de Prensa.

Tras el golpe de Juan Carlos Onganía, la directora “reveló su mejor perfil combativo”, explica la crónica oficial, escrita en vida y con esmero. La Nueva Provincia se destacó “por su compromiso indeclinable con la defensa de las más profundas tradiciones nacionales y de los fundamentos de la cultura occidental”, agrega, al tiempo que “hizo causa común con la doctrina pontificia referida a cuestiones de fe y costumbres”. En nombre de la civilización occidental y cristiana, Diana Julio decidió que “no había, con los enemigos de la Nación, negociación posible”, y se especializó en criminalizar a las organizaciones políticas y a los sacerdotes tercermundistas para justificar luego su exterminio. Los propios archivos de la Policía Bonaerense la registraron como “una activa militante anticomunista” y destacaron su predisposición para difundir gacetillas de la Liga Anticomunista Mundial, dedicada a desenmascarar “dirigentes políticos y clérigos cómplices, ocultos o abiertos, de la subversión comunista”.

Dos meses después de la asunción de Héctor Cámpora, la directora invitó a “nuestros hombres de armas” a “reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y proceder sin contemplaciones ni concesiones”, línea que guió no sólo su prédica. En 1975 promovió una “agenda de saneamiento” en la Universidad del Sur, que inició el rumano Remus Tetu, escriba del diario y ex miembro del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y continuó en 1976 con un juicio por “infiltración ideológica marxista”.

El 24 de marzo tituló su editorial “Refundar la Patria”. Sostuvo que “Argentina es una nación occidental y cristiana” y enumeró como enemigos “al aparato subversivo, el ‘sacerdocio’ tercermundista, la corrupción sindical, los partidos políticos, la usura de la ‘derecha económica’ y la contracultura izquierdizante”. “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre, sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse la segunda república”, arengó con términos de capellán, y sugirió utilizar una “violencia ordenadora” que “no haga distinciones al emplear su fuerza limpia contra las banderías opuestas”. Durante el tercio de siglo posterior, coherente con su pedido, luchó por la impunidad de los genocidas.

Watu Cilleruelo. Parte I

2009-07-31T20:51:00.001-03:00

Watu Cilleruelo. Parte II

2009-07-31T20:49:00.000-03:00

Lo que se dice con lo que se calla 1-3

2009-07-31T10:04:00.002-03:00

Lo que se dice con lo que se calla 2-3

2009-07-31T10:02:00.001-03:00

Lo que se dice con lo que se calla 3-3

2009-07-31T10:00:00.001-03:00

Nuevo fiscal

2009-07-21T00:00:00.000-03:00

El doctor Abel Córdoba fue designado como fiscal subrogante a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. De esta manera, Córdoba, quien era secretario de la Unidad, reemplaza al fiscal Cañón en ese cargo y actuará en los juicios por terrorismo de Estado.

Ecodías
Las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca tienen nuevo fiscal a cargo. Se trata del doctor Abel Córdoba quien se venía desempeñando como secretario de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos
En diálogo con Ecodias, Córdoba explicó que fue el mismo Cañón quien, antes de retirarse, lo designó para actuar como fiscal subrogante: "Esta designación luego fue ratificada por el procurador general de la Nación, el doctor Esteban Righi, y ampliada para actuar ante la Cámara de Apelaciones en el mismo carácter de fiscal subrogante y ante el Tribunal Oral Federal en el marco de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos".
El cargo de fiscal federal subrogante faculta para actuar de forma conjunta o alternativa con fiscales de primera y segunda instancia en las causas por violaciones a los derechos humanos, así como también la actuación en los juicios que se esperan para los represores del terrorismo de Estado: "Hasta ahora era secretario de la Unidad y ahora paso a estar a cargo de la decisión de la actuación del Ministerio Público; en Instrucción en el ámbito de las causas Armada y Ejército, con las mismas causas ante la Cámara de Apelaciones y frente al tribunal oral con los casos elevados a juicio. Y en el juicio voy a actuar como fiscal".

Juicio histórico
Como informáramos en ediciones anteriores, se llevó a cabo la elevación a juicio de seis represores y se está esperando que se confirme la situación de otros tantos. Esta situación llevaría al esperado juicio oral por el cual se busca justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. De allí la importancia que tiene el juicio en nuestra ciudad: "Es un juicio histórico porque estas causas sobre hechos que ocurrieron a partir del '76 nunca pasaron de la etapa instructora. Aun en la etapa más avanzada que llegaron, que es con la Cámara antes de las leyes de impunidad, nunca pasaron a una instancia de juzgamiento. Esta es la etapa más avanzada y sería un juicio que no tiene precedentes ni por dimensiones ni por contenido. Desde los hechos hasta la gravedad de las conductas, ningún tribunal oral tuvo en sus manos el juzgamiento del terrorismo de Estado".
Más allá de lo que el juicio significa para Córdoba como profesional, prefiere rescatar el desafío que representan los juicios a los represores para el equipo de trabajo: "Es un desafío necesariamente colectivo. La Unidad de Asistencia local actúa coordinada por una nacional que tiene actuación en todos los juicios, los que se realizaron en La Plata y en Buenos Aires por ejemplo, no es un trabajo aislado sino institucional coordinado. Me toca encabezarlo pero dentro de una política institucional del Ministerio Público".
A pesar de la renuncia de Cañón como cabeza de grupo en la unidad, se informó que los integrantes de ésta siguen siendo los mismos que vienen trabajando en las causas desde 2006.

Causas y juicios
Respecto a las últimas novedades que surgieron de las causas, el fiscal Córdoba informó que hubo un pedido del Ministerio Público para que se inicie la elevación a juicio oral de cinco nuevos procesados. Todos ellos tienen procesamiento confirmado por la Cámara y se busca acoplarlos al grupo de seis que ya está elevado: "En principio el pedido es por cinco: Corres, Tauber, Selaya, Miraglia y Núñez, La resolución del juez federal Álvarez Canale fue por Núñez, Selaya y Miraglia, Lo de Corrres lo dejó pendiente porque no estaba notificado en la resolución de Cámara; y respecto a Tauber hay una indagatoria pendiente por lo cual se consideró que había que postergarlo hasta que ocurra esa indagatoria".
Respecto a la realización del histórico juicio en sí, el fiscal aclaró que no se puede hablar de una fecha precisa más allá de que ya está radicado en el tribunal y de que se espera que para 2010 tenga su inicio: "Lo que resulta incierto es el plazo, la radicación en el tribunal oral ya se hizo pero el plazo es incierto. No se puede pronosticar un plazo de realización de audiencias, declaraciones y demás, lo cierto es que llegó a la etapa de juicio. Hoy hay seis en condiciones de ser juzgados y cinco que están en el proceso para elevar a juicio. De hacerse esta etapa de manera rápida podría haber once y la pretensión nuestra es que sea lo más abarcativo posible para no tener que reiterar la producción de pruebas, de testigos, documentos o la revictimización de los sobrevivientes que deberían declarar".

La Nueva Provincia en Historia Presente, Canal 7. Parte I

2009-07-14T10:30:00.000-03:00

La Nueva Provincia en Historia Presente, Canal 7. Parte II

2009-07-14T10:25:00.000-03:00

Patti tiene otro amigo tras las rejas

2009-07-07T00:00:00.001-03:00

INTERPOL DETUVO AL REPRESOR JORGE GRANADA, EX MIEMBRO DEL BATALLON DE INTELIGENCIA 601

A Granada lo detuvieron por la causa en la que se investiga su rol como superior del único interrogador identificado del centro clandestino La Escuelita. Patti lo encubrió años atrás, cuando estaba prófugo de la Justicia.

PáginaI12
Por Diego Martínez
El domingo 28 de junio, pese a la derrota kirchnerista, fue un pésimo día para Luis Patti. No sólo porque la boleta con su apellido no estaba en el cuarto oscuro del penal de Marcos Paz. Poco después de las dos de la tarde, en Ingeniero Maschwitz, Interpol detuvo al teniente coronel retirado Jorge Horacio Granada, el amigo al que encubrió durante su primera etapa como prófugo de la justicia. Granada salió ileso en la causa que investiga su rol como miembro del Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro y la desaparición de militantes montoneros en 1979, pero es altamente improbable que corra la misma suerte en Bahía Blanca, donde era superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado del centro clandestino del Cuerpo V de Ejército.

Hijo mayor de un militar homónimo, Granada llegó a Bahía Blanca en diciembre de 1974, con el grado de teniente primero, destinado al Destacamento de Inteligencia 181, que durante el año siguiente reemplazó gradualmente a los matones de la Triple A con la misma bandera anticomunista pero con métodos más sofisticados. En diciembre de 1975 fue secuestrado y torturado hasta la muerte Daniel Bombara, el primer desaparecido de la ciudad. Después del golpe de Estado, el Destacamento 181 nutrió de interrogadores al centro clandestino La Escuelita. Allí se procesaba también la información obtenida en la mesa de torturas y se revelaban las fotos de los secuestrados. Durante los dos años más sangrientos de la última dictadura Granada actuó como superior inmediato del suboficial Santiago Cruciani, el único interrogador identificado de La Escuelita, que funcionaba detrás del Cuerpo V. A fines de 1977, ya con el grado de capitán, fue trasladado al Destacamento de Inteligencia de Campo de Mayo, donde funcionaba el mayor centro clandestino del Ejército.

El amigo de Patti fue detenido por primera vez en 1985, por decreto del presidente Raúl Alfonsín, acusado de conspirar contra el orden constitucional junto a una docena de militares encabezados por Ramón Camps y Carlos Suárez Mason. Volvió a caer el 25 de julio de 2003, mientras caminaba por plaza San Martín. Llevaba un año prófugo por su actuación en el secuestro de un grupo de montoneros que ingresaron al país en el marco de la "contraofensiva" para resistir a la dictadura militar. En diciembre de 2003 la Sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, que había dictado el juez federal Claudio Bonadío, pero poco después fue excarcelado.

Patti reconoció al ser indagado que eran amigos "desde hace veinte años" y que le hizo llegar dinero durante 2002, cuando era intendente de Escobar, pero aseguró ignorar que estuviera prófugo. Una conversación grabada por orden del juez Claudio Bonadío demostró lo contrario. "Se me está acortando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento", le confió Granada, que no iba a cobrar la pensión como retirado por temor a ser detenido. El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso dilatorio de Patti, que en los próximos meses, tal vez cuando concluya el juicio que afrontará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, será juzgado por encubrir a Granada y al coronel Jorge Luis Arias Duval, condenado a un cuarto de siglo de prisión a fines de 2007.

La última orden de detención de Granada la libró la justicia federal de Bahía Blanca el 10 de noviembre pasado. Tal como informó PáginaI12, en lugar de declarar el secreto de sumario para garantizar las capturas, el juez federal Alcindo Alvarez Canale comunicó la decisión, que incluía a otros cuatro represores, al defensor oficial y al jefe de la cárcel de Villa Floresta. Las detenciones se produjeron meses después. Granada fue el último de la tanda. Según el escueto informe de Interpol que recibió el juzgado, el militar de 63 años fue detenido en la vía pública de Ingeniero Maschwitz, en calle Almafuerte entre Beltrán y Los Cedros, donde residiría su esposa. La causa bahiense tiene ahora dos prófugos: el coronel Aldo Mario Alvarez, que le cedió a su yerno acciones y cargos en la Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL, y el ex juez federal Guillermo Federico Madueño, miembro de la honorable familia judicial hasta 2004, cuando renunció a su cargo en el Tribunal Oral Federal 5 para evitar ser sometido a juicio político por su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

Detenidos

2009-06-29T00:00:00.000-03:00

PáginaI12

En 1977, como miembro de un grupo de tareas del Cuerpo V de Ejército, fue premiado “por su arrojo y mérito en combate contra la delincuencia subversiva” en Bahía Blanca. En los ’90 recorrió el mundo como custodio de Carlos Menem. Ayer, al salir del cuarto oscuro, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le informó que quedaba detenido. El coronel Carlos Alberto Arroyo no fue el único represor capturado voto en mano. A pedido del fiscal federal ad hoc Abel Córdoba, avalado por el juez Alcindo Alvarez Canale, la PSA detuvo también al coronel Miguel Antonio Villegas, al capitán Enrique Sommaruga y al teniente coronel Rodolfo Tomás Bruno. Villegas cumplió 70 años en septiembre, no tenía obligación de votar.